Texto: Alba Mareca

Fotografías: Álvaro Minguito

“¿Un caso de violencia de género aquí en Amposta, en 2014? No recuerdo… Del que sí me acuerdo, aunque es bastante anterior, es de la historia de Ramón Laso, ese sí salió en todas las televisiones. ¿Sabes cuál te digo, no?”. Uno de los trabajadores de la empresa que gestiona el cementerio de este municipio tarraconense de más de 20.000 habitantes busca en un archivador el nombre de Lucyna Hanna. “No está enterrada aquí”, concluye. Su cuerpo y el de su marido fueron repatriados a Polonia, el país de origen de ambos.

Si ya no queda rastro del final de esta historia, al menos en Amposta, el principio ni siquiera se intuye, más allá de los contados datos judiciales. ¿A qué se dedicaban? ¿Por qué emigraron? ¿Qué pasó con sus tres hijos? El silencio de las instituciones de la zona, cuando se les pregunta por este caso en concreto, se parece al de las calles de la ciudad entrado el mes de noviembre, vaciada de turistas, con comercios cerrados y apenas seis personas tomando café en una terraza de la plaza principal, enfrente del mercado, en lo que parece una pausa en sus trabajos.

Hay historias cuyos detalles se difunden con esmero, sabemos el nombre y apellido de sus protagonistas; otras, en cambio, pasan desapercibidas o caen en el olvido de inmediato. A partir del 28 de enero de 2014 —y hasta el día siguiente, cuando finalizó la cobertura informativa de este caso de violencia machista—, Lucyna Hanna era, para la mayoría de los medios de comunicación que informaron de lo sucedido, “una mujer polaca asesinada”. 

De las 55 mujeres que fueron asesinadas en 2014, según los datos oficiales, 18 de ellas habían nacido fuera de España. “Desagregar la nacionalidad nos permite conocer la tasa de víctimas de violencia de género extranjeras, pero no nos dice nada en relación a la incidencia o el impacto de esta violencia entre la población femenina extranjera”, dice el informe Mujeres migrantes víctimas de violencia de género en España, elaborado por la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) y la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.

Las expertas sobre el tratamiento informativo de los feminicidios llevan años recordando que la nacionalidad, ni de la víctima ni del agresor, es relevante en este tipo de noticias, ya que no suele aportar contexto. No obstante, si trasladamos la idea de la AIETI y la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe sobre los datos oficiales a los medios de comunicación, especificar la nacionalidad sí tiene sentido cuando se pretende visibilizar algún tipo de discriminación o dificultad añadida en el proceso de denuncia o a la hora de pedir ayuda.

Según el estudio posterior de este caso que elaboró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Lucyna Hanna, que ya había denunciado agresiones por parte de su marido en Polonia —allí vivían frente a una comisaría de policía y ella iba personalmente a denunciar—, llevaba menos de un año en España cuando habló de esto por primera vez con la española, en Amposta. Fue en el año 2007, tras la llamada de unos vecinos. Lucyna Hanna tenía dificultades con el idioma y no confiaba en que alguien la fuera a proteger. En su declaración, que recoge el citado informe del CGPJ, explicó que “como en Polonia la policía no actúa ante este tipo de denuncias, no creía que en España la pudieran ayudar”.  

La situación de las mujeres en Polonia ha sido, de hecho, una de las más cuestionadas a nivel europeo en los últimos años, después de que la exviceministra de Trabajo, Familia y Política Social de este país —del partido ultraconservador Ley y Justicia—, Elzbieta Bojanowska, anunciara, en 2018, un proyecto de ley para despenalizar la ‘violencia doméstica’ —así está tipificada en este país la violencia de género— siempre que la agresión se produjera en una sola ocasión. La propuesta, denunciada por el movimiento feminista polaco por considerar que anulaba los derechos de las mujeres que sufren maltrato, quedó archivada en enero de 2019.

En aquella primera llamada de alerta en Amposta, en 2007, el menor de sus tres hijos, que entonces apenas tenía 7 años, fue el único en prestar declaración en las dependencias de la policía local por ser el único que no requería de traductor. El crío presentaba heridas por haber intentado evitar que su padre pegara a su madre. Esta declaración fue ratificada por él y por Lucyna Hanna en el juicio posterior a estos hechos, después de que el Juzgado de Instrucción nº1 de Amposta incoase diligencias urgentes tras lo ocurrido.

Este procedimiento derivó en un Auto por el que se concedían a Lucyna Hanna medidas de protección, que no se hicieron extensibles a sus tres hijos. En ese momento, además, la sentencia condenó al marido de Lucyna Hanna, por injurias y maltrato, a cuatro días de trabajos para la comunidad, una orden de alejamiento de su esposa durante cuatro meses, así como a seis meses de prisión. Esta última pena quedó anulada y condicionada a que delinquiera en dos años.

Ya en 2008, Lucyna Hanna y su marido pidieron reanudar la convivencia. Ambos vivían con sus hijos en un piso compartido y tenían una situación económica precaria, según menciona el estudio del caso que hizo el CGPJ como factor de vulnerabilidad. Fue en su vivienda, un bloque gris de protección oficial que contrasta con las casas, más bajas, del centro de Amposta, donde el agresor mató presuntamente a Lucyna Hanna, dejando huérfanos a sus tres hijos, que en aquel momento tenían 24, 22 y 13 años. Se suicidó, por lo que no existe una sentencia que le condene por estos hechos —un mes después de lo ocurrido se archivó la causa—. No obstante, tal y como explicaron los medios de comunicación en su momento, antes de suicidarse, contó a un amigo que había asesinado a su pareja y fue este el que alertó a la policía.

El día después, un centenar de personas se concentraron frente al Ayuntamiento de Amposta en un minuto de silencio convocado por esta institución. “Si un hecho de violencia de género ya conlleva una gran repulsa por parte de la ciudadanía, en este caso, al ser dos personas afectadas, el trastorno es mayor”, declaró en aquel momento el entonces alcalde, Manel Ferré, de Convergència i Unió, refiriéndose al presunto asesinato y al suicidio. 

Tras este minuto de silencio, más silencio. Preguntada por la existencia de acciones de memoria en recuerdo de Lucyna Hanna, la actual coordinadora del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Amposta —que no ostentaba el cargo en 2014—, Assumpta Eixarch, responde que “más allá del momento en el que pasó, no ha habido ninguna otra evidencia, ningún acto de memoria”. 

En Servicios Sociales trabajan con el protocolo común de esta zona geográfica del sur de Cataluña, Terres del Ebre. En este texto, y referente al contexto de su población, se explica que en este territorio desde 2004 ha habido un notable incremento de habitantes de diversas nacionalidades. En concreto, y en lo que se refiere a la población con nacionalidad polaca, según los datos de 2018 del Ayuntamiento de Amposta, hay 20 hombres y 28 mujeres procedentes de este país.El teléfono gratuito y confidencial de atención 24 horas a mujeres que sufren maltrato en Cataluña, el 900 900 120, atiende en 124 idiomas. 

Desde la representación territorial del Institut Català de les Dones en Terres del Ebre, ubicado en Tortosa, explican que ahora mismo están revisando este protocolo, cuya actualización se hará pública próximamente. “Se trata, sobre todo, de confirmar que todos los agentes que participan en el proceso son conocedores de cómo funciona este protocolo y los nuevos recursos que se han ido incluyendo últimamente”, explica Assumpta Eixarch. “Una particularidad a nivel territorial, aquí, es que somos pocos y nos conocemos mucho los unos a los otros, las caras, la persona que hay detrás de cada número de teléfono, y tenemos muy claro a quién hay que llamar en cada caso”, continúa.

En este sentido, desde el Ayuntamiento trabajan conjuntamente con el SIE —el Servei d’Intervenció Especialitzada, un servicio público de atención a mujeres afectadas por procesos de violencia machista y sus hijos que depende de la Generalitat de Catalunya—. Cuando llega a Servicios Sociales una mujer susceptible de ser víctima de maltrato, se la deriva al SIE para comenzar un proceso de recuperación.

“En los dos últimos años, no hemos derivado a nadie a este servicio y desde el SIE nos decían que tampoco estaban recibiendo a ninguna mujer”, apunta la coordinadora de Servicios Sociales. “Quisimos quedarnos tranquilas, no pensar “qué bien estamos, que no hay mujeres víctimas”, que sería la buena noticia, pero no lo teníamos claro. Hablamos con el SIE sobre esta disminución de los casos y, bajo nuestro punto de vista, la causa es que las mujeres no acaban de reconocerse como víctimas. Si no quieren denunciar o no quieren ir al SIE, no podemos obligarlas. Lo que sí hacemos, si entramos en contacto con ellas, aunque no quieran continuar el circuito, es estar más atentas de cómo están, de que nos vayan explicando…”, relata Eixarch. “Hubo un caso, por ejemplo, en el que la mujer nos dijo que quería salir de su casa pero no quería denunciar, así que la acogimos en un piso de urgencia nuestro, para personas con riesgo de exclusión residencial, no la tratamos como mujer maltratada porque ella no quiso”.

De la misma forma, una mujer que sí denuncia malos tratos, puede irse a vivir, tanto ella como sus hijos, a un piso de urgencia ubicado en Tortosa, a unos 20 kilómetros de Amposta, que es común para todos los municipios de Terres del Ebre.

El presunto autor del crimen

El marido, cuyo nombre se desconoce, tenía 61 años cuando mató presuntamente a su esposa y después se suicidó con una cuerda en su propio domicilio. En 2007, fue condenado por injurias y maltrato a cuatro días de trabajo para la comunidad, la prohibición de aproximarse o comunicarse con su esposa durante cuatro meses y a seis meses de prisión. Se acordó la suspensión de la pena de cárcel al concurrir los requisitos del artículo 81 del Código Penal, condicionada a que delinquiera en dos años.

En 2008, realizó cuatro días de trabajos en beneficio de la comunidad en las dependencias de Servicios Sociales ayudando a organizar el traslado del local. Todas las penas quedaron cumplidas el 11 de febrero de 2009.

En el año 2012, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Amposta, tramitó un procedimiento por internamiento no voluntario del acusado en un centro psiquiátrico. Fue el propio hospital el que decidió urgentemente ingresarlo para tratamiento médico, después de que Lucyna Hanna lo solicitase, tras avisar esta a los Mossos de que su marido había intentado suicidarse. El informe médico forense presentaba un diagnóstico de ansiedad generalizada, según el Consejo General del Poder Judicial. 

El marido de Lucyna Hanna no pudo ser enjuiciado porque se suicidó. Como marca la ley, cuando el presunto autor del crimen muere, se decreta el archivo de la causa. En este caso, el 24 de febrero de 2014 se produjo su archivo definitivo.

La Administración

El Ayuntamiento de Amposta no cuenta con un presupuesto específico para violencia machista. El departamento de Servicios Sociales, según explica su coordinadora, Assumpta Eixarch, sí tiene una partida específica para el Área de Igualdad de unos 7.000 euros al año, un dinero que según su responsable, está sobre todo pensando para realizar actividades de concienciación y sensibilización, especialmente durante la semana en torno al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.

En cuanto al protocolo contra la violencia machista que siguen en este consistorio, se trata de un documento elaborado por diferentes instituciones y organismos de Terres del Ebre, que tienen competencias en esta materia. Este texto fue presentado en noviembre de 2010, fruto de la aprobación por parte del Parlament de Catalunya, en 2018, de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Terres del Ebre fue el primer territorio de Cataluña en implantar un circuito territorial para el abordaje de la violencia machista.

En estos momentos —noviembre de 2019— está siendo revisado y actualizado. 

En Amposta, existen dos organismos de atención a mujeres. Por un lado, el SIAD, el servicio público que atiende y ofrece información a mujeres sobre cualquier cuestión, no necesariamente relacionada con violencia, y, por otro lado, el SIE, que sí trabaja específicamente con mujeres afectadas por procesos de violencia machista y con sus hijos. Su ámbito está más allá de las relaciones de pareja y ex pareja: interviene también en casos de agresiones sexuales, acoso sexual, prácticas contras la salud y la sexualidad de niños y niñas, explotación sexual y mujeres en procesos de victimización por otras causas. En el SIE trabajan profesionales del derecho, la psicología, el trabajo social y la educación social.

El tratamiento mediático

La mayoría de medios locales y nacionales informaron sobre el caso a través de fuentes oficiales. En un primer momento, los titulares apuntaban que se habían hallado dos cuerpos sin vida en un piso de Amposta, en Tarragona. Algunos medios apuntaban ya que podía tratarse de un crimen machista, pues la alerta había llegado a la policía por un amigo de la familia a quien el presunto asesino habría contado lo ocurrido antes de suicidarse. 

Las televisiones que cubrieron el caso mostraron tanto la zona como el edificio en el que vivían, y donde sucedió  el crimen, así como la salida de los cadáveres en camilla por parte de los profesionales sanitarios. En las piezas se cuenta también con el testimonio de algunos vecinos que se encontraban en la calle durante la operación policial e incluso imágenes de la ventana del piso grabadas desde la calle. 

La gran mayoría de medios destacaron que se trataba de una familia de nacionalidad polaca, sin que esto aportase valor informativo a las noticias publicadas al respecto. De los medios que recogieron la noticia del supuesto asesinato, apenas uno recogió la concentración y el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Amposta al día siguiente. Ninguno de ellos analizó el caso ni se produjo un seguimiento. Al ser archivado un mes después, no existe sentencia.