María Dolores

Dejando atrás la Gran Vía, y bajando por Rambla Prim, se encuentra a mano derecha una pequeña isla formada por cuatro calles paralelas de casitas bajas. Un oasis urbano que conforma el núcleo antiguo del barrio del Besòs, en la borrosa frontera entre Barcelona y el municipio de Sant Adrià. En esta pequeña comunidad vivía María Dolores, asesinada por su pareja, Juan José Fernández Muñoz, en la madrugada del 28 de marzo de 2014.

Ella tenía entonces 54 años. Quedaron sin madre seis hijos e hijas, tres de los cuales eran fruto de un matrimonio anterior. El feminicidio puso fin a casi tres décadas de una relación sentimental en la que, según recogieron posteriormente las sentencias condenatorias, fueron frecuentes las discusiones y las peleas. Entre múltiples violencias, hubo amenazas de muerte y graves agresiones físicas.

Conjunto de casas cercanas a la Rambla de Prim, en el barrio del Besòs.

En la víspera del asesinato, la tensión estalló por última vez bajo el ridículo pretexto del tiempo invertido por María Dolores en preparar una sopa. Se sumó a la ira del agresor la incomprensión de las razones por las que la mujer se había ausentado del domicilio en un momento determinado de esa tarde. En el juicio, uno de los hijos de Maria Dolores, que residía también en el domicilio, declararía que aquel día se vio obligado a enviar al hombre a su habitación, ante la agresividad que mostraba hacia su madre. Horas después, la agresividad culminó en feminicidio.

Cuenta Merche Rodríguez, vecina del Besòs, que María –“la conocíamos por María”– era una mujer fuerte, con la que se podía hablar de cualquier cosa. En el barrio habían coincidido “toda la vida”, pero fue en los últimos años de María Dolores cuando se aproximaron y se conocieron mejor. “La vida le jugó una mala pasada”, apunta Merche. María Dolores comenzó a acudir al comedor social El Gregal, un proyecto que cada mediodía ofrece comida a vecinas y vecinos sin recursos. Merche es una de las impulsoras y cara visible de ese comedor, y fue en ese espacio donde entabló una relación más cercana con ella.

“Siempre decía que su marido no estaba bien de la cabeza”, recuerda Merche. “Venía a buscar la comida y el hombre se quedaba fuera, siempre con traje, bien puesto; nunca andaba con ella, siempre caminaba detrás”, añade. La comida se la llevaba a casa, espacio de encuentro y convivencia de toda la familia.

Ropa tendida en una casa del barrio del Besòs.

David, profesional del ámbito social que trabaja en el cercano barrio de la Mina, ya en el municipio de Sant Adrià, tuvo contacto con la historia de María Dolores a través del relato de un familiar cercano que, de luto riguroso, le contó lo sucedido poco tiempo después. Le explicó que María Dolores estaba siempre cuidando de su familia, de sus hijos e hijas; de su madre, que era invidente.

Cinco años después, David se pregunta qué habría pasado si, en lugar de haber vivido al oeste de Rambla Prim, el domicilio de la pareja hubiera estado en la Mina, donde reside gran parte de la familia extensa de María Dolores. “No lo sabemos, pero tal vez si hubieran vivido en el barrio se hubiera solucionado, porque la comunidad gitana tiene herramientas”, apunta.

Tanto María Dolores como su agresor eran de etnia gitana, y varias voces expertas sugieren que ese elemento debe ser tenido en cuenta a la hora de abordar situaciones de violencia machista. En 2012, la Fundación Surt publicó al respecto una guía que advierte de que los servicios externos, públicos, no se ajustan a las necesidades de las mujeres gitanas. El documento recogía que las comunidades gitanas tienen, como expone David, estrategias internas de resolución de conflictos, aunque apuntaba también que estos mecanismos no siempre son efectivos a la hora de dar respuesta a una situación de violencia machista. Igualmente, la guía advertía de que los servicios externos, públicos, no se ajustan a las necesidades de las mujeres gitanas. Entre los principales problemas, el documento señala “el desconocimiento de la cultura gitana y la incomprensión de las repercusiones que la violencia tiene sobre la vida de las mujeres y de la comunidad en general”.

Casas del barrio del Besòs.

Los interrogantes que abrió el asesinato de María Dolores —¿qué se podría haber hecho para evitarlo?, ¿pidió María Dolores ayuda?, ¿por qué no logró salir de esa situación de violencia?— son ahora difíciles de explorar. De hecho, los intentos de contactar con familiares directos para este reportaje han sido infructuosos. No es nada excepcional: el silencio acompaña a menudo a los feminicidios. Lo explica Laia Rosich, psicóloga y consultora especializada en violencias machistas: “Entre la vergüenza, la culpa, el aislamiento y el miedo, la violencia siempre es difícil de nombrar. Cuando eso se suma a nuestra cultura de la muerte, teniendo en cuenta que en este caso hablamos además de un asesinato, el silencio se hace enorme”.

Violencias previas

En la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona contra Juan José Fernández, confirmada posteriormente en instancias superiores, el agresor fue condenado no solo por un delito consumado de asesinato, sino también por un delito de violencia física y psíquica habitual. La resolución recoge “la repetición de conductas concretas de amenazas, también de muerte, y el maltrato físico reiterado”, lo que generó “una situación de constante imposición y dominio sobre la mujer”.

Los Mossos d’Esquadra tuvieron conocimiento de la relación de abuso que sufría María Dolores por parte de su marido dos años antes del feminicidio. El 4 de febrero de 2012 fueron alertados por el vecindario porque en el portal del domicilio de la pareja se encontraba gritando el agresor, reclamando entrar en casa. La policía, con la ayuda de una vecina, consiguió que se marchara. Fue por poco tiempo: finalmente, el agresor logró que una nieta menor de edad le abriera la puerta de la vivienda, donde se encontraban también otras dos nietas y un hijo. Ese día, María Dolores relató a los agentes las violencias cotidianas que sufría, y manifestó sentir miedo por su vida y la de sus familiares.

Tras ese episodio, María Dolores decidió no actuar judicialmente contra su marido. Hubo una denuncia por parte de Mossos, pero ella no quiso declarar, denunciar o solicitar una orden de protección. Rosich subraya que la ausencia de denuncia es muy habitual, y conecta con la falta de confianza que las mujeres tienen en relación a todo el circuito, especialmente al sistema legal y policial. En 2014, dos tercios de las mujeres asesinadas por violencia de género no habían presentado denuncia.

Las amenazas del agresor se cumplieron, como ya se ha señalado, el 28 de marzo de 2014. Esa mañana, el cuerpo sin vida de María Dolores fue hallado en su habitación, en su cama, por uno de sus hijos. El asesino había cerrado con llave la puerta del cuarto que compartían y había huido hacia Jaén.

El asesino

Juan José Fernández Muñoz era natural de Alcalá la Real (Jaén), y fue cerca de su tierra de origen donde buscó refugio tras el asesinato de su esposa. Tomó un tren a Granada y se escondió luego en Mengíbar, también en la provincia de Jaén, donde fue detenido a los pocos días por la Guardia Civil. En ese momento, Fernández acumulaba ya una larga lista de antecedentes, también por homicidio. Tenía registradas hasta 27 detenciones.

Actualmente cumple su condena en el centro penitenciario de Lledoners, cerca de Manresa (Barcelona).

La sentencia

El proceso judicial por el asesinato de María Dolores se alargó durante prácticamente tres años. La primera sentencia, de la Audiencia Provincial de Barcelona, fue dictada en enero de 2016. Por el delito de asesinato, con la concurrencia de las circunstancias agravantes de parentesco y reincidencia, fue condenado a 25 años de cárcel, a los que se sumaron dos años más por el delito de violencia física y psíquica habitual. Además, el fallo prohibió a Juan José Fernández aproximarse, durante 35 años, a menos de 1.000 metros de cualquiera de las seis hijas e hijos de María Dolores, y estipuló una indemnización de 50.000 euros para cada una de ellas y ellos.

Esa sentencia fue recurrida por Fernández en dos ocasiones. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en julio de 2016, y el Tribunal Supremo, en marzo de 2017, rechazaron las demandas del asesino. En ambos casos, el condenado solicitó entre otros el atenuante por consumo de drogas o bebidas alcohólicas, así como por arrebato u obcecación, que le habían sido ya denegados en el primer fallo.

En relación a esta última cuestión, los dos fallos hicieron referencia a la consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual los celos –más allá de los casos en los que son el síntoma de una enfermedad patológica perfectamente probada– no pueden dar lugar a la atenuante de arrebato u obcecación. En la sentencia de marzo de 2017, el Supremo insistió en que “las personas deben comprender que la libre determinación sentimental de aquellas otras con las que se relacionan no puede entrañar el ejercicio de violencia alguna en materia de género”.

El entorno y la familia

“Le has quitado la vida a esa mujer, les has quitado la vida a su padre, a su madre, a su hermano, porque están todos… Ya te puedes ir al fin del mundo. Lo sabes, ¿no?”. La frase se la dijo un familiar al agresor la misma tarde del asesinato. En pocas palabras, ponía el acento en el impacto comunitario de las violencias machistas que, si bien afectan de forma central a las mujeres que las reciben, son generadoras también de dolor y sufrimiento en todo el entorno.

En el caso de las sociedades gitanas, además, el impacto colectivo de las violencias está marcado por el fuerte peso de la comunidad y la familia en la estructura social. Por eso, tras el feminicidio de María Dolores no solo se fue “al fin del mundo” el agresor. También se marchó su familia que, con el tiempo, ha ido regresando. En general, la salida del territorio es un mecanismo que utilizan las comunidades gitanas para pacificar y evitar la escalada de conflictos, así como para mostrar respeto hacia las familias que han sido agraviadas. Se desconoce, en este caso, cómo ha sido el proceso de salida y regreso de la familia de Juan José Fernández.

En cuanto al barrio, Merche recuerda haber recibido la noticia como algo “muy fuerte”. “Para la gente que conocíamos a María, fue impactante; yo no me lo esperaba”, añade. “En ese momento no había mucho movimiento feminista”, según relata, pero sí se hizo una concentración de protesta y rechazo.

La Administración

En 2014 se cometieron en la ciudad de Barcelona cinco feminicidios oficiales, es decir, cinco asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Hubo además, según datos del portal Feminicidio.net, otros tres ese año. Son las cifras más altas que se han registrado desde 2010 hasta ahora, tanto de casos oficiales como en total.

El Gobierno municipal ha realizado desde entonces cambios importantes en relación con el abordaje de las violencias machistas. Laia Rosich, que además de consultora especializada en violencias machistas es una de las coordinadoras del Eje de Feminismos y LGTBI de Barcelona en Comú, explica que en 2014 estaban aún con servicios relativamente “diseminados, precarios y pequeños”, pero se había empezado a trabajar para agrupar estos servicios y crear una estructura más coherente y eficaz.

En noviembre de 2015, ya con Ada Colau en la alcaldía, se impulsaron una serie de medidas para reforzar el abordaje integral de las violencias machistas en la ciudad. Entre las más conocidas, se encuentra el crecimiento sostenido del presupuesto destinado a prevención, atención y recuperación. En 2019, el importe para esta partida se había incrementado más del doble respecto a la cifra de cinco años atrás.

Específicamente en el ámbito de los feminicidios, destaca la aprobación en 2016 de un protocolo de luto de la ciudad contra las violencias machistas. Rosich señala que el documento tiene dos objetivos: acompañar a la familia y gestionar el impacto comunitario de la mejor manera posible, por un lado, y, por otro, posicionar políticamente a la institución en contra de estas violencias.

Más recientemente, en febrero 2019 se aprobó una instrucción municipal que establece los criterios para el ejercicio de acciones judiciales y de personación del consistorio en procedimientos judiciales de jurisdicción penal. Entre los ámbitos prioritarios para el ejercicio de la acusación popular, la medida recoge los presuntos delitos relacionados con la violencia de género.

Para Carla Vall, abogada penalista especializada en género, el hecho de que el ayuntamiento pueda personarse como acusación popular ante un feminicidio es una fórmula “muy interesante”. Así, sugiere, “la administración puede velar de una forma distinta de la que lo puede hacer Fiscalía, hacer un acompañamiento y dotar al proceso de una óptica feminista, que no tiene por qué tener Fiscalía”.

Vall advierte, sin embargo, de que hay mucha discusión jurídica sobre esta cuestión, porque la administración pública ya está presente en estos procesos a través de la representación del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, insiste: “La personación de una acusación popular por parte de un ayuntamiento o de una comunidad autónoma debe aportar algo más, y aquí radica el trabajo. Las administraciones han de plantearse qué están buscando.”

En cuanto a la incorporación de la interseccionalidad en el abordaje de las violencias machistas, el trabajo del ayuntamiento tiene todavía por delante un largo recorrido. Es una cuestión de la que se hace eco la hoja de ruta de lucha contra las violencias machistas que el gobierno municipal ha trazado para el período 2019-2023. Proporcionar a las mujeres un apoyo que se adapte a sus necesidades específicas, y que incluya una comprensión de la diversidad cultural y social, sigue siendo en palabras de Rosich “un reto enorme”.

Paqui Perona, técnica de Fundación Surt, ahonda en ese reto: “A la hora de abordar las violencias machistas, se debería tener en cuenta que no existe una sola violencia, sino que las violencias son múltiples. Cuando perteneces a una minoría étnica y eres pobre, las violencias se pueden multiplicar, y no solo por parte de tu pareja, sino también por parte del sistema, la sociedad, los recursos a los que acudes, el mercado de trabajo, los dispositivos de salud…”.

En muchos casos, explica Perona, las mujeres gitanas que sufren violencia no acuden a los recursos públicos, sino que optan por herramientas de su comunidad. “Son los casos que nadie conoce”, apostilla. No obstante, denuncia que cuando una mujer gitana decide acudir a los servicios públicos, se encuentra con protocolos que pretenden ser universales pero que, en realidad, se han establecido “desde los valores y las lógicas de la sociedad mayoritaria”. Pone como ejemplo el modelo de casas de acogida, que “no suele funcionar en una sociedad comunitaria”.

En una línea similar, desde la Fundación Secretariado Gitano señalan la importancia de que las y los profesionales que trabajan en violencias machistas dispongan de competencias interculturales. No se trata solo de conocer la cultura gitana, que no es homogénea ni puede sintetizarse en una suerte de decálogo, sino de desarrollar una competencia de escucha activa que permita acompañar a cada mujer según sus necesidades.

Tratamiento mediático

El asesinato de María Dolores fue cubierto por medios tanto de ámbito estatal como específicamente catalanes y andaluces. Hubo noticias el día mismo del feminicidio y los días posteriores, hasta la detención de Juan José Fernández en Mengíbar. Algunos medios publicaron la dirección exacta y la fotografía del domicilio de la pareja. No se tiene constancia de que los medios publicaran información de la condena que dictó la Audiencia Provincial de Barcelona ni de su confirmación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sí queda en las redes una noticia de El País y otra del diario Jaén publicadas tras la sentencia del Tribunal Supremo, en 2017.