Texto: Isabel Muntané
Fotografías: Elvira Megías

Nos encontramos con Gemma y con Juan en la plaza del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. Llegan puntuales a la cita, se nos acercan con decisión, con una sonrisa en los labios y nos saludan afablemente. Así será toda la entrevista con la hija y el hijo de Gemma, asesinada el 28 de agosto de 2014, cuando tenía 45 años, en esta ciudad del área metropolitana de Barcelona presuntamente por su marido*, Fabián Ruiz, de 49. Saben que el encuentro no será agradable. No habían querido hablar nunca con ningún medio de comunicación: “Estamos muy escarmentados de la información que se dio en su momento, sin ningún respeto por nuestra madre ni por nosotros”, comenta Juan.

Este mal recuerdo se acentúa cuando hablan de la Administración de Justicia. “La peor experiencia de todo lo sucedido fue cómo nos trataron en el juzgado especializado en violencia de género de L’Hospitalet de Llobregat”, afirma con rotundidad Gemma. Juan asiente y explica cómo les costó que el juzgado les entregara toda la documentación del caso que necesitaban para poder llevar a cabo los trámites con aseguradoras, entidades bancarias, Hacienda…

Los atestados acostumbran a entregarse a la familia antes de una semana después de ser solicitados. Con Gemma, aunque ya se había archivado el caso provisionalmente y según el relato de la hija y el hijo, el juzgado no facilitó el acceso a la información alegando que “era excepcional y grave”. Siete meses después y con la intervención de uno de los trabajadores de la Oficina de Atención a la Víctima (OAV) pudieron acceder a la documentación.

Todas las peticiones realizadas tanto por teléfono como por email para contrastar y analizar el caso con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y tener acceso al expediente no han obtenido respuesta.

Esa supuesta excepcionalidad no ha sabido ser explicada por ninguna de las fuentes consultadas, abogadas penalistas y trabajadores de la OAV si no es que “hubiera circunstancias que no querían que salieran a la luz”, explica Rubèn Sánchez, psicólogo especializado en víctimas de violencia machista, quien prefiere no profundizar más: “Sería especular con una acusación muy grave y no tenemos pruebas, aunque por mi experiencia puedo afirmar que lo que pasó con el asesinato de Gemma no es habitual ni normal”. 

En agosto de 2014, Fabián Ruiz estaba ingresado en un centro de atención de enfermedades mentales. El día previo al asesinato salió. Cuentan Gemma y Juan que pasó horas deambulando por la ciudad hasta llegar a la casa familiar. Por la mañana despidió a su hija antes de que ella se fuera a trabajar. Cuando Gemma regresó, encontró a su madre muerta con signos de violencia y a su padre colgado del balcón. Se había suicidado después de asesinar presuntamente a su esposa. 

La violencia institucional 

En el momento del feminicidio, la hija tenía 21 años y el hijo, 24. Eran mayores de edad y, a pesar de que se solicitaron las ayudas para víctimas de violencia de género que preveía la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, no les fueron concedidas. “Tampoco nadie nos informó del marco legal al que nos podíamos acoger”, lamenta Gemma cuando recuerda cómo, de golpe, se convirtieron en personas adultas y sin una red familiar que los ayudara.

A esta situación de desamparo se sumó el hecho de que desde el juzgado de violencia de género de L’Hospitalet, según la hija y el hijo, se les considerara testigos y no víctimas porque no se personaron como acusación particular. Este supuesto trato, para la abogada penalista Júlia Humet, es “incomprensible, porque eran los herederos y las personas que podían defender los intereses de la mujer asesinada”. 

Gemma asegura que tuvo que declarar ante la jueza titular. “A nivel procedimental, se puede establecer una dispensa por el hecho de ser familiar directa de la persona investigada”, explica la abogada Humet, que alude a los casos en los que la violencia institucional puede ejercerse desde una justicia patriarcal que no pone en el centro a las víctimas de violencia machista. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tampoco ha respondido a la solicitud realizada para entrevistar a la jueza.

Aún hoy, Gemma recuerda con dolor y rabia este episodio: “Me hizo revivir todo cuando no hacía falta, porque yo ya había declarado en la comisaría de los Mossos d’Esquadra. Las mayores injusticias que vivimos fueron de las instituciones que, en teoría, nos tenían que ayudar”. Y eso, añade Juan, los llevó a sentirse culpables.

Son emociones que corrobora Rubèn Sánchez, el psicólogo que los atendió en la OAV: “Llegaron destrozados”. “Las primeras sesiones de terapia se centraron en el sentimiento de impotencia y de incomprensión que sentían debido a cómo eran tratados por las instituciones, especialmente por el juzgado, donde Gemma se sintió manipulada”, explica Sánchez. Una situación que este psicólogo, que ha trabajado 17 años en la OAV, afirma que “suele ocurrir porque el sistema judicial no es restaurativo, es un gran poder del patriarcado y utiliza a la víctima como prueba”.

 “Con nosotros nunca tuvo ninguna actitud violenta” 

“Cuando la violencia de género no se ejerce de forma explícita, con expresión de violencia física, es más difícil, y a veces imposible, identificarla”, explica Bea Masià, terapeuta especializada en atención a mujeres víctimas de violencia machista de la cooperativa Tamaia Viure Sense Violència. En estos casos, cuando la violencia viene expresada a causa “de la perpetuación de unos roles y estereotipos de género que generan desigualdad, sumisión y dependencia, ya sea económica o psicológica, la situación se normaliza”, añade Masià.

Este era el caso de Fabián y Gemma porque, según sus Gemma y Juan, en la pareja no había abusos ni malos tratos explícitos. Sobre esto, son contundentes: “En casa no había violencia”. Juan añade convencido: “Si en algún momento yo hubiera visto peligro lo hubiera sacado de casa. No imaginábamos que podía ser tan peligroso”. Es una respuesta lógica a la situación que vivían, en la que, como cuenta Masià, “es muy difícil asumir o admitir que había violencia de género cuando ni la hija ni el hijo habían sido víctimas directas de esta violencia, ni testigos de violencia física contra la madre”. De hecho, supuestamente Gemma no había recibido violencia explícita ni malos tratos físicos: “Mi madre nunca me dijo que tuviera miedo de él”, asegura Juan.

Pero lo cierto es que Fabián se había mostrado violento en otras ocasiones, “siempre de puertas para fuera”, insiste su hijo. Aquel día el comportamiento de ambos no despertó sospechas. Fabián despidió con un “te quiero” a su hija Gemma.  Y Juan habló con los dos por teléfono a las 7 de la mañana. “Nada fuera de lo normal”, cuenta. A las 10.30 ocurría el feminicidio y posterior suicidio.

Juan aún no encuentra explicación a los hechos y cuando busca una justificación lo atribuye a la enfermedad mental de su padre: “Aquel día, él no sabía lo que hacía y cuando vio lo que había hecho se quitó de en medio”. Es habitual establecer una relación de causa y efecto entre diagnósticos médicos de enfermedades mentales y violencia. Sin embargo, como subraya Bea Masià, no hay que olvidar que “hay muchas personas enfermas mentales que no ejercen violencia”. En muchos casos de violencia de género, el argumento de las enfermedades mentales se utiliza para desculpabilizar al padre, especialmente cuando “la muerte de ambos deja a los hijos en un estado de desprotección emocional y sin vínculos afectivos donde poder refugiarse”, prosigue Masià.

Seis años después, Gemma y Juan hacen un tándem envidiable, han tejido su red y explican cómo, gracias a la terapia, cada uno ha activado mecanismos para sobrevivir. “He conseguido guardarlo en un cajón para evitar que esté presente todo el rato y no marque mi vida”, dice Juan. Gemma, que fue quien encontró los cuerpos, asegura que a pesar de que nunca lo olvidará y que siente un lastre muy grande, hay momentos en que es feliz. 

Poco más de un mes después, otra mujer fue asesinada en el mismo municipio, cuya historia estamos documentando en estos momentos.

*Dado que Fabián se suicidó, la causa se archivó y no hubo juicio ni sentencia que lo declarase culpable de homicidio o asesinato, como ocurre en todos los casos en los que el presunto agresor se quita la vida. Por ello, legalmente tenemos que referirnos a ellos como ‘presuntos autores del crimen’.

Violencias previas

Gemma nunca acudió a pedir ayuda a los servicios de atención a la mujer de su localidad. A pesar de eso, era una relación asimétrica, de dependencia y sumisión. Una relación que respondía a los estereotipos sexistas de una sociedad patriarcal donde ella tenía asumido “el rol de cuidadora universal, que tenía que aguantar la situación porque era lo que le había tocado vivir”, explica el psicólogo Rubèn Sánchez. Una actitud que en el caso de Fabián se concretaba en “una conducta inmadura, dependiente, infantil, egoísta, que, o bien abusaba de las pastillas, o no se las tomaba y que ante contratiempos tenía reacciones violentas, aunque fuera puntualmente”, expone Sánchez, que acompañó durante tres años a Gemma y Juan, la hija y el hijo de la pareja, en su proceso de recuperación. De hecho, Gemma, la hija menor, cuando describe la relación de sus padres confirma estos roles: “Mi padre era como un niño pequeño, sumiso a lo que le decíamos y para nuestra madre era como un hijo más”, sentencia. 

Estas actitudes y su dificultad para identificarlas como abusos –dado que forman parte de las prácticas de masculinidad aceptadas como normales–, comenta la terapeuta de Tamaia, Bea Masià, son las que “acabaron con la vida de Gemma”. Ella se veía en la obligación de sostener la familia porque así se lo pedía la sociedad, a lo que se sumaba una dependencia económica que le dificultaba tomar otra decisión.  

Para evitar estas situaciones es necesario, añade Masià, visibilizar unas violencias estructurales que no se cuestionan porque la sociedad las normaliza y así “era imposible que ni el hijo ni la hija pudieran identificarla”. También es cierto que, si al dolor se le suma la culpabilidad por no haber identificado esta violencia, la recuperación es extremadamente complicada. En estos casos es necesario hacer una doble lectura: “Por un lado, está cómo la familia directa necesita interpretar el caso para evitar herirse más y, por otro, lo que nosotras, desde fuera y sin estar implicadas emocionalmente, podamos identificar”, puntualiza Masià.

La administración

Gemma y Juan coinciden en que se sintieron víctimas de un “sistema médico negligente que no valoró adecuadamente el estado psíquico” de su padre y de un sistema institucional que no les dio ninguna oportunidad de reparación ni ayuda. Ninguno de los dos tenía obligación de declarar ante el juzgado por ser familiares directos de la persona investigada por el feminicidio, según explican fuentes jurídicas, y, además, no había acusación ya que el feminicida se había suicidado. Sin embargo, Gemma declaró y esa declaración fue para ella uno de los peores momentos: “Nunca me han tratado tan mal como en el juzgado de violencia de género de L’Hospitalet, que se supone que es un espacio seguro”. Para la abogada Júlia Humet, si tienes una mirada de justicia reparativa que tiene en cuenta las personas, hay margen en la aplicación de las normas. “En la mejor situación, la justicia es retributiva, pero si los daños y las secuelas son psicológicas, como era este caso, están al final de la tabla de percepción porque prima el daño físico, objetivo y científico”, lamenta Rubèn Sánchez. Todo esto, hizo que no recibieran más ayuda económica que la pensión de orfandad. 

Gemma y Juan también lamentan que desde el Ayuntamiento de L’Hospitalet nunca se pusieron en contacto con ellos porque, entre otras razones, su madre no constaba como víctima de violencia de género ya que no había denunciado ni había ido a los servicios de atención de la mujer de la localidad. A ello se sumaba que la ley no preveía un protocolo de atención y acompañamiento a estas víctimas por ser adultas.