Texto: Meritxell Rigol

Fotografías: Elvira Megías

Muchos de los niños y niñas llegaron al cole sabiéndolo. Ese lunes a las ocho, el profesorado se había reunido para ver cómo abordarlo. “No nos esperábamos que incluso los más pequeños lo hubieran escuchado en casa y hablaran del tema al llegar a clase”, recuerda hoy la directora de la escuela, Mía Flores. Era la jefa de estudios cuando Gisele, madre de una alumna y un alumno de infantil, fue asesinada por su expareja y padre de los menores, hace casi seis años.

El patio de este colegio en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) reunió ese día de otoño a todo el alumnado en un silencio impropio. La semana empezaba con un minuto en recuerdo de la madre de la compañera y el compañero que, ese lunes, no iniciaban una semana cualquiera. Era el primer día de cole sin recorrer el par de calles de distancia hasta su centro, su clase y sus amigos. Sin su madre, llevaban ya dos días. El viernes anterior, su padre la había asesinado, tras años de violencias bajo el mismo techo. Era el 3 de octubre de 2014.

“Nosotros queríamos decir que había habido un accidente y la sorpresa fue para las profes de parvulario, al ver que los pequeños decían que el padre de esos niños había matado a su madre a cuchilladas”, recuerda la directora. Otra docente asiente a su lado. Se les hace difícil estar hablando de este episodio.

En el centro siguen pensando en Gisele, una de las más de mil mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja desde 2003. Y piensan mucho también en sus hijos, dos de los 43 menores a los que la violencia machista dejó sin madre en 2014. Tenían 5 y 6 años. No volvieron a la escuela. La violencia de su padre les arrebató, también, este espacio de seguridad.

“‘Voy a por todas, Mía, llevo una semana y media sin ver a los niños; voy a hablar con él y voy a por todas; no puedo estar sin mis hijos’, me dijo el mismo viernes por la mañana”, recuerda la directora del centro. Al empezar el curso, unas semanas antes, en septiembre, Gisele le había explicado que durante el verano había tenido muchas discusiones con el padre de sus hijos y, a raíz de una fuerte, se fue a casa de una amiga.

Según recoge la sentencia de la Audiencia de Barcelona por su feminicidio, Gisele había verbalizado repetidamente al entorno más próximo que ya no quería a Álex y que tenía la voluntad de separarse. Esa mañana, había ido a casa diez minutos antes de las nueve, lo justo para llevar a los niños al cole. Algunos mensajes del asesino tenidos en cuenta en el juicio mostraban celos, amenazas e incluso advertía de que él arreglaría la situación “a su manera”.

“Cuando hay una decisión por parte de la mujer de romper la relación, se incrementa el peligro de violencia y de violencia extrema como es el feminicidio, porque es el momento en el que ella pone un límite que probablemente hasta entonces no había puesto: decide desposeerse del control”, explica Sònia Ricondo García, abogada especializada en violencia machista y miembro de la asociación de letradas con perspectiva de género Dones Juristes. “Poner este límite acentúa la impulsividad que ya tenía este agresor”, observa Ricondo. 

A media mañana, Gisele envió un mensaje a Álex para saber si había asistido a una entrevista de trabajo. No fue; estaba en casa. Ella se dirigió al piso. Quería separarse ya. “A las 4 y media vendré a buscarlos yo”, había indicado Gisele a la entonces jefa de estudios al dejar a los peques por la mañana. Pero los Mossos d’Esquadra llegaron a la escuela poco antes de las tres, a informarles de que sería personal de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) quienes recogerían al niño y a la niña. “Nos dijeron que de momento nos teníamos que encargar nosotras, que no les dijéramos lo que había pasado y que teníamos que llamar al teléfono de atención a la infancia, que allí ya nos darían las órdenes que tendríamos que seguir”, explica Mía Flores.

Entre lápices de colores y excusas, ella y otra docente estuvieron hasta las siete y media con ellos. Se los llevaron entre llantos, pidiendo quedarse con ellas, y aún ajenos a la pena que su padre les había impuesto.

El riesgo principal era él

En los años que llevaba en España, Gisele se había creado una red de amistades. La otra familia estaba en su lugar de origen, Brasil. Según la macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, elaborada en 2015, la violencia a manos de parejas o exparejas contra mujeres que han vivido un proceso migratorio duplica la que impacta contra mujeres que han nacido en el Estado. También en su forma más extrema, los feminicidios, las migradas aparecen sobrerrepresentadas en la violencia machista. 

Numerosas vulnerabilidades –condiciones laborales altamente precarizadas, dificultades para lograr una autonomía económica y habitacional, escasa o nula red social en el país, desconocimiento de sus derechos y de los recursos disponibles, barrera lingüística, temor a recorrer a la policía y a servicios públicos…– son determinantes para explicar la mayor incidencia, reincidencia y gravedad de la violencia machista contra mujeres no nacidas en España.

De las 55 víctimas de feminicidio reconocidas oficialmente en 2014, el 32,7% había experimentado un proceso migratorio. En el último año, de las 55 asesinadas por violencia machista, un 40% había nacido en otros países.

Según detecta el estudio Mujeres migrantes víctimas de violencia de género en España, elaborado por la Asociación de investigación y especialización sobre temas iberoamericanos (AIETI), la prevalencia de feminicidios por cada millón de mujeres extranjeras multiplica por seis la tasa por cada millón de mujeres con nacionalidad española.

Gisele tenía 28 años y hacía ocho que convivía con el padre de sus hijos, con quien había empezado la relación un año antes. La joven llevaba dos años estudiando catalán en la escuela de adultos del barrio y había encontrado recientemente trabajo en un bar de la localidad costera de Castelldefels, a 20 minutos en coche desde L’Hospitalet.

Una amiga le había echado una mano para obtener ese empleo, con el que Gisele vio opciones de construir una vida bajo su propio techo. La sentencia por su asesinato recoge que el agresor había recriminado a esa amiga ser causante de la ruptura, por el hecho de haberle ofrecido trabajo.

El año anterior al asesinato, ambos trabajaban en un bar, hasta que se quedaron en el paro. “Él lo llevaba muy mal”, explica Flores, quien le recomendó recurrir a los servicios sociales. “Decía que le daba mucha vergüenza”, recuerda la docente. Gisele encontró un trabajo en una panadería del barrio. Luego comenzó en el bar de Castelldefels. Que fuera ella la que mantenía a la familia “lo llevaba fatal”, incide Flores.

“Siempre creemos que no tener autonomía económica y depender del agresor es un factor de riesgo en los casos de violencia machista, pero, paradójicamente, también puede ser un factor de riesgo conseguir una autonomía económica que él no tiene”, afirma Ricondo. “El éxito de ella se puede convertir en un factor de riesgo porque él lo analiza como un desafío”, añade.

En el juicio, el asesino declaró que la relación con Gisele “se torció” cuando el negocio en el que trabajaban, un bar en el mismo barrio donde vivían, en Santa Eulalia, empezó a ir mal, un año antes del feminicidio, en 2013. Entre los factores de riesgo de agudización de la violencia machista en la pareja, Ricondo destaca la poca capacidad de algunos hombres para gestionar factores de estrés, “como son las crisis económicas” y también “tener mucho tiempo libre, cuando no tienen trabajo”. “Implica tener mucho tiempo para pensar y controlar las actividades de la mujer”, afirma la letrada.

Al margen de los problemas económicos más recientes, el asesino ejerció violencia contra Gisele desde años antes, igual que lo hizo contra su anterior pareja. “En las resoluciones de los jueces no se analizan los factores de peligrosidad del agresor, cuando es él quien pone el riesgo”, denuncia Ricondo. “Ella puede no ser autónoma y tener el riesgo y ser autónoma y tenerlo también”, explica la abogada, tal y como muestra la experiencia de Gisele.

Gisele denunció dos veces a su agresor y en las dos ocasiones se echó atrás. La última vez quiso retirar la denuncia después de que el juez denegara la orden de protección que el Ministerio Fiscal y la acusación habían solicitado. 

El abogado de los padres de Gisele ha preferido no hablar sobre el caso y afirma que ha sido incapaz de localizarlos. Los hijos fueron enviados a Brasil, donde viven con su abuelo. La abogada que representó al Ayuntamiento como acusación particular ha declinado las reiteradas peticiones de entrevista para este reportaje.

Violencias previas

Gisele hizo lo que se supone que se tiene que hacer. Había denunciado que su pareja la agredía. La primera vez, seis años antes del feminicidio. Solicitó una orden de protección en junio de 2008.

Según recoge el informe sobre víctimas mortales de violencia de género y violencia doméstica en el ámbito de la pareja o expareja de 2014, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el momento de presentar la primera denuncia, llevaban unos meses de convivencia. Estaba embarazada de seis semanas y había decidido dejar la relación. La joven declaró sufrir maltrato físico desde el inicio de la relación, pero la situación se acentuó cuando empezaron a vivir juntos.

El informe del CGPJ recoge que momentos después de interponer la denuncia, Gisele decidió retirarla. Los Mossos d’Esquadra actuaron de oficio ya que, además del delito denunciado, les constaba que a la expareja de Álex, con la que estuvo casado y tuvo dos hijos, le habían concedido, seis días antes, una medida de protección frente a él.

Gisele viajó a Brasil y no la localizaron para declarar en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Badalona. Meses más tarde, regresó a España. Había nacido su primer hijo y reanudó la relación con el agresor.

Con el pequeño de tres meses, llegó la segunda denuncia por puñetazos, golpes, amenazas con arma blanca e insultos. En ese momento, la esposa del agresor tenía vigente una medida de protección.

En esta segunda ocasión, las diligencias previas se iniciaron en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº3 de Barcelona. Gisele ratificó la denuncia en el juzgado. Estaba embarazada de su segunda hija. “Durante el embarazo y tras el parto se puede incrementar la violencia”, detecta Ricondo como factor de riesgo. “Aparece una persona nueva que quita protagonismo al agresor; él pasa a un segundo plano en la vida de la mujer y rechaza perder el protagonismo”, explica.

El Ministerio Fiscal y la acusación solicitaron una orden de protección para Gisele pero el juez se la denegó. Alegó que no se podía acreditar una “situación grave de peligro”: “Las partes no viven juntas e incluso tras los hechos la denunciante ha vuelto a ver al denunciado, lo que demuestra que poco miedo le puede tener”.

Hay dos requisitos que deben cumplirse para que se adopte esta medida: indicios de delito y situación objetiva de riesgo. “La situación objetiva de riesgo es la valoración subjetiva que hace cada juez”, aclara Ricondo.

Por otro lado, la abogada critica que los ítems en los que se fija la policía para valorar el riesgo de violencia machista lo que evalúan es que la mujer sufra una agresión “al día siguiente o en dos días”. “Es una valoración del riesgo bastante pobre, en la mayoría de casos sale riesgo bajo y nos encontramos que este informe lo tienen bastante en cuenta los jueces”, explica Ricondo, para entender el bajo porcentaje de órdenes de protección concedidas. “Los jueces analizan mucho la declaración de la mujer en este requisito de riesgo de peligro objetivo y en cambio no se centran en la peligrosidad de él”, añade a la explicación la abogada.

“En el tiempo que llevo trabajando en violencias he visto de todo con las órdenes de protección; he visto casos de violencia muy extrema en los que no se conceden”, explica Míriam Vázquez, psicóloga especializada en violencias machistas. “Aquí se cruzan todos los prejuicios; el imaginar un perfil de mujer víctima y de hombre agresor”, añade Vázquez sobre la posible explicación para que, en este caso, como en tantos, se deniegue esta forma de protección y, de la mano, pueda exponer a las mujeres aún más a la violencia del agresor tras optar por el proceso judicial. Un proceso que, observa la psicóloga, “muchas mujeres se encuentran en un momento de no poderlo sostener”.

De las 55 mujeres asesinadas por violencia machista en 2014, solo 17 (30%) habían denunciado al agresor. En el último año, solo un 20% de las asesinadas a manos de su pareja o expareja los habían denunciado.

Según datos del CGPJ, al analizar la década 2009-2018, el porcentaje de mujeres asesinadas que habían tramitado una denuncia es ligeramente superior entre las víctimas extranjeras (un 28,6%, frente a un 26,8% de víctimas españolas). La cifra apunta a una desprotección superior entre las migrantes que denuncian situaciones de violencia machista, ya que, a pesar de denunciar más, la tasa de feminicidios es superior que entre las mujeres con nacionalidad española.

Gisele fue una de las siete de cada diez mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2014 que habían retirado la denuncia contra el agresor. Explicó que habían decidido “apaciguar la relación” por el niño y por el nuevo embarazo.

A pesar de querer retirar de nuevo la denuncia, los antecedentes de violencia machista del denunciado hicieron que el juez no se inhibiera. Así, en noviembre de 2009, el Ministerio Fiscal presentó un escrito de acusación y calificó los hechos como un delito de maltrato.

La pareja fue citada a declarar ante el Juzgado de lo Penal en mayo de 2010. Ambos se acogieron al derecho a no declarar. Se dictó sentencia absolutoria “por insuficiencia probatoria”. “Conseguir la orden de protección en este caso no sabemos el efecto que podría haber producido; quizás hubiera salido reforzada la decisión de la mujer, ya que muchas veces cuando denuncian lo hacen después de un episodio muy grave, pero no de manera pensada, y sin haber recibido asesoramiento”, apunta Vázquez. La psicóloga plantea que el hecho de que la justicia conceda una orden de protección transmite el mensaje de que “sí, efectivamente, la situación es muy grave”, cosa que puede ayudar a la mujer a seguir adelante en un “engranaje tan complicado como es el judicial, y todo lo que implica el proceso de separación y de recuperación de la violencia machista”.

Sea como sea, según observa Vázquez, más allá de las órdenes de protección, es necesario que las mujeres puedan hacer un proceso para “explorar el riesgo real y que se empoderen para tomar medidas de autoprotección que complementen las medidas que ofrece el Estado”. Cuatro de las 55 mujeres asesinadas por su pareja o expareja en 2014 contaban con orden de protección.

No había pasado ni un año cuando Gisele llamó a la policía a raíz de una discusión. Los Mossos d’Esquadra acudieron al domicilio de la pareja y consideraron que esa situación se trataba de una agresión mutua, por lo que la víctima acabó imputada.

“La especialización y la intuición tienen que llevar a saber si hay más episodios”, plantea Ricondo. Ni en los casos en los que la mujer, a causa del “enganche emocional o de haber hijos de por medio”, minimice, esconda o no haya detectado violencias, los servicios públicos que intervienen quedan exonerados de la responsabilidad de detectar las situaciones de violencia y protegerlas.

En este proceso judicial la pareja de nuevo se acogió al derecho a no declarar y en junio de 2011 se dictó el auto de sobreseimiento provisional. Gisele fue apuñalada en su domicilio el día 3 de octubre de 2014.

“Fallan todos los sistemas que intervienen desde que empieza la denuncia hasta que acaba, y el sistema asistencial probablemente también falla”, observa Ricondo: “Falla todo el sistema porque no supo detectar el riesgo que esta mujer sufría”.

La Administración

Ningún servicio de la ciudad tenía constancia de la situación según la declaración de la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín (PSC), el lunes después del asesinato, en la convocatoria para rechazar el feminicidio, que reunió a representantes municipales y a alguna que otra vecina en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad. En el acto, la alcaldesa también hizo un llamamiento a las mujeres “en situación similar” a dar “un paso adelante y dirigirse al Centro de Atención e Información a la mujer (CAID) de la ciudad”. Solo unas semanas antes, había sido asesinada otra mujer, Gemma, en el mismo municipio.

El Ayuntamiento de L’Hospitalet se personó como acusación en el juicio por el feminicidio de Gisele. El pleno del consistorio había aprobado en 2010 esta medida ante los asesinatos machistas. La abogada que representó al consistorio ha declinado las reiteradas peticiones de entrevista para este reportaje.

Gisele tenía concertada una cita en el CAID pero no se presentó. “La experiencia nos dice que, si no vienen, es porque no ven el momento o no creen que vaya con ellas; otras, porque tienen temas que les preocupan más, vinculados a la precariedad económica; también encontramos que es más difícil que las mujeres jóvenes reconozcan que están en situación de violencia”, explica Mariví Mur, directora del CAID.

Desde el organismo indican que no pueden concretar la fecha en la que Gisele tenía prevista la visita: “Consta en el expediente de servicios sociales, por lo que no podemos confirmar en qué momento conoció este recurso y tampoco a través de qué vía. Parece que hubo gestión previa por parte de algún servicio para pedir la visita”, apuntan.

Un tercio de las mujeres que acceden a este recurso especializado llegan por el boca-oreja y el resto son derivadas de servicios, como los Mossos d’Esquadra, la oficina de atención a la víctima, el juzgado de violencia sobre la mujer, hospitales, centros de atención primaria, servicios sociales y, en algún caso, apuntan desde el CAID, institutos y escuelas.

El CAID, en funcionamiento hace más de 30 años, atendió a 1.060 mujeres y a un centenar de menores el año 2014. Cerca de 6 de cada 10 (57%) presentaban algún indicador de sufrir violencia machista.

Si bien no existen acciones específicas para acercar el CAID a las mujeres migradas, Mariví Mur afirma que no existen barreras de acceso para ellas a este servicio. La mitad de las atendidas, calcula, lo son. El 80% de ellas, procedentes de América Latina. “Tenemos un servicio de intérpretes y, si es urgente, incluso telefónicamente lo hacemos; nunca dejamos de atender a una mujer por el idioma”, remarca la directora del CAID, que también destaca la coordinación con entidades de la ciudad que trabajan específicamente con mujeres migradas.   

“La red de atención a las mujeres es accesible para las migradas, pero no todas sus situaciones de violencias se solucionan a través de esta red, porque no les darán un trabajo y un techo, y a menudo las necesidades de las mujeres migradas son muy básicas”, explica Wendy Espinosa, coordinadora de proyectos de Mujeres Pa’lante, una cooperativa de mujeres migradas con diez años de trayectoria en la ciudad y una de las entidades que conforman La Colectiva, un proyecto orientado a promover la economía social y solidaria en L’Hospitalet. Anualmente atienden en torno a 700 mujeres, en muchos casos, derivadas de servicios sociales.

“No tienen cómo resolver sus necesidades y nos las envían a nosotras, que buscamos cómo ayudarlas”, explica Espinosa. A menudo, llegan con necesidad –urgencia– de encontrar un empleo, aprender los idiomas del territorio y formarse. “Y es, una vez se ha creado el entorno de confianza, cuando sale el tema”, explica Espinosa, en referencia a la violencia machista. “Te van soltando bombas, y vamos viendo cómo acompañarlas porque denunciar y largarse no es una opción para la mayoría”, afirma. Desde esta organización de mujeres migrantes, han apostado desde 2017 por ir formando y armando una red de promotoras para acompañarse entre iguales ante situaciones de violencia machista.

Con o sin denuncia, ante situaciones de riesgo, Mariví Mur afirma que el CAID ofrece “siempre la posibilidad de tener al menos un espacio de distancia, descanso y recuperación”. Asegura que cuando hay una situación de emergencia en la que la mujer tiene que salir del domicilio, a pesar de no tener pisos en el municipio, el CAID tiene una partida presupuestaria destinada a entidades especializadas que disponen de pisos de acogida. “Ante el miedo, si por lo que manifiesta la mujer se ven indicios de riesgo, siempre se le ofrece; hacemos la gestión del traslado allí y asumimos el coste de la parte de atención urgente”, explica Mur, a la vez que remarca que no siempre es aceptada. “No podemos obligar a la mujer a que se vaya de casa; muchas cuando vienen tienen la esperanza de que la cosa cambiará”, afirma.

Este servicio especializado de la segunda ciudad catalana está formado por tres trabajadoras sociales –una más que hace seis años–, tres psicólogas, una asesora jurídica y una técnica dinamizadora de promoción de la igualdad y relación con la comunidad. A la cabeza de sus prioridades está la sensibilización en los centros educativos, asegura la directora del servicio, consciente de la falta de formación en género y violencias machistas entre el profesorado. Una responsabilidad a la que los ayuntamientos pueden contribuir, aunque es competencia del Gobierno catalán. 

“En la formación del profesorado, como en el resto de carreras, la formación en género es con suerte una optativa, por lo que integrar esta perspectiva y tener conocimientos en violencias machistas continúa siendo una cuestión que depende del interés de la profesional”, añade Mur. Desde el CAID explican que ofrecen formación a profesorado bajo demanda, aunque sobre todo dan a conocer los recursos a los equipos de atención primaria y a la policía local.

Antes del asesinato de Gisele, en la escuela habían tenido conocimiento de dos casos de violencia machista contra madres del alumnado. Mía Flores explica que siguieron el protocolo que dicta el Ayuntamiento. “Al enterarnos, ya que las dos nos lo comunicaron, las citamos y las derivamos al servicio de atención a la mujer”, explica.

La regidora de Igualdad y Juventud de L’Hospitalet de Llobregat, Laura García, plantea que el trabajo preventivo de la violencia machista en las escuelas e institutos se mantiene como prioridad de su área y, como reto principal y en el que trabajan ya, plantea la necesidad de que las mujeres jóvenes se sientan “más acogidas y cercanas” al CAID.

Al iniciar el curso escolar, pocas semanas antes de ser asesinada, Gisele había contado a las personas con las que tenía más confianza que ese verano había sido muy conflictivo con su pareja. “Pero en ningún momento nos imaginamos… Ese mismo día Gisele estuvo aquí en la escuela, estuvo hablando conmigo. En ningún momento… Cuando nos dieron la noticia los Mossos, no nos lo podíamos creer”, recuerda, visiblemente afectada, la directora del centro.

Durante el año pasado, el CAID ha estado trabajando en la elaboración de una guía para detectar los comportamientos de posibles agresores y poder trabajarlo desde los servicios públicos de la ciudad.

El asesino

Quienes tenían más confianza con Gisele, sabían que él era muy celoso, un aspecto sobre el que solían girar las discusiones. La “posesión” y el “dominio” del acusado sobre ella se detectan en el juicio del asesinato, tanto a través de su testimonio como de mensajes que había enviado.

En 2008, la expareja de Álex, con quien estuvo casado 17 años y tuvo dos hijos, lo denunció por agredirla al verla acompañada de un hombre tres meses después de separarse. Se le otorgó una orden de protección. En 2010 la mujer volvió a denunciarlo.

El 3 de octubre de 2014, Álex, de 45 años, fue detenido en su domicilio, en el que se quedó tras asesinar a Gisele. Después de cometer el crimen, envió mensajes a su entorno, informando del asesinato. Incluso mandó una fotografía.

La preocupación que expresó durante el juicio por el asesinato de quien era su pareja fue la repercusión que tendría sobre sí mismo; algo que, según recoge la sentencia, denota una personalidad narcisista.

Elevada autoestima, rechazo a la frustración, persona fría y calculadora, que controla y planifica, son otros rasgos de personalidad que detecta el análisis del psiquiatra forense y que, indica el informe, no deterioran ni afectan sus facultades mentales.

“Nada hizo para evitar que su pareja se desangrara, es decir, no la auxilió, viendo que agonizaba”, recoge la sentencia, que destaca su frialdad y ausencia de empatía, así como que “no trascendió un arrepentimiento sincero”. 

El “analfabetismo emocional” es una de las características de los hombres que ejercen violencia contra mujeres identificada en la guía del Ayuntamiento de Barcelona para detectar violencia machista en hombres. “A menudo transforman emociones como el miedo o la tristeza en la única emoción permitida socialmente: la rabia”, indica este recurso. También apunta a la “armadura psíquica”, el concepto que describe el rechazo a todo aquello asociado a la feminidad, en concreto, lo relacionado con los afectos y el cuidado de las demás personas. “La violencia de los hombres se basa en una distancia emocional respecto a los demás y falta de empatía con las víctimas”, detalla el documento.

Si bien no existe un perfil de agresor, igual que no existe uno de víctima de la violencia machista, otros elementos detectados en los agresores son “el poder patriarcal”, es decir, el uso de la violencia para ganar o mantener poder, control y jerarquía; la percepción del “derecho al privilegio”, por ejemplo el derecho al placer físico o a ser atendido emocionalmente “establecidos de manera unilateral”; el permiso social para ejercer violencia, que genera “cierta impunidad a los hombres que la ejercen”; y el aprendizaje de un modelo tradicional de masculinidad, que hace que vean en la violencia una herramienta para reforzar su identidad.

“A menudo la violencia de los hombres aparece como reacción a amenazas percibidas para la identidad masculina tradicional, por lo tanto, la violencia sirve como mecanismo de compensación para restablecer o mantener la situación desigual”, dice la guía del Ayuntamiento.

El tratamiento mediático

En el conjunto de medios, brilla por su ausencia la contextualización del hecho de violencia machista extrema, como parte de un mecanismo de opresión social de los hombres hacia las mujeres, basado en desigualdades de género. Asimismo, de manera recurrente, en las noticias se hace explícita la nacionalidad de la pareja, algo que se recomienda obviar siempre que no resulte relevante para comprender lo sucedido.

Se informa del feminicidio fundamentalmente a partir de información ofrecida por los Mossos d’Esquadra. Sin incorporar voces de profesionales especializadas en violencias machistas ni del tejido asociativo feminista, la información se presenta como un desgraciado suceso aislado. En más de una noticia, el comunicado policial es la única fuente. Y hay incluso algunos medios que incorporaron los testimonios de vecinos y vecinas, que más allá de hablar de a qué se dedicaban víctima y victimario, cómo les parecía que eran, y de remarcar que oían peleas de manera frecuente, no aporta información relevante.

Algunos medios que cubrieron el acto de condena al asesinato convocado por el Ayuntamiento de L’Hospitalet recogen las declaraciones de rechazo al crimen que hizo la alcaldesa de la ciudad. Pero tampoco se aprovecha esta ocasión, el lunes después del asesinato, para incorporar voces expertas y enmarcar el feminicidio en la violencia machista que atraviesa nuestras comunidades.

En algún caso se incorpora el testimonio de una amistad de Gisele a la cobertura, una voz que puede visibilizar a las otras víctimas de la violencia machista, las criaturas de Gisele, sin vulnerar su intimidad. Esa misma noticia también saca el feminicidio del hecho excepcional al mencionar que se trata de la décima víctima mortal en Cataluña en lo que iba de año. No obstante, no apunta a las causas, ni se fija en recursos con los que pueden contar las mujeres en situaciones de violencia machista.

También se informa de manera incorrecta de que la mujer no había denunciado. En algunos casos, insistir en la no denuncia puede transmitir una sobrecarga de responsabilidad sobre las mujeres en situación de violencia machista, cuando, además, en la práctica, denunciar no es una opción que, sistemáticamente, proteja a las mujeres ante sus agresores.

Entre los medios de Brasil, la cobertura del feminicidio tuvo mayor seguimiento que en los medios españoles y espectacularizó el periplo de la familia para repatriar el cuerpo Gisele, principalmente por dificultades económicas, según se explica. Las informaciones tratan el feminicidio de la “chica que vivía en España” como un caso aislado. Se centran en quién era la joven brasileña asesinada en Barcelona, sin ninguna mención a las causas que explican los asesinatos de mujeres a manos de hombres, mayoritariamente, en el marco de la pareja.

A diferencia de los medios españoles, encontramos de manera recurrente más descripciones sobre cómo fue asesinada la mujer. Incluso una recreación con actores. También tienden a publicar fotografías de la joven, algo que no sucede en los medios locales de Cataluña ni del Estado español.

Recogen información sobre qué hacía Gisele en España y la relación de violencia en la que se encontraba, a partir del testimonio de su madre, pero no contextualizan el asesinato en el marco de la violencia machista como realidad estructural y sin fronteras geográficas.

Como buena práctica, un medio incluyó un teléfono al que las mujeres de Brasil residentes en el extranjero pueden recurrir para pedir ayuda ante situaciones de violencia machista.