19/55
María
Asesinada en Medina del Campo
el 27 de marzo de 2014
Texto: Cristina García Casado
Fotografías: Álvaro Minguito
Esta historia fue publicada en noviembre de 2024.
“O vuelves conmigo o te mato”. Era lunes. Pedro Pablo amenazaba a María del Henar, su expareja y madre su hijo, dos días antes de dispararle en la sien. Llevaba amedrentándola ocho meses, desde que sus padres la habían llevado con ellos a su casa para protegerla porque él no la dejaba vivir. Llegaron a acudir a una comisaría para informarse esa misma semana. El 26 de marzo de 2014, hacia las cuatro de la tarde, Pedro Pablo la fue a buscar a Medina del Campo (Valladolid). Sabía que, a esa hora, iría camino del gimnasio, en su barrio de siempre. No estaban juntos desde hacía tiempo, pero él no aceptaba que ella no quisiera volver. La tensión aumentó cuando ella comenzó los trámites para reclamarle el pago de la manutención del bebé de ambos. María del Henar tenía 32 años y él 41.
María, como la llamaban todos, vivía con miedo. Esa tarde, le pidió a un vecino que la acompañara. “Me contó que él la estaba vigilando. Íbamos caminando y él se acercó a nosotros, se paró y le dijo que quería ver el niño. Ella le contestó que hoy (por ese día) no podía verlo. Entonces, yo me fui separando un poco porque son temas que no me competían”, relató entonces ese vecino, que en pocos minutos se convertiría en testigo ocular de un asesinato.
Una calle del pueblo.
Pedro Pablo volvió al coche y bajó armado con una pistola. La acorraló en el número 13 de la calle Puente de Aguacaballos, cerca de un parque público y a sólo 100 metros de la comisaría de Policía a la que llegó el vecino para avisar. Tras dos disparos fallidos, volvió a montar el arma e hizo un tercero que sí impactó en la cabeza de María.
Mientras ella se desangraba en el suelo, él huyó en dirección a Tordesillas por la autovía del Noroeste: iba al pueblo palentino de Villamuriel de Cerato, a unos 95 kilómetros, donde su madre tiene una casa. Al llegar, entró en la vivienda de una vecina y le contó lo que acababa de hacer. La mujer avisó a la Guardia Civil, pero las patrullas ya estaban alertadas y agentes del municipio lo detuvieron al reconocer su matrícula.
El arcén de la carretera hacia Tordesillas, en la salida de Medina del Campo.
A María la trasladaron en estado muy grave al hospital comarcal y más tarde la derivaron al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. A la mañana siguiente falleció como consecuencia de graves lesiones cerebrales. Su funeral se celebró en la iglesia de San Miguel y la enterraron en el cementerio de La Mota de su natal Medina del Campo. Fue la víctima número 18 de 2014 por violencia de género.
El rechazo social al crimen se hizo patente en sus manifestaciones cuando el agresor comparecía ante la Justicia, así como en otras concentraciones, como la que reunió a 5.000 personas en la plaza Mayor de Medina del Campo para pedir justicia. Entonces, hace diez años, sin Vox en las instituciones, todas las fuerzas políticas exhibían una condena unánime a la violencia machista.
Pedro Pablo reconoció, tanto en sus primeras declaraciones a la Policía como después en el juzgado, haber estado en el lugar de los hechos a la hora del crimen y haber ido allí para buscar a María y haberlo hecho portando una pistola. Sin embargo, afirmó desconocer cómo se le pudo disparar el arma y alegó que había sido un accidente, a pesar de haber apretado tres veces el gatillo. Al día siguiente de los hechos, la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Medina del Campo decretó su entrada en la conocida como cárcel de Villanubla, el Centro Penitenciario de Valladolid, como presunto autor de un delito de homicidio. Vecinos del pueblo lo recibieron y lo despidieron en los juzgados a gritos de “asesino” y con insultos.
Dos días antes, María del Henar fue a la policía
La familia de María del Henar conocía las amenazas desde hacía tiempo, por eso se la habían llevado a casa con ellos al poco de nacer el bebé. Su padre, el abuelo del menor, contó a los medios que las amenazas eran constantes y que no la dejaba vivir. Dos días antes del asesinato, María y su madre acudieron a una comisaría: la familia dijo que era para informar de que ella creía que le había pinchado el teléfono porque la perseguía por todo Medina, mientras que la Policía aseguró que sólo les pidió información sobre los trámites de custodia y que no quiso denunciar todavía. La familia afirmó que la Policía no le hizo caso dos días antes del asesinato y la Policía sostuvo que no podían hacer más sin denuncia y sin antecedentes sobre este caso.
Lo cierto es que, además de que se puede perseguir de oficio, Pedro Pablo había sido detenido cuatro años antes, en 2010, en Arroyo de la Encomienda por amenazas de muerte a otra pareja, respecto a la que sí tenía una orden de alejamiento, y con la que tuvo a su hija mayor.
Durante el juicio, esa expareja aseguró que a ella no la dejó de acosar hasta que comenzó a salir con María.
Cartel a las afueras del pueblo.
El agresor fue condenado a 18 años y seis meses por un delito de asesinato y otro año más por tenencia ilícita de armas. La condena incluyó también la privación de la patria potestad durante ese tiempo sobre el bebé, así como la prohibición de vivir en Medina del Campo y de acercarse al menor a una distancia inferior a 500 metros o comunicarse con él por cualquier medio durante 26 años.
Los cinco hermanos de María recurrieron tres meses después la decisión judicial que estableció un régimen de visitas para la familia paterna del bebé. La familia de María argumentó que la familia paterna nunca se había preocupado del menor y explicaron que su mayor temor era que el niño tuviera, a través de ellos, contacto con su padre en la cárcel.
Violencias previas
En los primeros momentos tras el asesinato, la Subdelegación del Gobierno en Valladolid informó de que no constaban denuncias por malos tratos relacionadas con este caso y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó que en el juzgado de Medina del Campo no había ninguna denuncia contra Pedro Pablo ni tampoco orden de protección para María. Fuentes del caso sí señalaron que no era la primera vez que se le detenía: en 2010 en Arroyo de la Encomienda por amenazas de muerte a otra pareja, respecto a la que sí tenía una orden de alejamiento.
Esa expareja, con la que tuvo a su hija mayor, declaró en calidad de testigo y afirmó que a ella no la dejó de acosar hasta que comenzó a salir con María. También contó que le confesó el crimen nada más cometerlo, consciente de que iba a ir a la cárcel, para pedirle que su madre, la abuela paterna, pudiera ver a la niña.
Una pintada por San Valentín en una antigua floristería del barrio donde residía María.
El asesino
Pedro Pablo tuvo su último domicilio en Valladolid, desde donde se desplazó en coche a Medina del Campo el día del asesinato. Antes había trabajado en seguridad privada, pero entonces era empleado de una planta que fabrica componentes automovilísticos. Uno de sus compañeros relató a los medios que en los últimos días antes del crimen habían notado que estaba muy pendiente del móvil y nervioso. Su último turno fue la noche antes de matar a María.
La sentencia
En el último momento, cuando ya estaba todo preparado la mañana del juicio, que iba a celebrarse con jurado popular, las dos partes llegaron a un acuerdo. Pedro Pablo reconoció el crimen y aceptó una condena de 19 años y seis meses de prisión, frente a los 22 años y medio que solicitó la Fiscalía. 18 años y seis meses por delito de asesinato y otro año más por tenencia ilícita de armas.
La condena incluyó también la privación de la patria potestad durante ese tiempo sobre el hijo que tenían en común, así como la prohibición de vivir en Medina del Campo y de acercarse al menor a una distancia inferior a 500 metros o comunicarse con él por cualquier medio durante 26 años.
Los juzgados de Medina del Campo.
El entorno
La familia de María del Henar conocía las amenazas desde hacía tiempo, por eso se la habían llevado a casa con ellos al poco de nacer el bebé. Su padre, el abuelo del bebé, contó a los medios que las amenazas eran constantes y que no la dejaba vivir. Dos días antes del asesinato, María y su madre acudieron a una comisaría: la familia dijo que era para informar de que ella creía que le había pinchado el teléfono porque la perseguía por todo el pueblo, mientras que la Policía aseguró que sólo les pidió información sobre los trámites de custodia y que no quiso denunciar todavía. La familia reclamó que la Policía no les hizo caso dos días antes del asesinato y la Policía sostuvo que no podían hacer más sin denuncia y sin antecedentes sobre este caso.
Los cinco hermanos de María recurrieron tres meses después de su muerte la decisión judicial que estableció un régimen de visitas para la familia paterna del niño. Los hermanos argumentaron que nunca se habían preocupado del menor y explicaron que su mayor temor era que el niño tuviera, a través de ellos, contacto con su padre en la cárcel.
La Administración
Era 2014, hace diez años, pero las primeras declaraciones de una responsable política fueron en la misma línea de las que se suelen escuchar ahora, incluso desde las administraciones: la necesidad de poner una denuncia. La entonces consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, dijo que para que las medidas previstas puedan proteger a las víctimas y a sus hijos se tiene que presentar una denuncia. “Estas situaciones tienen que conocerse para poder actuar contra ellas”, afirmó, y añadió: “Porque no se está produciendo un repunte de las denuncias, sino todo lo contrario”.
La consejera defendió entonces que su departamento había ampliado la protección tanto a las víctimas como a los menores bajo su tutela, y destacó, por ejemplo, haber suscrito el primer acuerdo de España con las universidades para que, cuando se tratara de estudiantes, se llevara a cabo un traslado inmediato de expediente y se facilitara una residencia, además de haber extendido el apoyo psicológico al medio rural o priorizado la contratación de víctimas de violencia de género en las convocatorias de empleo público.
Por su parte, el presidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle, advertía entonces de que luchar contra la violencia de género no es competencia única de la Administración de Justicia por lo que no puede resolverse únicamente “con una normativa represiva y con advertencias sobre las graves penas que lleva aparejada”, sino que, junto a la prevención y la norma penal, es necesaria “una labor social, cultural y educativa y llevar a sus últimas consecuencia el principio de igualdad, algo que debe imbuirse a todos los ciudadanos”, según dijo entonces a la agencia Europa Press.
Desde el 14 de septiembre de 2015, Castilla y León tiene recogidas en el Objetivo Violencia Cero las directrices del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género. “Observamos carencias en dos cuestiones muy importantes: la protección de las víctimas y la de los menores de edad, que también son víctimas, pues la violencia vicaria existe. Desde 2015 los menores son considerados como víctimas de violencia de género, pero faltan medidas judiciales efectivas para su protección”, explica a Por Todas Sonia Sánchez, psicóloga de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos, ADAVASYMT, de Valladolid.
La Junta terminó de adquirir en septiembre de 2024 los 9 locales destinados a ser centros de crisis para atender a las víctimas de violencia sexual en cada una de las provincias y se ha comprometido a tenerlos en funcionamiento antes de que acabe el año. El servicio que sí comenzó a prestar servicio en 2024 es el Centro Virtual Atiendo, como un recurso digital que garantiza la asistencia 24 horas durante todo el año en todo el territorio autonómico para las víctimas de violencia sexual.
En los 10 años transcurridos desde el asesinato de María del Henar, lo más significativo que ha ocurrido en Castilla y León en relación con las políticas sobre la violencia contra la mujer fue la irrupción en 2022 de la ultraderecha de Vox en el Gobierno autonómico: el mandato más largo del partido en una comunidad, dos años y tres meses. Negar la violencia machista es una de las banderas de Vox y su presencia en el Ejecutivo autonómico impactó tanto a la hora de entorpecer medidas y actos simbólicos que antes eran asumidos por todos los partidos con normalidad como, sobre todo, en la normalización de un discurso negacionista.
“Estamos observando que en la población más joven o adolescente se está produciendo un incremento de casos de maltrato en mujeres cada vez de menor edad, un inicio de las relaciones de pareja a edades cada vez más tempranas, un aumento de las agresiones sexuales y las conductas de riesgo a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías (sextorsión, porno de venganza)”, indica la psicóloga Sonia Sánchez. Y añade: “La manosfera, como fenómeno de Internet que presenta el feminismo como un ataque hacia los hombres, no ayuda y capta cada vez a más jóvenes varones en sus filas”.
Al vicepresidente de la Junta de Vox, el beligerante contra el feminismo Juan García Gallardo, lo ha reemplazado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien ha defendido que la protección de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de género o agresión sexual es una prioridad máxima para el Gobierno autonómico.
La última medida que ha presentado hasta el momento de escribir esta información ha sido la campaña Farmacia Punto SOS, para incorporar a estos establecimientos en la red de atención a las víctimas, sobre todo como primer punto donde solicitar ayuda, mediante el discreto signo que se ha establecido internacionalmente. Esto es especialmente útil en un territorio extenso de población dispersa como Castilla y León. El 60% de las 1.596 farmacias se ubican fuera de los grandes núcleos de población.
Fachada principal del Ayuntamiento de Medina.
Tratamiento mediático
Los medios locales, provinciales, el castellano y leonés Norte de Castilla y las agencias de noticias hicieron un seguimiento de las novedades del caso con piezas fundamentalmente informativas en las que no se cuestionaba a la víctima, como ocurre en algunas ocasiones pese a los avances en los códigos y la formación periodística para abordar la violencia de género.
El rechazo social al crimen se hizo patente en sus manifestaciones cuando el agresor comparecía ante la Justicia, así como en otras concentraciones, como la que reunió a 5.000 personas en la plaza Mayor de Medina del Campo para pedir justicia.
