Texto: Isabel Muntané

Fotos: Álvaro Minguito

Núria, de 43 años, fue asesinada el 4 de enero de 2014 por su cónyuge, Antonio Sánchez Almela, de 42, en Vilanova i la Geltrú, Barcelona. Era el primer feminicidio de ese año. “Desde 2006 teníamos un protocolo contra la violencia de género y desde 2009 una oficina de equidad; hacíamos campañas de sensibilización, formación, ayuda psicológica a las mujeres maltratadas… Y no pudimos evitarlo”, lamenta la alcaldesa, Neus Lloveras, en el cargo desde 2011. “¿En qué hemos fallado?”, se preguntaron en el Ayuntamiento, pues el feminicidio de Núria era el segundo en 14 días en esta población de poco más de 65.000 habitantes después de que Judit, de 38 años, fuera asesinada por su expareja, Rachid A., de 32, el 22 de diciembre de 2013.

La sucesión de feminicidios convulsionó este municipio, que salió a la calle para exigir cambios en el sistema de prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia machista. Era necesario “hacer un análisis profundo de las condiciones sociales y culturales que someten a las mujeres al maltrato y a los feminicidios para buscar soluciones eficaces”, explica Pau Munuera, miembro del colectivo feminista de Vilanova La Frontissa.

La historia de Núria no fue una excepción: “Era una mujer vulnerable porque la sociedad así nos crea, pero para nada era débil ni culpable. Débil y culpable es el sistema social, judicial y policial que la dejó indefensa”, afirma con contundencia Munuera. Un sistema que no tiene en cuenta “lo difícil que es escapar de la situación de dependencia económica, emocional y familiar de las víctimas de violencia machista”, explica Marta Rius Gallart, de la entidad Bullanga Feminista.

A pesar de todo, en 2011 Núria denunció a su pareja por amenazas y malos tratos y obtuvo una orden de alejamiento. Pero “nada más salir del juzgado, él ya la estaba esperando”, asegura Núria Sans, vecina y testigo en el juicio. Núria no volvió a denunciarle porque “él la amenazaba con quemarla viva; con que si volvía a la Policía le diría que vivían juntos y nunca podría recuperar a sus hijos menores [tutelados por la Generalitat]”, añade Sans. Núria tenía otra hija mayor que ya vivía independizada.

Que él utilizara la orden de alejamiento para chantajearla es, según Carla Vall, abogada especializada en violencias machistas, “una de las perversidades del sistema cuando se permite que algunos agresores instrumentalicen el proceso y la institución para sus objetivos, como hizo el asesino de Núria”. Por el contrario, el juez Javier Castro, formador en género a la policía local de Vilanova, considera que “las órdenes de alejamiento son un mecanismo que funciona bastante bien, y que el hecho de que en algún caso no funcione no puede inducir a generalizar un fracaso”, aunque reconoce que “no hay un seguimiento riguroso y adecuado y si algo no funciona hay que corregirlo”.

En el caso de Núria, al fracaso de la orden de alejamiento y de seguimiento de la denuncia, se le añade la falta de credibilidad de las víctimas y la información inadecuada que estas reciben. Castro considera que si Núria hubiera tenido la información y el seguimiento adecuados “el juez hubiera ampliado la orden de alejamiento o quizás hubiera decretado prisión”. Pero las expertas consultadas dudan de que si ella hubiera vuelto a denunciar se la hubiera escuchado porque el sistema “no da credibilidad a las mujeres y cuando estas denuncian se ven abocadas a una situación de riesgo en la que la Administración no pone las herramientas para que sobrevivan, como sucedió con Núria”, sentencia Carla Vall.

Una mujer valiente

Las personas que conocieron a Núria la describen como una mujer valiente, cariñosa y afectuosa que “nunca tenía un ‘no’ para nadie a pesar de lo que estaba viviendo”, recuerda Núria Sans. Una mujer que a pesar de sus circunstancias se encargaba de que las criaturas “fueran a la escuela, de que tuvieran comida caliente y, sobre todo, de que no les faltara el cariño”, comenta Abel Molins, otro de los testigos en el juicio.

Núria también es descrita como una mujer con inquietudes que la llevaron a colaborar con La Frontissa de Vilanova, una entidad que acoge y acompaña a mujeres maltratadas. “Fue valiente porque venía a la entidad a sabiendas del riesgo que suponía si él se enteraba”, explica Munuera. Pero, a pesar de que Núria colaboró con esta entidad feminista nunca se presentó como mujer maltratada ni pidió ayuda. “Es muy difícil asumirlo y Núria no era una excepción”, afirma la portavoz de La Frontissa. Como tampoco fue una excepción que al volver con el agresor Núria abandonara la entidad, así como sus relaciones sociales y su vida pública a medida que él la iba anulando.

El aislamiento emocional, social y físico fue de la mano de la escasez de recursos económicos, que la obligaron a vivir alejada de la ciudad, en una construcción precaria. El habitáculo estaba situado en una zona rural poco transitada, sin tiendas, sin calles ni iluminación. Prácticamente no tenía vecinas, solo el grupo de dos chicas y dos chicos que vivían en una casa okupada a 80 metros de la de Núria y que fueron su apoyo: “El sistema no la ayudó, vivía acorralada y las circunstancias daban ventaja a su asesino”, asevera Clàudia Graglia, otra vecina que declaró en el juicio.

Así, después de una primera condena en 2011 –que fue suspendida condicionada a recibir un curso de reeducación–, Antonio Sánchez Almela continuó maltratándola, aislándola y controlando todo lo que hacía: “Hasta el punto de que cuando estábamos hablando y llegaba él, con solo mirarla, ella se iba a casa con cualquier excusa”, cuenta Núria Sans. Aun así mantenían buena relación de vecindad: “Venía a nuestra casa, a hablar y a descansar”, afirma Graglia. Pero todo empeoró cuando la Generalitat se hizo cargo de su hija y de su hijo menores y “ella se encerró en sí misma”, explica Abel Molins.

Las visitas a sus vecinas se espaciaron: “De venir dos o tres veces por semana, pasamos a no verla durante semanas y solo venía cuando necesitaba que le curáramos las heridas de las palizas. Se negaba a ir al hospital porque pensaba que las consecuencias serían peores. Vivía en el terror”, recuerda Sans. Este terror también le impidió ir a los Servicios Sociales porque decía que si lo hacía él la mataría. De hecho, según confirman las responsables del Área de Convivencia y Equidad del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, Núria nunca fue atendida por los Servicios de Atención a la Mujer.

El día del feminicidio, sus vecinas llevaban una semana sin verla, pero eso no las alertó, las largas ausencias eran habituales. Aquella noche, Claudia Graglia vio llegar a Núria cuando esta volvía de visitar a su madre en el hospital. Llovía y Claudia la acompañó a su casa. Sus palabras reflejaban el miedo que sentía. Agarrándola del brazo le dijo: “No me dejes”. Aquella noche Antonio Sánchez Almela, que ya había recibido el curso de reeducación para maltratadores, la asesinó.

“Le quitó la vida a mi hermana solo por ser mujer”

Un feminicidio es un acto de tal crueldad que deja huella en todo el entorno de la víctima, como ha ocurrido en el caso de Núria. Su familia prefiere no manifestarse porque el estigma y el dolor siguen presentes: “[Recordarlo] me duele en el alma”, escribió uno de sus hermanos en una carta que envió a La Marea para hacerla pública y contribuir a sensibilizar a otras personas afectadas por la violencia. “Han pasado cuatro años y sigo pensando en el personaje cobarde, machista, inculto y misógino que le quitó la vida a mi hermana solo por ser mujer”, continuaba escribiendo.

Después del feminicidio de Núria, en 2016, este hombre se volcó en ayudar a una compañera de trabajo inmersa en un divorcio tras sufrir maltrato psicológico y amenazas: “Todos le dieron la espalda por miedo, pero yo la acogí como si fuera mi hermana (…) Ahora es una mujer libre”, relata en la carta. Para él, evitar nuevas víctimas es responsabilidad de todas, porque “ayudar es dar vida a los demás”.

La sentencia

Antonio Sánchez Almela fue condenado a 17 años y seis meses de prisión por un delito de asesinato y a un año y nueve meses por violencia habitual en el ámbito familiar. La sentencia también impuso al acusado la pena de prohibición de aproximación a los menores. El penado cumplirá condena hasta el 27 de septiembre de 2030.

La sentencia reconocía que, con anterioridad al asesinato, Antonio Sánchez Almela “ya había sometido a su esposa a una situación de continuos ataques y agresiones de tipo físico y psíquico”. Ello se basaba en “la existencia de una sentencia condenatoria firme y la declaración prestada por varios testigos”, entre ellos Núria Sans, Claudia Graglia y Abel Molins. Al juicio también asistió la hija mayor de Núria, que ya se había independizado.

En septiembre de 2011, Núria lo había denunciado por amenazas y maltrato físico y había solicitado una orden de protección para ella, su hija y su hijo. Aquella primera vez fue condenado a 6 meses y 20 días de prisión, y se le prohibió aproximarse a menos de un kilómetro y a comunicarse con ella. La condena a prisión fue sustituida por unos cursos de reeducación. En septiembre de 2013, se dictó un auto de remisión de la pena y se archivó la causa. Tres meses después, Antonio asesinó a Núria.

La Administración

Los feminicidios de Judit, a finales de 2013, y de Núria, nada más comenzar 2014, provocaron que el Ayuntamiento “se replantease cómo se ejecutaba el trabajo contra la violencia machista”, asegura Rosa Català, responsable de Equidad del consistorio. 

Desde 2014, el municipio ha incrementado los servicios de atención a las mujeres así como la prevención a través de formaciones específicas a todo el personal municipal, al alumnado de los centros educativos y a la Policía Local. Así, han aumentado el número de mujeres que reciben asesoramiento jurídico hasta las 193 atendidas en 2018 y se ha incrementado la atención psicológica a las mujeres, que ahora no tienen límite de visitas, pasando de las 174 mujeres atendidas en 2014 a las 245 en 2018. También ha aumentado el número de terapias grupales, a las que entre 2009 y 2018 han asistido 375 mujeres, y se han consolidado los grupos de atención a las hijas e hijos víctimas de violencia machista, en los que desde 2011 han participado 89 niñas y niños. Todo ello con mayores partidas presupuestarias, como la destinada al Espacio de Equidad, que ha pasado de los 36.390 euros en 2014 a los 48.500 euros en 2018.

El feminicidio de Núria también alentó iniciativas municipales de denuncia de acuerdo con entidades feministas del municipio agrupadas en el Casal de les Dones. Así, se creó un protocolo de duelo y se decidió no conmemorar los asesinatos. Dos años después del asesinato de Núria también se acordó crear un memorial de las mujeres víctimas de feminicidio -oficiales y no oficiales- en la fachada del Ayuntamiento. Allí se exponen los nombres de las mujeres asesinadas en todo el Estado y el tipo de feminicidio que sufrieron.

En estos cinco años, en el municipio no se ha registrado ningún otro asesinato machista, según la definición oficial contemplada en la Ley de violencia de género de 2004. Sin embargo, la violencia machista volvió a conmocionar a la población de Vilanova i la Geltrú el 4 de junio de 2018, cuando un hombre de 42 años asesinó a una menor de 13.

[Este reportaje fue elaborado entre febrero y marzo de 2019 y podrá ser actualizado en el futuro.]