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Adolfina

Asesinada en Madrid
en junio de 2014. Hallada el 25 de noviembre.

Texto: Merche Negro
Fotografías: Elvira Megías

Esta historia fue publicada en mayo de 2023.

Desde hace ocho años, a Leonarda le persigue una idea en forma de “culpa”: convenció a su nuera Adolfina para que viniera a España con su nieta Argelys en busca de una vida mejor, donde ella vivía desde hacía ya casi una década. Su hijo, el padre de la niña, había muerto. Adolfina decidió dejar su país de origen, República Dominicana, y posteriormente se trajo a su hija, a Argelys, quien se había quedado con su abuela materna mientras tanto. El encuentro entre madre e hija se produjo en 2012 en Madrid. 

Adolfina trabajaba de interna entre semana en una casa y, aunque contaban en todo momento con la ayuda de la abuela Leonarda, la pequeña dormía en régimen de semi residencia de lunes a viernes en el colegio donde estudiaba. Dos años después, en 2014, una con 32 años y la otra con 9, fueron asesinadas por la pareja en ese momento de Adolfina, Raúl, de 30 años. 

Los hechos ocurrieron entre la noche del 29 al 30 de junio de 2014, justo en los días en los que Adolfina, que había dado una entrada para un piso en su país de origen, había decidido realizar el viaje contrario: regresar a República Dominicana con su hija en busca, nuevamente, de una vida mejor. Sus cuerpos fueron localizados meses más tarde en un campo en Zamora, en noviembre de 2014.

Leonarda vive con la sensación de injusticia permanente. ELVIRA MEGÍAS

Por eso el día en que ambas desaparecieron, la casa donde vivían estaba llena de maletas. Y por eso Leonarda, entonces con 58 años, supo desde el primer momento que algo había ocurrido. Seis meses antes, el 16 de enero de 2014, ella misma había acudido a los juzgados de Plaza de Castilla a denunciar a Raúl por maltrato continuado a su nuera y a su nieta. Por aquel entonces las denuncias aún se escribían a mano y ella cometió un error, según fuentes conocedoras del caso: cambió una consonante, una v por una b, al escribir su dirección en el distrito de Arganzuela.

En el mismo papel autocopiativo y con fondo amarillo tan habitual en los juzgados, a dos centímetros de esa errata, se ve su teléfono de contacto. Un poco más abajo, en la parte del folio para relatar la denuncia, se puede leer sin ninguna dificultad el siguiente texto bajo el nombre de Raúl: “El denunciado convive con mi nuera. La ha golpeado a ella y a su hija, que es mi nieta, la grita constantemente a las dos. La niña no es hija de él, lo rompe todo en la casa violentamente. La niña le tiene mucho miedo. No obstante hasta a mí me amenaza que me va a cortar la cabeza si ella lo deja”.

Lo que ocurrió fue calificado años después por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia como “funcionamiento anormal de la justicia”: se envió un burofax para citar a denunciante y denunciado que nunca llegó a su destino por ese mínimo error en la dirección. La denuncia terminó archivada, nadie llamó al teléfono de Leonarda para contrastar el nombre de la calle. Seis meses después, Raúl asesinó a Adolfina y a Argelys.

María Ángeles Jaime de Pablo y María Belén Martín María se hicieron cargo de la acusación particular de Leonarda en el juicio posterior desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis. María Ángeles considera que este “mal funcionamiento” es muy posible que marcara lo que vino después. “Si le hubieran citado a declarar como presunto investigado en aquel enero, aunque luego no hubiera habido cargo, al poner el foco sobre él se habría evitado que las asesinara con tal nivel de impunidad”. Es difícil pensar que esa denuncia, de avanzar, hubiera resultado inocua en el devenir de los acontecimientos.

La menor, que era la que primero viajaría, no llegó a coger el vuelo de vuelta a Santo Domingo: desde allí avisaron a la abuela de que la niña no había llegado. Y cuando Leonarda acudió al piso de Vallecas donde vivían madre e hija, encontró las maletas allí. Adolfina tampoco había acudido a la casa donde trabajaba, y una compañera junto con Leonarda dieron la voz de alarma a las autoridades. Adolfina fue una de las cuatro mujeres extranjeras asesinadas por un ciudadano español en 2014. El 78% de los agresores ese año fueron españoles. Y en el 74% de los casos, tanto víctima como asesino eran de nacionalidad española. 

Raúl fue interrogado y dijo no saber nada, además de introducir una sospecha sobre vínculos de Adolfina con el narcotráfico que, inexplicablemente para las abogadas, frenó las posibles pesquisas sobre violencia de género. A todo el despropósito se suma la vulnerabilidad que, como explican distintas especialistas en violencia de género, sufren las mujeres migrantes. Acompañadas por la plataforma SOS. Dominicanos por la Causa, la familia de las víctimas llegó a anunciar una denuncia por racismo y negligencia que nunca prosperó, y que no suscitó el interés de ningún medio. 

Quiero pensar que hoy en día, si esto pasara, se acelerarían las cosas al ver esa denuncia desatendida seis meses antes”, reflexiona María Ángeles. Además, el asesino, hoy encarcelado, había sido denunciado años antes, en 2007, por una pareja anterior por supuestas amenazas y publicación de fotos íntimas, aunque no llegó a ser condenado. Hoy, en 2023, existe por ejemplo un protocolo que permite a la policía alertar a víctimas de violencias de género si sus agresores son reincidentes. Eso sí, sólo se puede hacer ante denuncia. Adolfina nunca denunció maltrato alguno.

La abogada María Ángeles Jaime de Pablo. ELVIRA MEGÍAS

Este fue un caso muy mediático durante un mes, el de noviembre de 2014, cuando aparecieron los cuerpos decapitados en un pozo del pueblo familiar del asesino, San Vicente de la Cabeza, en Zamora. Hasta septiembre, tres meses después de la desaparición, la brigada de la Policía Nacional especializada en homicidios no aceleró las pesquisas. Entonces triangularon las señales de los teléfonos móviles de madre e hija que desaparecieron en un punto de la provincia de Ávila la noche del 29 al 30 de junio, muy alejados del aeropuerto de Barajas, y en el camino hacia Zamora. Pocas semanas después, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, encontraron los cadáveres con un alto grado de descomposición, lo cual dificultó mucho los trabajos forenses para establecer las causas de la muerte. 

Únicamente se tiene una narración de lo que ocurrió, la del propio Raúl Sánchez, que contó sin aceptar preguntas su versión y que usó ese acto para conseguir una reducción de pena por atenuante de confesión. La Audiencia Provincial de Madrid lo condenó en marzo de 2017 a 19 años por el asesinato de Adolfina y 18 por el de la niña, aunque un posterior recurso de sus abogados redujo la pena a 18 años y medio y 14 años, respectivamente.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid retiró los agravantes de alevosía al considerar que no quedaba acreditada puesto que no hubo más testigos de lo ocurrido que el asesino y no tenía parentesco con la menor. De acuerdo al Código Penal, de los 32 años y medio de prisión, solo cumplirá un máximo de 25. La justicia también lo condenó a pagar 60.000 euros a cada uno de los dos progenitores de Adolfina, y 45.000 a Leonarda por su nieta.

Se interpuso un segundo recurso por Themis junto con la defensa de los padres de Adolfina desde República Dominicana, suplicando por el reconocimiento de maltrato continuado. También fue rechazado, ya por el Tribunal Supremo, en mayo de 2018.

“La policía es también asesina de mi nieta y mi nuera”, repite Leonarda varias veces sosteniendo la mirada de quien la quiera escuchar. Es la misma frase que recoge el parte del SUMMA 112 de aquel día de noviembre en que aparecieron los cuerpos y en la que tuvo que ser atendida de emergencia por shock traumático. Y es también la misma frase que recogen como titular varias entrevistas que dio los meses siguientes, durante el juicio en 2017.

Leonarda denunció el maltrato seis meses antes del asesinato de su nieta y de su nuera. ELVIRA MEGÍAS

Las personas que le sirven de red y de entorno de cuidados en su barrio de Arganzuela relatan que actualmente tiene aún muchas secuelas coincidentes con el estrés postraumático, que le cuesta dormir, que se pasa horas y horas ante la pantalla de televisión. “Dicen que están excarcelando a los asesinos”, cuenta Leonarda refiriéndose a lo que ve en la pantalla, siempre encendida. María Ángeles le dice cada vez que la llama que no, que no hay ningún cambio en la sentencia, que el asesino sigue entre rejas. “¿Puedes ir tú a verle a la cárcel?”, pregunta en la entrevista que concede al equipo de PorTodas. Se muestra firme e insiste en que quiere que cumpla lo que ella quería, cadena perpetua: “Que no salga. Con estas cosas que se escuchan, no sé si le van a sacar”.

Violencias previas

El agresor fue denunciado por una expareja anterior en 2007. Dos años después de que finalizara la relación, la mujer descubrió que había colgado varias fotos íntimas suyas en una página de contactos. La víctima relató asimismo que la había estado amenazando de muerte con mensajes y que lo había visto cerca de su casa. Él negó todos los hechos y se le denegó la orden de protección solicitada por no resultar acreditada la situación de riesgo de la víctima. El Ministerio Fiscal tampoco apreció riesgo. En 2009 fue condenado por revelación de secreto, aunque fue absuelto del delito de coacciones, maltrato y amenazas.

Con respecto a Adolfina y Argelys, en enero de 2014, seis meses antes de ser asesinadas, Leonarda, la abuela paterna, acudió al Juzgado Decano de Madrid e interpuso una denuncia que decía así: “La ha golpeado a ella y a su hija, que es mi nieta, la grita constantemente a las dos, la niña no es hija de él, lo rompe todo en la casa violentamente. La niña le tiene mucho miedo. No obstante hasta a mí me amenaza que me va a cortar la cabeza si ella lo deja”. El Juzgado de Instrucción nº 16 de Madrid incoó diligencias previas el 3 de febrero de 2014 y practicó como diligencia oír la declaración del perjudicado. Se remitió un burofax a la denunciante citándola a declarar el día 24 de febrero, burofax que no se entregó al resultar el destinatario desconocido en la dirección remitida. Por lo que, el 10 de febrero se dictó auto acordando el sobreseimiento provisional, al no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito, siendo imposible localizar a la denunciante. Leonarda había cometido un error al poner la denuncia: cambió una v por una b en el nombre de la calle, una de las más conocidas del distrito de Arganzuela. En la denuncia se apreciaba en lugar destacado el teléfono de Leonarda. Nadie la llamó.

 

Una copia de la denuncia que puso Leonarda. ELVIRA MEGÍAS

El asesino

Raúl tiene una orden de alejamiento contra las dos abuelas de la pequeña. En varias ocasiones, la abuela paterna relató amenazas recibidas por este: “Te corto la cabeza si ella me deja”, testificó en el juicio. Mantuvo en secreto durante cinco meses el doble asesinato y, solo cuando se vio cercado por la justicia, confesó, solicitando el eximente de pena correspondiente. 

Tras los asesinatos, en los meses de julio a noviembre, incluso volvió a tener pareja. Dos exnovias lo defendieron ante periodistas. “No reconozco a la persona de la tele”, afirmó una de ellas.

Actualmente, cumple la pena a la que fue condenado: 18 años y medio de cárcel por el feminicidio de Adolfina y 14 años por el de la niña.

 

La sentencia

La primera sentencia llegó en marzo de 2017. La Audiencia Provincial de Madrid atribuyó dos delitos de asesinato: 19 años de prisión por Adolfina y 18 por Argelys. Ya en esta primera condena se desestimó el delito de maltrato continuado que solicitaban tanto la Fiscalía, como la Abogacía del Estado y las dos acusaciones particulares –de las dos abuelas– por entender el juez magistrado que no estaba suficientemente acreditado. 

Testificaron para ello la abuela, que refería distintas conversaciones con la menor en que ella le reconocía que les pegaba y que tenía miedo de él; la cuñada de la asesinada e hija de Leonarda, que relató conversaciones con su sobrina en la que ella le relataba la violencia en la casa y que “rompía puertas”; además de una compañera de trabajo de la mujer asesinada, que contó conversaciones en que le reconocía que su pareja le quitaba dinero, le controlaba el móvil y reconocía el maltrato hacia la menor. 

De forma añadida a los testigos, se aceptó como pericial un diario de Adolfina que pasó por las pruebas caligráficas pertinentes y que fue certificado como escrito de ella, en el que se podían leer frases como las siguiente: “Dios, ayúdame con lo de Raúl, sácalo de mi vida sin ningún problema… “. “No puede ser, no funciona estoy muy triste sin deseo de nada, pero él ya no me quiere, solo hay agresión de su parte, tú que todo lo has visto lo mal que me ha tratado el viernes… ayúdame a salir adelante sin él y encontrar una persona que me quiera y respete [sic]”.

El juez decidió que ninguno de estos testimonios y pruebas debía someterse al veredicto del jurado popular, y que no se pronunciase, por tanto, al respecto del supuesto maltrato continuado.

En una segunda sentencia, de julio de 2017, tras el recurso presentado en el Tribunal Superior de Justicia por los equipos legales de las dos abuelas y, de forma supeditada, por la Delegación del Gobierno de Violencia de Género, se volvió a desestimar la inclusión de este delito, aunque se emitió un voto particular, el de la magistrada Susana Polo, que se mostró contraria a eliminarlo, así como a restar el agravante de alevosía o añadir eximentes por confesión, lo que redujo la condena cuatro años y medio en total. Polo fue después una de las ponentes de la sentencia por violación en los San Fermines de 2016, la conocida como la sentencia de La Manada. 

Finalmente, en un tercer intento, ya ante el Tribunal Supremo, las dos familias vieron de nuevo desestimado su recurso de reconocimiento de maltrato continuado a las dos víctimas previo a su asesinato.

Foto: Elvira Megías

Entorno y familia

Quien sufrió el impacto directo de lo ocurrido es Leonarda, la abuela paterna, que fue quien convenció a Adolfina de venir a España. Leonarda fue también quien denunció en enero del mismo año las violencias previas que sufrían tanto madre como hija en un juzgado, el de Plaza de Castilla, y no fue escuchada. Durante meses, después de la desaparición, luchó para que la búsqueda se intensificara y se tratara como violencia de género. “Llamaba continuamente a la comisaría de Vallecas pero me colgaban”, cuenta.  Cuando aparecieron los cuerpos en noviembre, lo primero que dijo es que la policía era “culpable”.

Desde entonces, está diagnosticada de varios problemas de salud mental y sobrevive gracias a la protección de los servicios sociales del distrito de Arganzuela.

En el colegio donde la niña estudiaba y pernoctaba, se activó un protocolo de psicólogos. “Esto ocurrió a finales de junio, y ya no había niños. En septiembre, al ver cosas en prensa, nos preguntaban las niñas y niños por ella”, relatan desde el centro. Cuando aparecieron los cadáveres, se realizaron misas durante una semana en el colegio. “Somos un colegio religioso católico, se explicó a los niños lo mejor que se pudo. Les dijimos que se habían tenido que ir al cielo”, relatan. La Comunidad de Madrid no tiene protocolos específicos sobre casos de violencias de género en los entornos de centros educativos, a diferencia de otras regiones como Canarias, Andalucía, Cantabria y Castilla y León, que sí tienen desde hace años.

“Tenemos su foto colgada en un mural de recuerdo, como de otra niña que murió de leucemia y otro compañero que se suicidó”, resumen desde el centro.

En 2014, y de acuerdo a los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, ese año fueron asesinadas cuatro niñas y niños en casos de violencia de género. Las víctimas tenían entre nueve y dos años de edad. 

De entre las mujeres asesinadas, 38 eran madres. En tres de los casos, las y los menores estaban en el domicilio en el momento de los hechos, como se dio en el caso de Adolfina y Argelys, mientras que en otras cinco situaciones fueron hijas e  hijos por debajo de los 18 años quienes encontraron el cuerpo de su madre posteriormente. En 27 casos, eran hijos e hijas también de los asesinos. 

La Administración

El mismo día en que fueron hallados los cuerpos en Zamora, la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección contra los malos tratos a la mujer de Madrid, la UPAP, confirmó que se trataba de un caso de violencia de género. Asimismo, se confirmó que no existían antecedentes de atención desde su Unidad y que no constaban antecedentes de denuncia por violencia de género en VIOGEN. 

En el entorno municipal, se presentó una iniciativa de declaración institucional por PP, PSOE, IU y UPyD para el Pleno del 26 de noviembre 2014 de condena, y se publicó la misma en la página web a instancia del Observatorio de Violencia de Género.

En el Ayuntamiento de Madrid explican que en 2014 no se realizaban comités de crisis ni aún estaba establecido un procedimiento de coordinación con los servicios sociales de Atención Social Primaria para asesinatos por violencia de género, por lo que la revisión del caso se realizaba entre la red municipal y la Policía Municipal.

Desde entonces y hasta la actualidad, la red municipal de atención a víctimas de violencia de género ha crecido incorporando nuevos recursos como un segundo centro de atención psicosocioeducativa para mujeres y sus hijas/os víctimas de violencia de género en 2019, viviendas en semiautonomía, una unidad móvil de servicio de atención a víctimas de violencia de género 24 horas, y un tercer  Punto Municipal de atención frente a la Violencia de Género para la recuperación de las mujeres y sus hijos, además de la mejora en formación, coordinación de personal, la creación de comités de crisis y coordinación con la Agencia de Empleo para ofrecer salidas de empleabilidad a las víctimas.

Un recorte de prensa. ELVIRA MEGÍAS

El tratamiento mediático

Durante los primeros meses de la desaparición de Adolfina y Argelys, únicamente medios latinos y caribeños se hicieron eco de la situación, movilizados por la comunidad dominicana en España que acompañó a Leonarda ante la falta de escucha de la policía y los juzgados. De hecho, llegaron a anunciar una denuncia por racismo y negligencia que nunca prosperó, y que no suscitó el interés de ningún medio.

En noviembre hubo mucha cobertura, principalmente en las secciones de sucesos, alimentada por lo cruento del crimen. En algunas se habla del asesino como el vecino amable que siempre saludaba.

Ya en 2017, periódicos de tirada nacional sí prestan atención al tema, como la denuncia por la inacción por parte de la policía. Únicamente un medio digital poco conocido recogerá la sentencia definitiva de 2018.