Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) son una herida que supura para las víctimas y sobrevivientes de agresiones machistas. Son el recurso con el que la Administración trata de “resolver”, entre otros, los numerosos casos en que, pese a existir violencia machista, la justicia no retira el régimen de visitas a los maltratadores. Una especie de solución intermedia que en realidad puede poner a disposición de los agresores machistas una nueva herramienta para el maltrato y el control de sus víctimas. 

La Administración se escuda en la necesidad de hacer cumplir los mandatos judiciales que otorgan visitas bajo supervisión profesional a los agresores, mientras se evita afrontar la necesidad urgente de limitar con claridad estos regímenes de visitas en caso de violencia de género. La legislación actual lo posibilita pero una judicatura sin perspectiva de género lo está frenando.

Estos centros, donde menores y familiares se encuentran bajo supervisión profesional, “no deberían utilizarse para casos de violencia machista”, considera Teresa Ballester, portavoz de la asociación Somos Más, de mujeres sobrevivientes a la violencia machista de Zaragoza. Los puntos de encuentro  “están siendo útiles a los agresores para seguir ejerciendo la violencia contra las mujeres”, afirma también Nerea Martínez, desde Alanna, organización valenciana de sobrevivientes, y confirma Ballester. Lo que “estamos viendo en el día a día es el uso de menores por parte de los agresores para seguir controlando a las mujeres y para hacerles más daño”, asegura Martínez. No son voces aisladas. Es una de las principales quejas de la Sindicatura de Greuges, la defensoría del pueblo valenciana, y objeto de queja en el  Informe especial del Justicia de Aragón de 2019 sobre Puntos de Encuentro, en el que critica, entre otras consideraciones, que en ellos “no se tiene en cuenta que los niños y niñas son también víctimas de violencia y, en ocasiones, se les está obligando a relacionarse con su victimario”.

En el IV Encuentro estatal de asociaciones de mujeres sobrevivientes de la violencia machista, celebrado en Zaragoza en noviembre de 2019, sin difusión por motivos de seguridad, una de las conclusiones apunta a que “los puntos de encuentro no serían necesarios si se cumpliera la ley y no se dieran visitas a maltratadores condenados”. En el texto, no obstante, señalan que  “de mantenerse, debería haber puntos de encuentro específicos para casos de violencia de género, con sistemas de audio y vídeo en los mismos para grabar las sesiones”.

En el mismo sentido reivindica Herminia Royo, de la Federación de Mujeres Separadas y divorciadas, que “las entrevistas con los menores en los PEF deberían grabarse” para que las mediaciones desautorizadas o las situaciones de intimidación, de producirse, puedan ser documentadas. Esta abogada especializada en violencia señala que ha defendido un caso en que, en un PEF, “la menor y su madre han sido amenazadas con castigos en caso de que la menor no accediera a irse con su padre”. 

Los Puntos de Encuentro Familiar se crearon para atender situaciones familiares difíciles como divorcios o conflictos familiares sin violencia de género, en los que se puede aconsejar una mediación entre las partes, pero no para casos de violencia machista, en los que la mediación está totalmente desaconsejada tanto profesional como legalmente. Sin embargo, estos puntos se están utilizando también en casos de violencia machista sin distinguir necesariamente entre unos y otros –como recogen también la conclusiones de la sindicatura de agravios valenciana y organizaciones de mujeres sobrevivientes–. En estos centros se están realizando mediaciones, especialmente entre menores y agresores, algo que resulta traumático, pone en riesgo a niños y niñas y es una tortura para las mujeres”, explica Ballester. 

El origen de este problema radica especialmente en el sistema judicial. Pese a que la ley permite a los tribunales la retirada de la custodia y del régimen de visitas a los agresores, el margen de decisión de la judicatura es muy amplio y persiste una interpretación patriarcal que desautoriza el testimonio de las mujeres, desoye la voz de niños y niñas, protege los derechos de los progenitores varones y conduce a que, en la práctica, los agresores sigan disfrutando mayormente de régimen de visitas con sus hijos e hijas, un régimen que habitualmente deriva a víctimas menores y agresores a encontrarse en estos centros PEF por resolución judicial. Otra de las reivindicaciones del IV Encuentro estatal de asociaciones de mujeres sobrevivientes va en esta dirección: “Que las leyes se cumplan, que no queden a la interpretación de un juez, que no se den visitas ni custodias, tampoco compartidas, a un maltratador. Un maltratador no es un buen padre”.

El Defensor del Pueblo reiteraba hace apenas una semana su recomendación sobre la retirada de las visitas si existe una orden de alejamiento con respecto a la madre de los y las menores y alertaba de que “no existe una obligación homogénea en todas las comunidades autónomas para que estos centros alerten a las autoridades competentes de los riesgos que detectan cuando atienden a las familias”.

Los PEF están gestionados mayormente por las comunidades autónomas pero también los hay a cargo de ayuntamientos y mancomunidades. La Conselleria de Igualdad valenciana, preguntada por las numerosas quejas recogidas por la sindicatura de agravios de esta comunidad autónoma sobre los PEF, indica que “se decidió en la pasada legislatura trabajar en un nuevo modelo de puntos de encuentro” pero atribuye la demora en su puesta en marcha a “los recortes y las restricciones de contratación impuestos desde el Gobierno central, junto a la falta de financiación que sufre la Comunitat Valenciana” y justifica su funcionamiento en la necesidad de dar cumplimiento a resoluciones judiciales. De momento prescindir de ellos no parece ser una opción.

En España, en 2018, solo el 0,4% de las medidas de protección frente a la violencia machista implicó la suspensión de la patria potestad, el 2,9% la suspensión del régimen de visitas y el 4.4% la suspensión de la guarda y custodia, según el Informe Anual del Consejo General del Poder Judicial. Para las 166.961 denuncias por violencia de género de aquel año, se dictaron tan solo 835 suspensiones del régimen de visitas y 1.301 suspensiones de la guarda y custodia de los hijos e hijas.

“Pocas veces se retira la patria potestad a un agresor de género y consideramos que tendrían que retirarla de oficio”, denuncia Teresa Ballester. “Tenemos casos como el de un padre condenado por violencia de género y con procedimiento abierto de lesiones y presunto abuso sexual a su hija que ha gozado durante meses de régimen de visitas semanal en el punto de encuentro, al menos hasta enero de 2020 en que está previsto el juicio”, explica. El Consejo estatal de mujeres resilientes de la violencia machista, creado en 2019, está recopilando y documentando los numerosos casos que detectan en este sentido para insistir en su denuncia.

“Sería necesario que en todos los procedimientos judiciales penales se adoptase, entre otras medidas, en relación con los menores, la de moderar el ejercicio de la patria potestad a los maltratadores, entre otras razones para que las madres puedan tomar decisiones como el cambio de centro escolar o de centro médico, por ejemplo, sin la contrariedad de que el otro progenitor quiera entorpecer y torpedear la recuperación tanto de la madre como de los menores”, señala la jurista experta en violencia de género y en atención a las víctimas, Pilar Gil Cabedo. La imposibilidad de realizar, por ejemplo, un cambio de centro educativo para los hijos e hijas, impide a las mujeres amenazadas cambiar de domicilio para alejarse de su agresor.

Pasos como la modificación del Código Penal para establecer como obligación la retirada de la custodia y del régimen de visitas a maltratadores, como recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, siguen pendientes. No obstante, el problema no siempre es la falta de legislación, sino el sesgo patriarcal en la práctica jurídica. Ocurre en relación con la custodia y el régimen de visitas y también ocurre en la aplicación del Síndrome falso y desautorizado de Alienación Parental –SAP–, así como en lo que se refiere a la prohibición de la mediación entre víctimas y agresores, usada pese a estar vedada por ley.

La mediación entre víctimas y agresores está prohibida pero se practica, especialmente con menores

En el artículo 44.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se señala expresamente que en casos de violencia machista “está vedada la mediación –entre víctimas y agresores–”. Algunas de las razones para la prohibición son el hecho de que exigiría encuentros entre la víctima y el agresor, podría poner en peligro la integridad de la víctima y conllevar una victimización secundaria de la mujer. Sería difícil que en una situación de violencia machista en la que existe un desequilibrio entre las partes, una relación desigual y de poder, de intento de dominación y anulación de la víctima, ésta pueda participar en condiciones de igualdad, voluntaria y libremente, sin que medie sometimiento o temor, además de exponerla a que su agresor pueda hacer uso de la información o de las propias sesiones de mediación para continuar el ejercicio de la violencia contra ella.

Es el caso de las madres que se ven obligadas a desplazarse para  acudir periódicamente con sus hijos a puntos de encuentro para citas a las que el agresor puede faltar durante meses sin que se produzca una retirada del régimen de visitas por incomparecencia. Citas que facilitan al agresor la localización de su víctima. Por esta razón las organizaciones de mujeres sobrevivientes reclaman como mínimo que los PEF se ubiquen en localizaciones céntricas, concurridas y bien iluminadas. 

“Si está prohibido ejercer la mediación entre víctimas y agresores y desde la aplicación de la LO 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, los menores que viven en entornos de violencia de género están reconocidos legalmente también como víctimas directas, ¿por qué se obliga a niños y niñas a encontrarse con el agresor, o incluso a convivir con ellos por el régimen de visitas?”, se pregunta Ballester. El sistema judicial “antepone el derecho de los progenitores agresores sobre el de los y las menores, poniéndolos en riesgo”, señala la abogada y portavoz de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Herminia Royo. 

Diferentes organizaciones de sobrevivientes denuncian que en determinados servicios de atención psicosocial se está exigiendo también a las mujeres que participen de la mediación con sus agresores. Los niños y niñas deben ser atendidos por profesionales especializadas que sean conscientes de la ilegalidad y los perjuicios de la mediación en violencia de género, y que no esperen ni exijan, como denuncian Alanna, la Federación de Mujeres separadas y divorciadas y ‘Somos más’, que las mujeres víctimas de violencia de género “colaboren” (sic) con los agresores en objetivos asignados a los PEF para otro tipo de conflictos familiares sin violencia, como la normalización de las relaciones de menores con sus progenitores. “No se debe esperar de las madres ningún tipo de colaboración hacia el agresor, no cabe en las intervenciones sociales y terapéuticas, porque la relación va a estar regida por la coerción que va a estar ejerciendo ese hombre sobre la mujer. Ellas además tienen miedo, quieren que no perjudique a los hijos y los niños lo mismo”, dice Nerea Martínez, psicóloga de Alanna.

Resulta contradictorio que de un lado se reconozca a los menores como víctimas directas de la violencia de género, se dicte legalmente que la mediación entre víctimas y victimarios “está vedada” y en cambio no solo se ejerza la mediación en los puntos de encuentro sino que en sus conclusiones el propio informe del Justicia de Aragón reconoce como labor de los PEFalcanzar la normalización de las relaciones entre los progenitores y sus descendientes” sin apuntar los casos de violencia de género como una excepción a esta norma.

Las organizaciones consultadas denuncian haber tenido acceso a través de los procedimientos judiciales a “informes de los puntos de encuentro en los que se indica expresamente, por ejemplo, que las mujeres víctimas no colaboran”, señala Teresa Ballester. Esto quiere decir que, al menos en los centros que los han emitido, se espera de las mujeres víctimas colaboración hacia el agresor y por tanto se está desarrollando un intento de mediación que vulnera la legislación. Tanto Somos Más como Alanna han denunciado de forma reiterada este tipo de casos ante el Justicia de Aragón y la Sindicatura de Greuges valenciana.

Más allá del tipo de intervención que se realice en los Puntos de Encuentro, el concepto mismo del ‘encuentro’ de un niño o niña con el agresor con la intención de que se favorezcan relaciones positivas –dictadas incluso aunque el menor acuda en contra de su voluntad y así lo manifieste– ya es una mediación. Una práctica teóricamente desautorizada cuando se trata de personas adultas inmersas en una situación de violencia de género y que, sin embargo, se mantiene cuando se trata de menores, bajo la justificación del derecho paternal o del derecho de menores a mantener relación con sus progenitores. Las organizaciones de atención a las víctimas denuncian que estas prácticas son demoledoras para los niños y niñas y un calvario para las madres que han de entregar sus hijos a su agresor pese a temer por su integridad o incluso por sus vidas, como lamentablemente conocemos ejemplos, en cumplimiento de las medidas judiciales.

Es momento, afirma Ballester “de buscar otras fórmulas de protección porque las que hay no son efectivas. Como ocurre con las órdenes de alejamiento, insuficientes, porque son por tiempo limitado, su cumplimiento depende de la voluntad de un agresor y se denuncian quebrantamientos y en muchas ocasiones se archivan o no se hace nada. Por otra parte, señala Pilar Gil Cabedo, “la intervención de los equipos psicosociales de familia en los juzgados tienen enormes carencias relacionadas con la necesaria perspectiva de género. Tienen que evaluar tanto a los progenitores como a los menores, con informes que en los juzgados tienen un enorme peso y que pueden determinar decisiones judiciales nefastas tanto para las madres como para los menores”.

El propio Defensor del Pueblo ha reiterado una vez más, hace apenas unos días, la necesidad de “una mayor y mejor formación en violencia de género y tratamiento de las víctimas para todos los empleados públicos que atienden a las mujeres”. Y ha pedido a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género que promueva la elaboración de un plan común de formación en materia de violencia de género y tratamiento de las víctimas para todos los funcionarios y personal dependiente de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales que atienden a las víctimas”.

Este es el tercer artículo de una serie dedicada a contar en profundidad la situación de los y las menores en entornos de violencia machista. Puedes leer los dos primeros aquí:

Menores: cuando el sistema también es un agresor machista

La convivencia diaria de menores con la violencia machista