Texto: Patricia Simón

Fotografías: Álvaro Minguito

Publicada el 7 de abril de 2019

La niña de seis años juega con la foto de la boda de su madre. Ese es todo el recuerdo que tiene de ella: otra niña, apenas una adolescente de 16 años, vestida de blanco, sonriendo resplandeciente a cámara. La otra mitad de la foto ha sido arrancada. El desterrado del recuerdo es su padre, que pasa los días en una prisión condenado a 25 años por dos asesinatos con alevosía y ensañamiento y quebrantar una orden de alejamiento. La niña llama papá y mamá a sus abuela y a su abuelo porque apenas tenía 14 meses cuando todo cambió para esta familia. 

“Me queda la cosa de no haberla trasladado a la Península, pero nunca pensé que la pudiese matar. Tras la muerte de Hannan, he sacado a varias mujeres maltratadas de Melilla”, afirma Ángel Cátedra, jefe de la Unidad de Atención a la Víctima y la Mujer (UFAM Protección) de la Policía Nacional de la ciudad fronteriza. Cátedra conocía su caso desde la primera denuncia interpuesta en Melilla contra el asesino por malos tratos a Hannan. La interpuso su tía Amana, entonces embarazada, después de que agrediese a ambas para intentar robarles la documentación de su mujer y de la hija de ambos. En pleno centro de la ciudad de Melilla, a la vista de todo el mundo. 

Quien sí advirtió públicamente que aquella joven de 19 años con un bebé de meses corría un inminente peligro fue el periodista Enrique Delgado en una columna publicada en julio de 2014, cinco meses antes de su asesinato. Delgado había conocido a Hannan a través de José Adongo, un camerunés que llegó a Melilla en 1992 y que creó una asociación desde la que apoya a la población vulnerable de uno de los barrios más abandonados por el gobierno local, Las Palmeras.

Adongo quería que Delgado conociese los casos de Hannan y de su allegada Karima, dos jóvenes marroquíes que habían compartido centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género en Melilla y que habían sido expulsadas del mismo. “Quedaba con ellas en sitios muy públicos donde nos pudieran auxiliar fácilmente, porque el marido de Hannan siempre andaba merodeándola y se le echaba encima. Una vez que estábamos juntos se vino para nosotros y no se frenó hasta que vio que yo era un cristiano”, recuerda Delgado. “Ella sabía –y así me lo dijo en varias ocasiones– que la iba a matar, y pese a ello intentaba salir adelante por todos los medios. Una semana antes del asesinato, me la encontré muy contenta porque había hecho unos carteles en los que se ofrecía como cuidadora de niños, de ancianos, limpiadora…”, comparte apesadumbrado Delgado.

El matrimonio como salida de la pobreza

Hannan era una adolescente de una familia pobre de Farhana, una de las ciudades más deprimidas del norte de Marruecos. Cuando S. volvió de Canarias (omitimos su nombre para proteger la intimidad de su hija), donde había estado trabajando en la construcción, le pidió matrimonio a través de sus padres. Tenía 24 años más que ella. Él había conseguido la nacionalidad española cuando se casó con su primera pareja, una melillense con la que tuvo dos hijos, y que también lo denunció por violencia de género. “En este caso, la mujer fue muy arropada por sus hermanos, que lo amenazaron con que si no se quitaba de en medio, se atuviese a las consecuencias”, explica el inspector Cátedra. Hannan se quedó embarazada antes del enlace, que se celebró en casa de sus padres, donde se instalaron inicialmente.

“Ya le pegaba estando embarazada, nos amenazaba a nosotros con matarnos si nos interponíamos, así que se trasladaron a casa del padre de él por los conflictos”, explica Abdelmakil Outmani, padre de Hannan, sentado junto a su esposa en una cafetería de Melilla. De ahí, la pareja se trasladó a un piso que alquilaron a una familiar de Hannan en el Barrio Chino, del lado marroquí de la valla fronteriza. Saida, nuera de la propietaria y, por tanto, prima política de Hannan, recuerda las continuas palizas que descargaba contra la joven. “Le gritaba que era una suelta y que le iba a quitar a su hija porque tenía nacionalidad española como él; al contrario que ella, a la que nunca documentó”, explica esta veinteañera graduada en educación infantil apostada tras el mostrador del ultramarinos que regenta en Melilla. 

Hannan denunció en Marruecos a su maltratador pero, según sus padres, las autoridades no hicieron nada. Volvió a la casa de su familia en Farhana, donde S. acudía continuamente para amenazarles de muerte a todos, cuentan. Un día, Hannan fue a Melilla, donde había nacido su bebé, a ponerle una vacuna. Fue entonces cuando S., que trabajaba en la ciudad autónoma haciendo chapuzas en la construcción, la agredió a ella y a su tía Amana. Esta última, viendo que Hannan era incapaz de denunciar ante el temor a las represalias, interpuso la demanda que desembocó en la prohibición de acercarse a Hannan a menos de 200 metros y comunicarse con ella durante dos años. “Nosotros pensábamos que lo iban a meter en la cárcel. Hannan volvió a Marruecos con sus padres y él siguió amenazándoles”, cuenta su tía Amana en su piso de protección oficial en La Cañada, donde vive con su marido y sus tres hijos.

Amana consiguió que Hannan y su hija Nour (nombre ficticio) fuesen aceptadas en el Centro de acogida para víctimas de violencia de género de Melilla, gestionado por la Cruz Roja, donde pasó varios meses hasta que la expulsaron acusada de seguir con su marido. En la sentencia, una de las directoras de las entidades en las que se refugió declaró que “Hannan temía a su marido, quien por lo que le contaba, se acercaba a ella y desde cierta distancia le hacía gestos amenazantes”.

“No es que volviese con él, es que él la asaltaba donde estuviese y la amenazaba con matarla, con quitarle la hija si no retomaba la relación. La llamaba por teléfono, se acercaba al piso de protección…”, explica Saida. Fue entonces cuando sus tíos la acogieron en su vivienda. “Nos asomábamos a la ventana y ahí estaba él, escondido esperando a que Hannan saliera; se colaba en el edificio y lo encontrábamos espiándonos a través de la ventana que da al pasillo, nos seguía en coche…”, explica el tío político, Mohammed Alí Mohamed, quien también lo demandó por hacerles gestos a él y a sus hijos de cortarles el cuello un día que se lo cruzaron en coche en la frontera con Marruecos. 

Sus tíos insisten en que ni la Policía ni los jueces terminaban de creer a Hannan porque su asesino iba a menudo a comisaría a convencerles de que era él la víctima de las mentiras de su mujer, algo que confirma el jefe de la UFAM. “Desde luego era un actor de primera: nos montaba unos shows llorando, se tiraba al suelo, diciéndonos que Hannan le quería buscar la ruina, que él no quería estar con ella contra su voluntad… Y la verdad es que nos hacía dudar, porque como ella seguía manteniendo contacto con él…”, reconoce. En la sentencia, el policía de la UFAM encargado de la protección de Hannan, definió al asesino como “una persona inteligente, fría y calculadora, que siempre preparaba una coartada para justificar los continuos incumplimientos de las prohibiciones establecidas”. 

Hannan interpuso al menos otras dos denuncias por amenazas y por incumplir la orden de alejamiento. Pero en uno de los juicios, no se atrevió a ratificar la acusación, lo que según Cátedra motivó que “el juez no tomase medidas y nosotros, quizás, bajamos los brazos un poco”. 

Aun así, Cátedra volvió a ingresar a Hannan en un piso tutelado, en esta ocasión gestionado por la Asociación Mujeres por la Igualdad, del que fue expulsada tras un par de meses. Según nos explica el inspector, una educadora la escuchó hablar por teléfono e interpretó que había vuelto con su maltratador y que, por tanto, estaba incumpliendo las normas. “Le hicimos un seguimiento y constatamos que se iba a la vivienda que él tenía alquilada en un barrio de Melilla”, añade Cátedra.

En opinión de Rosa Guiralt, fiscal y delegada de violencia de género de València, “lo que tenía que haber hecho el policía al saber que se estaban viendo era levantar un atestado y enviárselo al juzgado que llevase su caso, porque el que estaba incumpliendo la orden de alejamiento al permitir que ella entrase en su casa, aunque hubiese sido de manera voluntaria, era él, no ella”. E insiste: “Era el hombre el que estaba cometiendo una ilegalidad”.  

Paradójicamente, lo que fue utilizado por la entidad de acogida para expulsarla de su programa de protección, que supuestamente tuviese contacto con el maltratador, provocó que el programa informático que utiliza la Policía para valorar el riesgo (VPR) estableciese automáticamente un vertiginoso aumento del peligro: del grado bajo en el que se encontraba Hannan pasó al grave porque “hay más riesgo si están en contacto”, explica Cátedra. 

Era julio de 2014. El periodista Enrique Delgado ya había trabado una relación fluida con Hannan y con Karima, madre de dos hijos, y también asediada por su maltratador. El día que llevó a Hannan al despacho de un abogado conocido suyo para que le ayudase con su caso, le tomó la fotografía que, tras su muerte, publicarían todos los medios de comunicación locales. De nuevo, Hannan resplandeciente, sosteniendo con determinación el carrito de su bebé, con un cinturón moderno entallando su chilaba.

“Hannan había seguido todos los pasos que recomiendan las consejerías de la mujer y los protocolos y, sin embargo, estaba totalmente desprotegida. Nunca la creyeron, por eso la echaron del piso. Ella no estaba con él, era él el que continuamente la buscaba allá donde estuviese”, explica este experimentado periodista que trabajó para diversos medios nacionales como corresponsal en la ciudad autónoma. “Sabía que la podía matar en cualquier momento, por eso dejé lista una columna antes de irme de vacaciones en la que alertaba del riesgo que corría”. En ella leemos: “La persigue de modo constante y aparece corriendo en dirección a ella desde cualquier parte, para mantenerse luego alejado pero acechante. Su situación es la más peligrosa de las dos (con relación a Karima). Las amenazas telefónicas son constantes y ya se ha visto obligada a cambiar varias veces del piso de acogida”. Hannan fue asesinada cinco meses después, el 2 de diciembre de 2014. 

Hannan merecía ser considerada una refugiada

“Deberían haber hecho más por protegerla. Ella denunció muchas veces que la perseguía, que la amenazaba. Tenía su hija española, la podían haber enviado a la Península como una refugiada, porque era una refugiada”, lamenta Saida, de la misma edad que Hannan, que ahora tendría 24 años. Un profesional de una de las entidades implicadas en la atención a las supervivientes de la violencia de género en Melilla, que pide guardar su anonimato por la confidencialidad que se le exige, comparte su opinión y critica que fuese expulsada del piso tutelado: “Hannan era una niña que, sabíamos, intentaba salir del círculo de la violencia, pero no tenía documentación, ni un trabajo ni un techo. Él le robó hasta su pasaporte. Si le decía que tenía que ir a verle porque si no le quitaba a su hija, ¿cómo no iba a ir?”. Como profesional formada en este área, exige que el alojamiento  para estas mujeres no esté supeditado a ningún condicionante porque lo primero que necesitan estas mujeres para recuperarse física y psicológicamente es un espacio de paz y seguridad. “Hannan era alegre y sonriente, nunca fue de víctima, y creo que eso le perjudicó, infravaloraron el riesgo”, añade. 

El agravamiento del peligro determinado por el programa policial –por encima solo queda el nivel extremo– se tradujo en que en lugar de llamarla por teléfono una vez al mes para comprobar que todo estaba en orden, pasaron a llamarla una vez a la semana; si tenía que realizar algún tipo de gestión –y había disponibilidad de medios– una patrulla de la policía la traía y llevaba a su casa; y de vez en cuando, alguno de los cinco policías que conforman la UFAM de Melilla patrullaba las zonas de más riesgo: los alrededores de la vivienda, del parque infantil más cercano…

“A veces vamos con nuestro coche particular porque las vigilancias llevan muchísimo tiempo y en estos cinco años que han transcurrido desde que Hannan fue asesinada no han aumentado en ningún sentido los recursos disponibles para la protección de las víctimas”, explica Cátedra.

En ese periodo, Hannan obtuvo una renta mínima de inserción, el permiso de residencia y estaba en la lista de espera para comenzar los cursos de formación laboral a los que tienen derecho estas mujeres, como recogía la Ley Orgánica contra la violencia de género de 2004 y el  Protocolo Interinstitucional de Actuación en Materia de Violencia de Género en la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobado en abril de 2014 y vigente aún hoy. Hannan nunca pudo pisar uno de esos cursos por el retraso de meses que arrastran las listas de espera.

Un día, su tío la iba a llevar en coche a hacerse la tarjeta sanitaria cuando, desde la ventana de su casa, su tía Amana vio cómo S. la perseguía gritándole con un cuchillo. El tío arrancó el vehículo lo antes que pudo y, una vez más, se dirigieron a la comisaría a denunciar. “Fue 15 días antes de que la matara. Estuvo en el juzgado denunciándole, llorando, gritando que la iba a asesinar. No la creyeron. Y no nos creían a nosotros”, explica con resignación Amana. Era el 19 de noviembre.

El 1 de diciembre de 2014, Hannan visitó a Ángel Sánchez, gestor de la Oficina de Atención a las Víctimas de los Juzgados y Tribunales de Melilla. “Vino a saludarme por gusto. Teníamos confianza porque había venido tantas veces a denunciar…”, explica el funcionario en su despacho en el edificio conocido como La Torre, que alberga los juzgados en Melilla. “Es muy difícil sacar a estas mujeres de situaciones tan precarias: no tienen documentación, no tienen formación, tienen varios hijos y ningún recurso económico; si denuncian, las familias de los maltratadores no las van a ayudar con la crianza de los críos, y las suyas están en Marruecos en situaciones igual de precarias. Muchas intentan buscar trabajo en el servicio doméstico, en la hostelería o cuidando a personas mayores. Pero cuando sus hijos e hijas enferman, por ejemplo, no tienen con quién dejarlos y terminan perdiendo los empleos”, sostiene, apuntando igualmente a la falta de recursos para ofrecerles la red necesaria para construirse vidas independientes.

Sánchez recuerda perfectamente los detalles del caso de Hannan, como la docena de personas consultadas para este reportaje que tuvieron contacto directo con ella. Su empeño por alejarse de su maltratador y su posterior asesinato se convirtieron en una de las pruebas más evidente de las fallas del sistema de protección de las víctimas de violencia de género.

Apenas 24 horas después, el 2 de diciembre al mediodía, Hannan recibió una llamada de la UFAM preguntándole si iba a salir por la tarde, a lo que respondió negativamente según cuenta Cátedra. Sin embargo, había quedado con su amiga Karima en salir a dar un paseo a las seis de la tarde. Su tía, relata, le pidió que no lo hiciera: “Me contestó que por qué tenía que ser ella la que viviese encerrada”, una respuesta que sintetiza lo que muchas mujeres maltratadas critican: el sentimiento de injusticia que les provoca que tengan que ser ellas las que renuncien a parte de sus vidas en lugar de ellos.

Las dos jóvenes se dirigieron juntas a la Alcazaba de la ciudad, la fortaleza que encumbra el puerto y a donde suelen acudir las familias y pandillas de amigos a pasar el rato. Allí Hannan se encontró con M., un hombre casado y con dos hijos, que según tanto su familia como Enrique Delgado, le estaba ayudando a buscar empleo. “Ella buscaba personas que la pudieran proteger y ayudar. Sin embargo, los medios de comunicación se apresuraron a presentarlo como su amante”.

En la sentencia de los asesinatos, no solo se le define así, sino que describen la escena como detonante del doble homicidio: “el acusado vio a Hannan en compañía de M., con quien aquella había comenzado una relación sentimental. Movido por los celos, decidió poner fin a su vida y a la de su amante”. 
Cuando llevaban un rato juntos, sobre las siete y media de la tarde, S. les sorprendió al salir de la negrura de la tempranera noche invernal y le asestó una puñalada mortal a Hannan. Su acompañante intentó huir. Tras alcanzarle, el asesino lo apuñaló hasta en nueve ocasiones, lo que fue interpretado como ensañamiento tanto por la Audiencia Provincial de Málaga como por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ratificó la sentencia a 39 años de prisión por el quebrantamiento de la orden de alejamiento y por los dos asesinatos con alevosía, el de Hannan además con el agravante del rasgo de parentesco, y el de M. con el de ensañamiento. 

La tutela de su hija Nour fue entregada a su abuela, a la que se le concedió el permiso de residencia para que pudiese cuidarla en España. “Hemos tenido que dejarlo todo atrás: nuestra casa, a mis otros hijos, a lo poco que teníamos para hacernos cargo de ella”, repite Assia Aberkan en la habitación de seis metros cuadrados que alquilan por 400 euros en el empobrecido y estigmatizado barrio de La Cañada. Assia lleva desde hace dos años trabajando en trabajos precarios por poco más de 300 euros al mes. 

En ese cuartucho, duermen, cocinan, comen y ven la televisión los tres. Sobre esas colchonetas, pinta y hace los deberes Nour: seis años, ojos inteligentes, sonrisa perpetua. No recibe ningún tipo de ayuda por haber sido víctima de violencia de género y sus abuelos desconocían que desde febrero puede acceder a una pensión de orfandad por este motivo. El abogado que contrataron inicialmente para llevar el asesinato de su hija –que no ha atendido nuestras llamadas– no se lo había comunicado. La Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla, que se personó como acusación particular junto a la Fiscalía, va a gestionarla tras tener conocimiento de esta situación a través de este reportaje. 

Una semana después del asesinato de Hannan, Enrique Delgado publicó una nueva columna: 

“A Hannan le fallaron las instituciones, esas mismas que editan las guías. Cuando llega un caso como este, las instituciones se vuelven rígidas y las autoridades insensibles. Los lemas y las concentraciones se nos tornan como farsas, porque Hannan ya está muerta, y ella lo avisó, y lo decía a quien quisiese oírla o tuviese unos minutos para escucharla (…) Lo principal era haberla creído y trasladado fuera de Melilla, en donde podría haber esperado con tranquilidad su documentación”. 

Tras el doble homicidio, las autoridades recularon y readmitieron a Karima, la amiga de Hannan, y a sus dos hijos en el centro de acogida del que habían sido expulsados. Ante el peligro inminente que corrían sus vidas, los trasladaron a la Península, y según ha podido saber Enrique Delgado, que ha mantenido el contacto con ella en estos cinco años, han tenido que mudarse de ciudad en varias ocasiones porque el maltratador siempre termina dando con ellos. “Como tenía una orden de expulsión y no podía viajar a España de manera regular, cogió una patera desde Marruecos a Canarias y los encontró. Pero al menos, por ahora, sigue viva”, sentencia con desasosiego. “Es escuchar el nombre de Hannan y me acongojo porque se la cargaron porque no la creyeron. La tenían que haber sacado en julio, cuando le subieron el nivel de peligro”, concluye.

“Era nuestra única hija, hizo todo lo posible por ponerse a salvo ella y su niña. Y aquí está, enterrada. Y nosotros con ella”, nos dicen ante la tumba de Hannan, en el cementerio musulmán de Melilla. En frente, en el antiguo camposanto musulmán que quedó del lado marroquí cuando se construyó la valla fronteriza, descansan los restos de un hermano de Hannan que murió siendo niño. Mientras, Nour juega con los débiles brotes que despuntan en el árido montículo de tierra bajo el que fue enterrada su madre.

El asesino

S. tenía 43 años cuando asesinó a la madre de su hija y a su amigo M. (omitimos su nombre por respeto a la intimidad de su mujer e hijos). S. consiguió la nacionalidad española mediante su primer matrimonio con una mujer melillense, con la que tuvo dos hijos, y que le denunció por violencia de género. Gracias al arrope y protección de sus hermanos, según Ángel Cátedra, jefe de la UFAM, consiguió que dejase de asediarla, pero como sostienen fuentes expertas en este reportaje, los maltratadores suelen ejercer violencia específicamente contra una mujer. Por eso, solo dejan de maltratar a una por voluntad propia cuando empiezan a agredir a una nueva pareja.

Fue así como, tras una estancia en Canarias, empezó la relación con Hannan en Marruecos y a maltratarla. Trabajaba en Melilla, en la construcción primero y como conductor en una empresa de camiones después. Según las denuncias de Hannan, solía perseguirla a pie y desde el automóvil incluso durante las horas de trabajo, así como merodear por los alrededores del centro y los pisos de acogida donde ella se refugió con su hija.

Ángel Cátedra, jefe de la UFAM, lo describe como un “actor tan bueno que nos hizo dudar de Hannan”, y el periodista Enrique Delgado como “alguien que cualquiera que viese cómo acechaba a Hannan podía entender que era muy peligroso”.

La Administración

El equipo de #PorTodas ha solicitado al gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla información sobre los presupuestos y los recursos destinados a las mujeres supervivientes de violencias machistas vía telefónica, email y personándose en su sede hasta en tres ocasiones a lo largo de los últimos seis meses. No hemos obtenido ninguna respuesta, por lo que los datos que recopilamos son los escasos que hay publicados oficialmente. Hay que recordar que hasta las elecciones municipales de mayo, la ciudad fronteriza estuvo presidida desde el año 2000 por Juan José Imbroda, del Partido Popular. Sus cuatro mandatos se han caracterizado por los escándalos de corrupción y la opacidad. 

Melilla cuenta con una oficina de atención a las víctimas de violencia de género dentro del edificio de la Consejería de Juventud, Igualdad y Deporte, que alberga también la viceconsejería de la Mujer. En sus dependencias, según hemos podido constatar de manera presencial, hay a disposición de las mujeres que quieran asesorarse sobre esta cuestión una asesora jurídica, una trabajadora social y un psicólogo. Pedimos en sendas ocasiones una explicación oficial de por qué Hannan fue expulsada del centro y el piso de acogida en los que vivió, sin obtener respuesta. 

La Consejería tiene convenios de colaboración con Cruz Roja Melilla, que gestiona un centro de acogida con 16 plazas, y con la Asociación Mujeres en Igualdad, que cuenta con un piso tutelado con 14 plazas. 

El Área de la Mujer contó en 2014 con un presupuesto de 336.651 euros, la Unidad Observatorio de Igualdad con 102.278 euros y el punto de encuentro familiar con 200.000 euros. En el caso de Cruz Roja, el presupuesto oficial total que recibió –no solo para el centro de acogida por violencia de género– fue de 152.000 euros. 

Si hubo más partidas destinadas a esta problemática, no están especificadas en el presupuesto de aquel año. 

En 2019, Melilla recibió 1,2 millones de euros correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Imbroda anunció en enero que los destinaría a un “ambicioso proyecto” de educación y sensibilización, así como de asesoramiento y apoyo a las mujeres para que puedan conciliar el cuidado de sus hijos e hijas con la inserción laboral. Según subrayó en la rueda de prensa, el plan supondría la contratación de al menos 100 profesionales, lo más destacado en el subtitular de la noticia resultante.

A estas alturas desconocemos si el nuevo gobierno de coalición resultante de las elecciones municipales de mayo, mantendrá este programa en los mismos términos. En cualquier caso, ateniéndonos a las cifras públicas, el presupuesto destinado a la violencia de género se habría duplicado en este último año gracias a la partida del Pacto de Estado firmado por el gobierno nacional en 2019. 

En cuanto al papel de la Administración en el caso de Hannan, hay que destacar las declaraciones que tras su asesinato realizó la entonces jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, la popular María Teresa Fernández: “Las cosas, aunque sea triste decirlo, se han hecho bien, aunque al final haya habido una víctima”. Se olvidaba Fernández de que fueron dos las víctimas directas, y al menos los tres menores las víctimas indirectas, por no hablar del resto de familiares de las dos personas asesinadas. En cualquier caso, esta era su respuesta a la viceconsejera de la Mujer, Fadela Mohatar, que había reconocido que “algo había fallado”. Fernández, además, añadió: “El protocolo ha funcionado, se ha hecho bien y se ha llevado a término”. 

Se refería Fernández al Protocolo de Actuación Interinstitucional que había aprobado el Gobierno de Melilla unos meses antes, en abril, en el que se transponía a lo local la Ley contra la Violencia de Género aprobada una década atrás, en 2004. 

Sin embargo, más grave resultaba la revictimización institucional de la que Fernández hizo gala cuando afirmó que “la víctima era una mujer muy joven y tal vez no era consciente del riesgo real que tenía”. La acusó también de no ser clara en sus denuncias, lo que “evitó que su agresor estuviera en la cárcel”.

Fernández era la delegada del gobierno de Mariano Rajoy en Melilla para proteger a las mujeres que sufren violencia de género. Hannan había alertado del peligro que corría a todo aquel que quiso escucharla.

El tratamiento mediático

Los medios de comunicación locales hicieron un seguimiento minucioso del caso: desde las primeras investigaciones, al juicio celebrado en la Audiencia Provincial, hasta el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia, por el que se rebajó la condena de 38 años a 25 atendiendo al máximo establecido por el Código Penal cuando se suman distintos delitos. 

La mayoría de los medios publicaron los nombres con apellidos de las dos víctimas, así como del asesino, contraviniendo las recomendaciones que apuntan al derecho al olvido y la intimidad de los hijos e hijas de estos. 

También se aprovechó el caso de Hannan y M. para subrayar que, aunque el asesino tuviese nacionalidad española, era natural de Marruecos, alimentando el discurso del “miedo al moro”, muy presente entre la clase política de derechas y la prensa conservadora melillense.