Texto: Dani Domínguez

Fotografías: David F. Sabadell

Esta historia ha sido publicada en octubre de 2024.

En su página web, el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, en la Comunidad de Madrid, empezó a recopilar los nombres de las mujeres asesinadas por violencia de género en 2020. “En 2020, 43 mujeres fueron víctimas mortales oficiales de esta lacra”, se puede leer al inicio de una lista que comienza con Mónica, de 28 años, asesinada junto a su hija Ciara en Esplugues de Llobregat el 6 de enero. Apenas una semana después, en Puertollano, fue asesinada Olga, de 61 años. Después, Judith, en Terrassa, y Liliana, en La Puebla de Almoradiel.  

La iniciativa –que no responde a lacra alguna, sino a un problema estructural de esta sociedad– se terminó el 14 de marzo de 2022 con el asesinato de María Victoria, de 47 años, en Nohales. Desde entonces, el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés no ha vuelto a actualizar el listado. Como si después nada hubiese pasado. Ni tampoco antes. 

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés.

Hanae vivía allí, en este municipio de más de 7.700 habitantes, donde hoy, a mediados de octubre de 2024, llueve. Y donde hoy, diez años después, nada la recuerda. En 2014 inició los trámites para divorciarse de su marido en Marruecos, el país de procedencia de ambos. Habían convivido durante nueve años, desde que ella tenía 16, pero la situación se había tornado insoportable. En realidad, la situación había sido insoportable desde el inicio, ya que Hanae presentó su primera denuncia por malos tratos en noviembre de 2006, meses después de contraer matrimonio. Tuvieron dos hijos.

La siguiente denuncia vino cuatro años después, en octubre de 2010. Y la tercera, en abril de 2014, apenas un mes antes de que Mbarak, de 32 años, y con una orden de alejamiento en activo, acabase presuntamente con la vida de Hanae y con la de su pareja en ese momento, Mustafá. Posteriormente, se suicidó, por lo que no hubo juicio ni condena que lo declarara culpable del doble crimen.

Pintada en un muro del centro de Villarejo de Salvanés.

Hanae había sido víctima de violencia habitual durante el tiempo que duró su matrimonio. Su dependencia económica, sin embargo, la obligó a permanecer sometida a su marido. Fue ella misma quien reconoció esta situación tras la segunda denuncia que interpuso contra él, en 2010, cuando aseguró que había sido amenazada de muerte por parte de Mbarak, quien blandió un cuchillo contra ella por no querer entregarle dinero para jugar a las máquinas tragaperras. A pesar de ello, pidió que no se estableciese ninguna medida de protección: “Dice temer por su seguridad, ya que ella es económicamente dependiente”, recoge la denuncia.

En esa ocasión, su marido fue detenido, aunque manifestó no querer prestar declaración. Días después, Hanae acudió a declarar al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arganda del Rey, donde dijo que no estaba ni amenazada ni coaccionada y que su relación había ido a mejor tras denunciar los hechos. La causa quedó sobreseída.

Diferentes especialistas consultadas por el proyecto #PorTodas señalan la vulnerabilidad y la dependencia económica como una de las causas que dificulta a numerosas víctimas de violencia de género llegar a denunciar. Asimismo, consideran que la demora en el tiempo de la declaración también provoca que muchas mujeres se retracten, generalmente por miedo, por lo que reclaman mayor agilidad en los trámites y sostienen que las primeras horas tras la denuncia son claves.

Hanae aguantó en esa relación casi cuatro años más hasta que decidió divorciarse de Mbarak y volver a denunciarle por amenazas de muerte a ella y a sus dos hijos. Para ello, aportó un parte de lesiones, que, tras el reconocimiento de un médico forense, se consideró que eran compatibles con los hechos denunciados. Su todavía marido negó las agresiones y amenazas.

En esta ocasión, Hanae sí decidió solicitar orden de protección y, mientras duraba la tramitación de la causa, el juzgado acordó una orden de alejamiento de 500 metros, así como una prohibición de la comunicación, el uso y disfrute de la vivienda para Hanae y una pensión mensual de 300 euros para la alimentación de los dos hijos de la pareja. Sin embargo, mantuvo la patria potestad compartida y estableció un régimen de visitas a través de una tercera persona. Asimismo, las fuerzas y cuerpos de seguridad no consideraron “riesgo” en el caso.

Detalle del informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el feminicidio de Hanae.

La celebración del juicio se marcó para el 25 de junio, pero nunca llegó. A Hanae la encontraron muerta el 5 de mayo, en su casa de Villarejo de Salvanés, con una puñalada en la espalda, junto a su pareja en esos momentos, que también fue asesinado. Sus hijos, que dormían en una habitación contigua, fueron quienes dieron la alerta, como sucedió en otros dos casos de feminicidios ese año.

“Algo ha fallado”

“Esta víctima tenía una orden de alejamiento y algo ha fallado. Habrá que estudiar qué ha fallado para corregirlo”. Fueron las palabras de la entonces secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero. Diferentes asociaciones de víctimas de violencia de género consideraron que había existido un “error” en la valoración de riesgo y que el crimen se podría haber evitado con la utilización, por ejemplo, de una pulsera telemática. Los sindicatos policiales, por su parte, defendieron la necesidad de contar con más recursos.

A 30 de noviembre de 2023, de todos los casos activos de violencia de género incluidos en el sistema VioGén, solo un 1,05% han sido catalogados de riesgo “alto” o “extremo”, mientras que un 15,3% han sido definidos como casos de riesgo “medio”. En la inmensa mayoría, casi un 84%, no se aprecia riesgo o son de nivel bajo.

Según el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género aprobado en 2016, dos años después del asesinato de Hanae, en los casos de riesgo no apreciado o bajo, las víctimas no cuentan con ningún tipo de protección policial. Esa fue la situación a la que se enfrentó Hanae. En aquellos declarados como de riesgo medio, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben llevar a cabo una “vigilancia ocasional y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como en entrada/salida de centros escolares de los hijos”.

Si el riesgo apreciado es alto, la policía tendrá que ejercer una vigilancia “frecuente y aleatoria” en esos mismos espacios, así como un “control esporádico de los movimientos del agresor”. Solo en los casos extremos, el protocolo impone una “vigilancia permanente de la víctima”.

En su informe de 2021, el Defensor del Pueblo denunció que no se habían adoptado los compromisos de coordinación del sistema VioGén con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios y Administración de Justicia. Asimismo, el organismo también criticó la falta de mejora en la evaluación del riesgo, en la determinación del grado de protección necesaria en cada caso, o en la fijación de medidas.

Numerosas víctimas han denunciado fallos con el algoritmo de VioGén, el sistema automático que emplean las comisarías y que califica el riesgo de las víctimas de violencia de género. Un estudio elaborado por la Fundación Éticas y la Fundación Ana Bella demuestra que en el 45% de los casos las mujeres denunciantes reciben una calificación de riesgo “no apreciado”: “Esta falta de apreciación del riesgo nos lleva a pensar que existen factores que aún no se están teniendo en cuenta”, especificaban en el análisis.

Una calle del municipio.

Durante el verano de 2024, diez años después del asesinato de Hanae, un reportaje publicado en The New York Times ha vuelto a poner de manifiesto las enormes lagunas del sistema. El trabajo periodístico, con el título “Un algoritmo le dijo a la policía que ella estaba a salvo. Luego su esposo la mató” analiza los enormes fallos de un sistema que, desde 2007, ha evaluado a 247 mujeres que, después, han sido asesinadas. Según la investigación del diario estadounidense, en 55 de los 98 casos analizados, las mujeres habían recibido una calificación de riesgo no apreciado o bajo. Hanae fue una de ellas.

Su cuerpo fue repatriado a Marruecos con ayuda del consulado alauí. En España, su memoria apenas se reduce a unas pocas noticias deslavazadas que aún siguen disponibles en la red y que recuerdan que el sistema falló con ella, como ha sucedido con tantas otras mujeres antes y después.

El presunto asesino

Mbarak tenía 32 años en el momento del feminicidio y trabajaba como matarife en un matadero. Según figura en el informe del CGPJ, tenía antecedentes contra la seguridad vial, por tenencia o consumo de drogas y por denuncia falsa.

Según informaciones recogidas por la prensa tras el crimen, el presunto asesino se había mostrado muy agresivo desde que Hanae había solicitado divorciarse de él y violaba constantemente la orden de alejamiento que pesaba sobre él.

Fue encontrado ahorcado en el municipio castellanomanchego de Mondéjar.

El entorno

Según lo publicado en medios de comunicación, Hanae tenía tres hermanos, todos varones, dos de los cuales residían en Marruecos junto a sus padres, mientras que la víctima tenía algunos primos en Villarejo de Salvanés. Desde que se conoció el crimen, su familia intentó repatriar el cadáver de la joven, pero, como explicó el alcalde de la localidad, no contaban con recursos suficientes para hacerlo.

Desde el Consulado de Marruecos aseguran a #PorTodas que el Estado marroquí fue el encargado de financiar la repatriación del cuerpo de Hanae el 12 de mayo, una semana después del crimen. Fue enterrada en la localidad de Larache, en el noroeste del país, en la cual residía su familia.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, los dos hijos de la víctima fueron atendidos en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid por orden del juez a la espera de conocer si alguno de los familiares residentes en Marruecos podía hacerse cargo de los menores. #PorTodas ha tratado de contactar con el área de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid para tratar de conocer qué sucedió con ambos niños pero no ha recibido respuesta.

El tratamiento mediático

El feminicidio acaparó la atención inicial por parte de los medios de comunicación debido a la crueldad del doble asesinato, además de los evidentes fallos institucionales que habían desembocado en el crimen.

Como ha sucedido en la mayor parte de los casos analizados por el proyecto #PorTodas, la prensa facilitó datos exactos de la ubicación del domicilio de la víctima e hizo hincapié en detalles escabrosos del crimen.