Texto: PorTodas
Fotografías: Álvaro Minguito

Esta historia fue publicada en octubre de 2024.

Hay una M de grandes dimensiones en una de las principales plazas del pueblo. Es gris. Y si se mira del revés, buscando dibujos como a veces hacemos con las nubes, se puede observar una especie de crespón gigante. La M es de Mungia, y está situada en la plaza Matxin de este municipio vizcaíno de 18.000 habitantes. Pero hay quien ve también detrás de esa letra un homenaje permanente a las mujeres, sobre la que luce, en muchos momentos, otro crespón, visible sin imaginación ni nubes, del derecho y de tela morada. “En recuerdo y homenaje a todas las mujeres que sufren y han sufrido violencia machista y a sus familias. Por un futuro libre de maltrato”, se puede leer hoy en una pequeña placa sobre un banco de hierro blanco con fecha muy reciente: 17 de marzo de 2024. 

Ese fue el último día en que el pueblo rindió homenaje a Andina, una mujer de 35 años asesinada en esta localidad vasca el 17 de marzo de 2014 por su expareja. Fue la primera víctima mortal por violencia machista en Euskadi aquel año y la única víctima mortal hasta el momento en el municipio, que es, además, el único de todos los documentados por PorTodas que recuerda año tras año el caso. Desde hace una década.

Banco en la plaza principal del pueblo en homenaje a las víctimas.

“Un año después, nuestro municipio sigue recordando a Andina, a su familia y amistades, así como a todas las mujeres que sufren y han sufrido estas intolerables situaciones de violencia, consecuencia más grave del sistema patriarcal y un problema de primer orden”, firmaba en 2015, en un bando municipal, el entonces alcalde, Igor Torrontegi (PNV). “El Ayuntamiento mantiene relación con su familia y le proporciona el apoyo jurídico necesario en este proceso”, proseguía el bando. El juicio, en el que Ayuntamiento se personó como acusación particular, se celebró un año más tarde, en 2016. Y constató que se trataba de un crimen que estaba escrito desde hacía tiempo. Y que, tal vez, podría haberse evitado.

Según los hechos probados de la sentencia, Andina y J. iniciaron una relación en marzo de 2012 y comenzaron a convivir, junto con el hijo y la hija de ella –de 10 y 14 años–, unos meses más tarde. En ese tiempo de convivencia, el hombre, de 35 años y con antecedentes por maltrato a otra pareja anterior, ejercía “un férreo control sobre la vida y movimientos” de la mujer y diariamente se comportaba de una manera “extremadamente celosa, posesiva y controladora”, lo que impedía que pudiera relacionarse con gente que no fuera él. Era muy común –prosigue la sentencia– que le quitase el móvil, las llaves de casa e incluso el pasaporte o tarjeta sanitaria. Andina tenía nacionalidad brasileña. Él, español, tenía dos hijos de su pareja anterior.

Los hechos probados recogen también insultos habituales e incluso amenazas de muerte. Y dice: “Andina vivía aterrada y no se atrevía a romper su relación por miedo a lo que pudiera hacerle tanto a ella como a sus hijos”. Aun así, la mujer salió de esa casa y se fue con sus hijos a otro piso. Pero nada cambió tampoco con respecto al agresor. El acoso telefónico y físico seguía siendo diario: “Constantes llamadas, persecuciones, se lo encontraba en todas partes, lo que la obligó a cambiar sus rutinas, los horarios de trabajo, las rutas de ida y vuelta, tenía miedo de bajar a la calle”. Vivía –vuelve a destacar la sentencia con todas las letras– atemorizada por lo que pudiera hacerle a ella o a sus hijos. 

Una calle del pueblo.

Unos días después de ese cambio de domicilio y una noche antes de asesinarla, el agresor realizó 32 llamadas al teléfono de la víctima y permaneció en los alrededores de la casa, dentro de su vehículo, durante casi cuatro horas. Era domingo. A la mañana siguiente, lunes, esperó a que los niños salieran en dirección al colegio. 

“Sobre las 8.55 horas, accede, con el juego de llaves que previamente había quitado a Andina tanto al interior del portal como, tras asegurarse de que está sola escuchando a través de la puerta, al interior de la vivienda”, continúa el relato de hechos probados. Lo que viene después es el feminicidio: el agresor la sorprende en el dormitorio y la estrangula con un cable. “Mientras esto sucede, Andina únicamente puede gritar una vez ‘socorro’ a la vez que intenta zafarse con las manos de su agresor, el cual profiere varios insultos”, concluye la sentencia.

Una hora y 40 minutos más tarde, J. regresó a su coche y, “con la intención de eliminar cualquier evidencia”, acudió a su domicilio, se cambió de ropa y lavó la que llevaba en el momento de los hechos, salvo los calcetines, en los que fueron hallados restos de ADN de la víctima. Era algo, lavar la ropa, que nunca hacía, según confirmó en el juicio su madre. El cuerpo de Andina fue encontrada por su hija de 10 años al regresar del colegio.

De entre las mujeres asesinadas en 2014, 38 eran madres. En tres de los casos, las y los menores estaban en el domicilio en el momento de los hechos, mientras que en otras cinco situaciones, como en esta, fueron hijas e hijos por debajo de los 18 años quienes encontraron el cuerpo de su madre posteriormente.

Detalle de una de las instalaciones municipales.

J. fue condenado como autor responsable de un delito de allanamiento de morada, un delito de homicidio y un delito de maltrato habitual a la pena de 16 años de cárcel, y a abonar una indemnización de 100.000 euros para cada hijo y de 50.000 euros para el hermano de la víctima. Además, la sentencia estableció una indemnización por responsabilidad civil a la Administración del Estado con el importe de 51.120,96 euros, por la cantidad sufragada a los menores en concepto de ayudas provisionales por el fallecimiento de su madre. 

Un crimen escrito

Según los datos recopilados, Andina no había presentado ninguna denuncia formal, pero su entorno conocía su situación de gravedad. El mismo agresor, según la sentencia, verbalizaba sus amenazas a conocidos y amistades. Uno de los testigos en el juicio, por ejemplo, declaró este episodio: “J. estaba muy enfadado y me dijo que había estado llamando a Andina, pero que ésta no lo había dejado subir a su casa, y que ‘se la tenía que cargar’, lo que me dio mucho miedo por su estado de agitación”. 

Y lo hizo con un plan preconcebido, como terminó de confirmar su anterior pareja y madre de sus dos hijos, quien lo había denunciado también por maltrato, como recoge el fallo: “Indicó, cómo antes de matar a Andina, le pidió retomar la relación con ella, a lo que se negó; que le echaba a la fallecida la culpa de todo el mal que estaba sufriendo, y que lo iba a pagar. Y lo que es relevante y definitivo a la hora de llegar a la convicción de culpabilidad del jurado: le dijo, unos quince días antes, que se iba a enterar por la prensa de lo que iba a hacer a Andina; y que pasara lo que pasara, la quería, y le informó de cómo se hacían las visitas a la cárcel con los niños. Cambió la foto del chat del grupo con la foto de los hijos, pidiéndoles perdón y el mismo día 17 de marzo, sobre las 12 horas, fue a la salida de la guardería de la hija y se despidió de ambos”. 

“Todo ello –especifica la sentencia– refleja, que, desde días atrás, ya tenía tomada la decisión de acabar con la vida de Andina, por lo que no tuvo reparo en insinuárselo a su exmujer e hijo, de los que se despidió seguro de que iba a ser descubierto y acabar en la cárcel, como así ha sido”. 

Según los últimos datos anuales del Observatorio de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), referentes a 2023, siete de cada diez denuncias (70,93%) fueron presentadas por las víctimas, bien en el juzgado o en comisaría. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 15,89%; las originadas por partes de lesiones, el 7,94% y las presentadas por terceras personas, el 3,43%. Apenas el 2% de las denuncias son presentadas por el entorno de la víctima, desde familiares a allegados. Y la cifra permanece prácticamente igual a pesar de las campañas de concienciación. 

“El sistema judicial actúa en estos casos cuando el mal ya se ha producido, pero tenemos todo un sistema de detección precoz y de prevención que puede funcionar y que reside en el sistema educativo, en el de salud, en los sistemas sociosanitarios y desde luego en los sistemas especializados”, alertó, tras la convocatoria de un comité de crisis por la concentración de crímenes en 2023, la entonces delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Andina, sola y con su miedo dentro, intentó “escapar” de su agresor por sus propios medios, cambiando de domicilio, alterando sus horarios, su forma de vida. Pero no lo logró. Según todos los casos documentados en PorTodas, las víctimas de nacionalidad extranjera coinciden en una mayor dificultad para presentar la denuncia y pedir ayuda a la Administración, entre otras cuestiones, por el miedo que genera también la burocracia relacionada con la propia situación de extranjería, que las hace más vulnerables.  

El cuerpo de la mujer fue repatriado a Brasil a finales de marzo, pocos días después de que sus hijos viajaran también a su país de origen. Hasta ese momento, habían permanecido acogidos por la Diputación foral de Bizkaia, al no tener ningún familiar en España, como recogieron entonces los medios de comunicación. 

Detalle de la plaza frente al Ayuntamiento, con una gran M instalada en uno de sus laterales.

“Queremos tenerla en el recuerdo con este espacio que invita a la reflexión y a que tengamos un futuro libre de violencia machista”, dijo este marzo de 2024, al cumplirse diez años del feminicidio, la actual alcaldesa, Alaitz Erkoreka (PNV). “La reparación es una demanda desde las asociaciones de mujeres, el movimiento feminista y toda la sociedad”, dijo también la directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, Miren Elgarresta, en declaraciones recogidas por la televisión vasca.

El caso de Andina es, en cuanto a reparación, una excepción en las medidas que adoptan tras los feminicidios los diferentes municipios, donde a veces la gente no recuerda ni siquiera que hubo un crimen machista, incluso, habiendo habido varios. 

El asesino

Los hechos probados de la sentencia concluyen con una frase rotunda: “No tiene alteradas sus capacidades cognitivas, intelectivas ni volitivas, siendo conocedor de sus actos y de las consecuencias que de ellos se derivan”. En los 17 días anteriores al feminicidio, el agresor llamó a la víctima en más de 1.000 ocasiones, lo que, según el veredicto del jurado, muestra el nivel de acoso, violencia psíquica y maltrato constante al que sometió a Andina. 

Fue capaz, incluso, de acercarse al lugar de los hechos para hacerse cargo de los hijos de la víctima cuando llegó la ambulancia, después de que la niña diera la voz de alarma. La Policía lo llevó a tomar declaración como testigo en comisaría y, según la sentencia, antes de la declaración formal, en una especie de charla previa, los agentes le vieron una mancha de sangre en el cinturón: “Le preguntan por ello y, ante la situación, se puso a llorar y reconoció haberla matado, aunque no sabía bien si cuando abandonó el domicilio aún estaba con vida”. 

Se negó a declarar tras su detención ante el juez, que ordenó su ingreso en prisión provisional. Y en el juicio, aunque no negó haberlo reconocido en sede policial, indicó que no era cierto y que lo hizo por las presiones por parte de la Policía, “con amenazas y coacciones psicológicas”, denunció.

El tratamiento mediático

Como todos los casos de PorTodas, el tratamiento mediático incide en malas praxis que hoy, diez años después, están más erradicadas. Por ejemplo, se menciona el nombre completo de la víctima y se dan detalles que pueden perjudicar a los hijos. También se ofrecen datos del agresor que, por otro lado, pueden perjudicar igualmente a los menores afectados, también a los hijos del propio agresor.