Texto: Iria Comesaña

Fotografías: Álvaro Minguito

Mientras se sube desde Puerta de Purchena, el corazón de Almería, hasta las Cuevas de Marín, a apenas 20 minutos a pie, las calles se van transformando a ojos vista hasta llegar al monte, donde una decena de casetas unidas entre sí por los enganches ilegales de la luz acogen a familias sin apenas contacto con el exterior. De los elegantes edificios históricos del centro de la ciudad, de los bares y plazas llenos de gente –al filo del inicio de la alarma por coronavirus que llegaría solo unos días después–, se va pasando a un paisaje más sobrio y aceras cada vez más estrechas cuando se avanza hasta a la plaza del Quemadero, a mitad de camino.

A unas vecinas sentadas al fresco en un banco, junto a un bloque de viviendas sociales con un enorme yugo franquista en piedra, les cuesta recordar el crimen. Nunca han recorrido hasta el final el trayecto que empieza en la plaza, va cambiando los comercios tradicionales por locutorios y otros negocios generalmente regentados por personas migrantes, y termina desembocando en la montaña en la que se asientan las chabolas. Pero sí conocen de vista a una mujer que baja a diario para recoger chatarra y “buscarse la vida” pidiendo en las iglesias, a la que terminan identificando como familiar de Mariana y de su agresor.

“Al vivir en un núcleo tan aislado, lo que pasa allí no produce impacto fuera”. Solo un razonamiento así de duro permite explicar que en Almería apenas se recuerde el asesinato de Mariana en las Cuevas de Marín, un pequeño barrio chabolista de población rumana y búlgara situado bajo un ramal de la A-7, en la ladera de un monte a las afueras de la capital. Su marido, Dosanu, la mató de 49 puñaladas la madrugada del 31 de mayo de 2014 y le quemó su carta de identidad sobre el muslo derecho, mientras los dos hijos de la pareja, de 8 y 10 años, dormían al lado, en la precaria caseta de madera y plástico que compartía la familia.

Luego le extirpó los ojos para llevárselos a su hermano –el cuñado de Mariana–, se los mostró anunciándole el crimen y, antes de huir, le pidió que se hiciera cargo de los niños. Escapó en taxi hasta Níjar, donde cogió una furgoneta que encontró con las llaves puestas, y condujo hasta que tuvo un accidente entrando en Murcia. Allí paró a un conductor y lo obligó a acompañarlo hasta Valencia, donde al día siguiente fue detenido por los Grupos Especiales (GOES) de la Policía Nacional. Habían montado un dispositivo para capturarlo, a la vista de su peligrosidad y de la orden internacional de detención dictada para evitar que regresara a Rumanía, de donde era la pareja.

Mariana tenía 32 años y fue la primera víctima mortal de la violencia machista en Almería en 2014, la quinta en Andalucía y la número 27 en España. No está enterrada en la ciudad en la que fue asesinada: su cuerpo fue repatriado a su país natal. Sus hijos también fueron enviados con sus familiares de vuelta a Rumanía.

Tres años y medio después, su agresor fue condenado en firme por el Supremo a 20 años de prisión por el asesinato, a cuatro años y medio por el robo del vehículo, a diversas multas por los demás delitos cometidos durante su huida y a indemnizar con 140.000 euros a cada uno de sus hijos, aunque se le declaró insolvente.

Mariana había llegado a Almería con sus hijos hacía apenas cinco años, se había instalado en una caseta cerca de la familia de su marido, y él se les había unido después. Vivían de la mendicidad, de lo que ella ganaba en negro limpiando una casa en el centro, de alimentos donados por ONG y de la ayuda familiar de los servicios sociales municipales, a los que había acudido por su precaria situación económica. Pero nunca denunció malos tratos, ni en esos mismos servicios sociales, ni en el Instituto de la Mujer, ni en cualquier otro dispositivo contra la violencia de género, incluida la Policía.

Mariana era la que llevaba a diario al colegio a sus dos hijos. Por ese recorrido que hacía dos veces al día la recuerdan algunos vecinos, aunque no cruzaran palabra con ella.

En ese entorno cerrado se produjo el crimen, que nadie escuchó esa noche, a pesar de su brutalidad. La sentencia recoge que él pretendió justificar que cometió el feminicidio por una “supuesta infidelidad”.

El abogado de oficio de Dosanu, el reconocido penalista José Ramón Cantalejo, basó la defensa en que el agresor pertenecía a una minoría étnica perseguida históricamente y que, al vivir de una forma muy endogámica, aún pervivía en algunos de sus miembros el anacrónico concepto del “crimen de honor”, que fue lo que el agresor intentó esgrimir en el juicio para justificar el asesinato machista.

“Su testimonio llamó la atención del tribunal porque admitió todo lo ocurrido y no se mostró arrepentido en absoluto. No entendía que se le juzgara porque, para él, lo que había hecho era lo que cualquiera haría en su situación. Hay que tener en cuenta que era una persona analfabeta funcional, con un problema con el alcohol y capacidades muy precarias”, explica su letrado, que ante la crudeza del crimen y su nula justificación insiste: “Todo el mundo tiene derecho a una defensa, y yo lo defendí de la mejor manera que fui capaz”.

Cantalejo esgrimió el alcoholismo como atenuante durante el juicio, pero el tribunal consideró que no había quedado acreditado. Los familiares del agresor tampoco intentaron protegerlo: su hermano fue quien llamó a la Policía tras el crimen, y declaró explicando lo ocurrido a los investigadores, aunque no se presentó como testigo al juicio en ninguna de las dos ocasiones en las que fue citado.

En febrero de 2017, Dosanu fue enjuiciado por el asesinato y por el resto de los delitos que cometió para escapar: primero se llevó una furgoneta que estaba en la calle con la puerta abierta y las llaves puestas, y la condujo hasta volcar en una cuneta. Entonces paró a un coche que se detuvo a socorrerlo y amenazó al conductor poniéndole un cuchillo en el cuello, haciéndole una herida, para obligarlo a viajar con él, como copiloto. Lo dejó en libertad cuatro horas después, al sufrir el reventón de una rueda y tener que abandonar el vehículo. Pese a acudir como testigos al juicio, los propietarios de los vehículos implicados renunciaron a recibir ninguna indemnización.

“Puede que sea el caso más desagradable que he llevado en más de 30 años de ejercicio”, afirma el abogado que representó de oficio a la familia de Mariana, José Luis Labraca, por las circunstancias de violencia y exclusión que rodearon la historia. Ejercer la acusación por el asesinato, técnicamente, fue un asunto “sencillo”: el agresor estaba detenido y admitía los hechos, y había además pruebas claras. Pero tuvo que afrontarlo en solitario: ningún familiar participó en la toma de decisiones durante los tres años y medio del procedimiento judicial. Pese a que envió numerosas cartas para informar a unos parientes que vivían en Italia, todas ellas le llegaron devueltas.

La familia solo lo llamó en una ocasión antes del juicio, primero hablando en una ininteligible mezcla de rumano e italiano, según explica el abogado, y luego a través de alguien que sí se defendía en español. “Como abogado no es problema no tener con quién consultar las decisiones, he tenido autonomía para decidir con criterio profesional qué condenas pedía y cómo las pedía”, concluye Labraca, pero finalizado el asunto hace una reflexión: “Me gustaría que en casos como este se valorara el trabajo de los abogados del turno de oficio, porque hacemos todo lo posible por que se haga justicia”.

Al ser firme la sentencia, el abogado volvió a escribir a los parientes en Italia y a los tutores de los menores, a través del Consulado de Rumanía, para comunicarles la condena definitiva. Esta incluye importantes indemnizaciones a los dos hijos de la pareja, que podrían reclamar subsidiariamente al Estado como víctimas de delitos violentos ya que el agresor es insolvente. Tampoco ha recibido respuesta.

Tras la muerte de su madre y la entrada en prisión de su padre, los hijos de la pareja fueron acogidos brevemente por la Junta de Andalucía, y repatriados con rapidez a Rumanía. Su padre no volvió a verlos desde la noche del asesinato, aunque pidió insistentemente a su abogado que fuesen a visitarlo a prisión.

Aunque en principio se informó de que el Ayuntamiento de Almería asumiría los gastos del entierro de la joven, sus restos mortales fueron finalmente trasladados a Rumanía por deseo de su familia.

La Diputación y el Ayuntamiento de Almería guardaron un minuto de silencio, como cada vez que se produce un asesinato machista en la provincia. La Plataforma de Acción Feminista, que aúna a representantes del área de Igualdad o de la Mujer de las organizaciones políticas, sindicatos y colectivos sociales de Almería, convocó el suyo al día siguiente por la tarde, como también suele hacer. Y en este caso, hubo otra concentración en el colegio donde estudiaban los niños. El Defensor del Pueblo Andaluz abrió una queja de oficio, como también ocurre con cada muerte por violencia de género, pero dado que la joven nunca había denunciado maltrato ni pedido ayuda, el informe se cerró sin recomendaciones.

El rastro de este caso en la ciudad acaba ahí. No hay símbolos en Almería que recuerden este asesinato, ni el de ninguna de las 35 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en la provincia desde que empezaron a contabilizarse, en 2003. Tampoco hay lugares o actividades de referencia contra estos crímenes, aparte del minuto de silencio institucional y el de la Plataforma de Acción Feminista.

“No hay calles ni plazas rotuladas con nombres de víctimas de la violencia machista, como tampoco los hay de mujeres feministas… Fíjate que el paseo marítimo se llama Carmen de Burgos pero nadie lo sabe”, asegura María Rodríguez Rodulfo, de la asociación Cafés Feministas, que desde la universidad intenta crear conciencia social mediante la educación y la pedagogía. “En Almería no se hacen homenajes a las mujeres asesinadas. Sí se celebran el 8 de marzo y el 25 de noviembre, y algunas entidades feministas estamos intentando impulsar en estas fechas actos con más participación ciudadana, sobre todo a partir del boom de 2018, pero el feminismo en Almería tiene todavía mucho camino que recorrer”, se lamenta. “Las peculiaridades sociales de esta ciudad nos frenan, esto no es como otros sitios: yo veo las manifestaciones de Sevilla y me dan envidia, aquí apenas nos juntamos unas cuantas, y siempre tenemos muchas trabas de las instituciones, incluso para conseguir permisos para las actividades”, concluye.

La falta de referentes visibles se nota en detalles como que no se ven lazos morados o murales contra las violencias machistas en espacios públicos, como los que en los últimos años han proliferado en muchos municipios. Desde los Cafés Feministas señalan que en Almería solo conocen un proyecto parecido, el que la ilustradora Tati Salvador está realizando en centros educativos con fondos del Pacto de Estado. Son murales ideados por la artista y luego consensuados y pintados de la mano del alumnado. Fue una iniciativa que ella misma, que suele trabajar desde el feminismo, propuso a las escuelas una por una. En el IES Al Ándalus de la capital terminaron en marzo un dibujo con el que se intentan desmontar los mitos del amor romántico a través de un sufrido Cupido al que el peso de los mitos le impide volar.

La integrante de la Plataforma de Acción Feminista Paqui Rueda sí recuerda bien el asesinato, porque vive muy cerca, en la calle que desemboca en el asentamiento. Pasea a diario a sus perros en el parque que separa su casa de las chabolas. Por eso conoce de vista a la habitante que baja al centro a buscarse la vida, que además suele actuar de intermediaria cuando alguien del exterior necesita acercarse al lugar. “En el barrio el crimen fue muy sonado porque fue brutal, pero ahí se quedó, al ser una zona tan marginal. Ni allí entra nadie, ni son personas que se relacionen con el resto de la ciudad”. Aunque confirma que tampoco otros feminicidios ocurridos en Almería se han recordado de ninguna forma, salvo el minuto de silencio institucional y el de la Plataforma Feminista, considera que en este caso hay que ir más allá, porque evidencia hasta qué punto la desprotección de las mujeres ante la violencia machista se incrementa con el aislamiento que implican la pobreza y el aislamiento social.

Este lugar, las Cuevas de Marín, apenas ha sido pisado por nadie que no viva ahí. Cuando hace más de una década los anteriores habitantes fueron realojados en viviendas sociales y otras familias búlgaras y rumanas volvieron a asentarse, Almería Acoge trabajaba con ellas. Pero con el tiempo, los residentes “optaron por la autogestión”, resume Pilar Castillo, dinamizadora comunitaria de Almería Acoge desde hace más de 30 años, y quien pronuncia el primer testimonio de este reportaje: “Al vivir en un núcleo tan aislado, lo que pasa allí no produce impacto fuera”. Ella también se cruzaba con Mariana cuando llevaba a sus niños al colegio, en el que coincidían con los críos de las familias atendidas por Almería Acoge. Pero al morir su madre también perdió su rastro, porque los menores dejaron el centro para regresar a Rumanía. “En el asentamiento la recordarán, por supuesto, pero ahí se quedará el recuerdo”.

El asesino

Dosanu, que también tenía 32 años cuando cometió el asesinato, cumple condena en una prisión al norte del país después de haber sido cambiado de centro muchas veces. En la actualidad está clasificado en primer grado, el régimen más restrictivo del sistema penitenciario, a causa de su comportamiento como interno. Estar en primer grado le impide acceder a permisos de salida y otros beneficios de la cárcel.

La sentencia del asesinato recoge que tenía antecedentes penales, que no se detallan porque no se podían tener en cuenta a efectos de reincidencia, al tratarse de delitos totalmente distintos o por haberse cancelado una vez pasado el tiempo suficiente. No consta que trabajara en el momento de cometer el crimen.

La Administración

La web de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería tiene un contador de las mujeres asesinadas por la violencia de género, los menores asesinados y los que se han quedado huérfanos en lo que va de año. En ella aún figuran las actividades con las que se conmemoró el pasado 8 de marzo, entre ellas los VIII Premios del Día de la Mujer, la lectura de un manifiesto, la Carrera Solidaria de la Mujer, un concierto de la Banda Sinfónica Municipal, un espectáculo flamenco o varios talleres de temática feminista realizados conjuntamente con la Eracis, la estrategia para zonas desfavorecidas de la Junta de Andalucía. La página también recoge los recursos del área de Igualdad, incluidos los tres Planes de Igualdad del municipio, y específicamente contra la violencia de género.

En cuanto al presupuesto destinado a este ámbito, el Ayuntamiento indica que en 2019 el contrato para la gestión de los dos Centros de la Mujer tuvo una partida de 325.000 euros, y el resto de fondos se dividió entre las actividades del área de Políticas de Igualdad (23.000 euros), las actividades formativas en Igualdad y Violencia de Género (20.000 euros), un Homenaje a la Mujer (18.000 euros), el certamen Miradas Adolescentes del 25-N (15.000 euros), y la Carrera Solidaria de la Mujer del 8-M (3.000 euros). Para el actual ejercicio, el Ayuntamiento ha anunciado un incremento del 8,33% en el presupuesto del Área de Familia e Igualdad, en el que la subida más espectacular es la de la partida destinada a actividades formativas en igualdad y contra la violencia de género, que pasa de 20.000 a 332.671 euros.

El Ayuntamiento recibe una subvención de 51.000 euros del Pacto de Estado del Ministerio, de los que 15.000 euros se destinan a la Policía Viogen y el resto a la programación de educación en valores que se lleva a cabo en centros educativos, a formación y a divulgación. También se recibe una subvención de 20.000 euros del Instituto Andaluz de la Mujer que complementa estas acciones.