Texto: Iria Comesaña

Fotografías: Álvaro Minguito

Solo dos días después de terminar de cumplir una condena de arresto domiciliario, y con una orden de alejamiento en vigor que le impedía acercarse a ella, Hamid Drioua fue a casa de María del Carmen y le asestó las 33 puñaladas que acabaron con su vida la madrugada del 2 de agosto de 2014, en el municipio almeriense de Berja, que celebraba esos días sus fiestas patronales.

Hamid no admitía que ella hubiese zanjado la relación sentimental que habían mantenido durante unos meses y no dejaba de llamarla por teléfono y buscarla, hasta que un día acabó insultándola y zarandeándola. María del Carmen denunció la agresión y el juzgado estableció una orden de alejamiento, pero Hamid se la saltó para verla y fue condenado a seis días de arresto domiciliario. Tras cumplir esta pena, bajo vigilancia policial, volvió a quebrantar la orden de alejamiento pero esta vez para matarla. 

La familia de María del Carmen cuestionó públicamente que la Justicia no hubiese actuado de forma más contundente ante la agresividad de Hamid. La gente del pueblo se revolvió cuando dos días más tarde lo llevaron detenido a declarar a los juzgados de Berja: la Guardia Civil tuvo que intervenir para impedir que la muchedumbre congregada en la céntrica calle donde está la sede judicial se lanzara contra él. El acusado y su abogado terminaron saliendo por una puerta trasera, protegidos por las fuerzas de seguridad. 

La víctima era muy conocida en Berja, porque su familia ha vivido siempre en este pueblo al pie de la sierra de Gádor, que ese año rondaba los 15.000 habitantes. Al municipio se llega por carreteras que se van estrechando a medida que se adentran en las áridas montañas. La vía de acceso al pueblo pasa por delante del cementerio antes de que un colorido azulejo dé la bienvenida al casco urbano, a pocas calles de donde vivía María del Carmen. Justo al lado de su bloque de pisos, en una pared que media entre el pueblo y la montaña, hay grafiteados un corazón negro y una pintada: “Siempre mía, siempre tuyo, siempre nuestro”. En el camino, varios vecinos indican la dirección de la casa y recuerdan lo alegre que era esta vecina de Berja, pero les cuesta hablar de la familia, porque saben que apenas han empezado a recuperarse. 

La víctima tenía 41 años, estaba separada y convivía con su hijo de 23 años. Mantenía una relación muy estrecha con su madre y sus tres hermanos varones. Seis años después, su madre y su hijo accedieron a hablar con #PorTodas sobre las repercusiones de este crimen machista, pero en el último momento se echaron atrás: se sintieron incapaces de rememorarlo. “María del Carmen era un puntal para su familia, era la niña de la casa para sus hermanos, y con su hijo estaba muy volcada porque habían pasado momentos difíciles. Su muerte los dejó a todos rotos, y a pesar del tiempo que ha pasado, no se ven con fuerzas”, explica la abogada que ejerció la acusación particular, Purificación Allés. 

La letrada cuenta que la relación entre María del Carmen y su agresor había durado unos ocho meses y había terminado hacía otros tres o cuatro. La mujer le había dicho a su familia que salían juntos, pero no había llegado a presentarlo como su pareja, “porque no era una relación consolidada, y también porque quería protegerlos del qué dirán, sobre todo a su hijo”. Temía que al tratarse de un pueblo pequeño se extendieran los rumores sobre su relación con un ciudadano marroquí diez años menor que ella, por lo que llevaba este asunto de manera discreta. Sin embargo, cuando decidió romper con él, las llamadas de acoso se sucedieron por cientos, y llegó a amenazarla tanto a ella como a su familia, según contaron varios parientes a la prensa tras el asesinato. 

Purificación Allés explica que durante un tiempo la víctima “no quiso darle la importancia que tenía, porque pensó que podía controlarlo sola” y así no preocupar a nadie. Hasta que la violencia fue en aumento y se decidió a denunciarlo. Pero al intentar demostrar el acoso telefónico, un fallo en su móvil hizo que las horas de las llamadas no coincidieran con las que ella relataba, “y en el juzgado no la creyeron”. Aun así, Hamid salió del juicio de faltas con una orden de alejamiento que incumplió muy pronto, por lo que se le impuso la pena de arresto domiciliario. Por eso la letrada matiza, como defiende la familia, que “si en aquel momento lo hubieran detenido, no hubiera pasado lo que pasó”. 

A la pregunta de si la Justicia no le ofreció los recursos adecuados, Allés recuerda que, a pesar de no haber pasado tantos años, “eran otros tiempos, y las cosas no funcionaban como ahora”. Puede extrañar que ni la víctima ni el sistema judicial fueran conscientes del riesgo, “porque hoy día al presentar la primera denuncia se hubiera puesto a su disposición asistencia letrada y apoyo psicológico del Instituto de la Mujer, pero en aquel momento a ella no la asesoró nadie, ni siquiera le ofrecieron un abogado. Las leyes se han ido reformando a base de que pasaran estas cosas, y hoy se actúa de otra forma”.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició una investigación de oficio sobre el crimen, que, al no encontrar irregularidades, cerró sin proponer ninguna medida de corrección. La entonces Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también admitió a trámite una queja del Grupo Parlamentario Socialista, que cerró igualmente sin ninguna recomendación.

El arresto domiciliario de Hamid fue controlado a diario por la Policía Local de Berja por orden del juzgado de Instrucción. Cuando la obligación de estar en su casa terminó y pudo salir a la calle, en plenas fiestas del pueblo, vio a María del Carmen charlando con varias personas. Era de madrugada. El agresor regresó a su domicilio para coger un cuchillo y se presentó en casa de su expareja. En la casa había otra persona, que se escondió cuando ella fue a abrir la puerta.

Tras una breve discusión y por sorpresa, Hamid “le dio 33 puñaladas con el cuchillo que llevaba, por diversas partes del cuerpo, aumentando deliberadamente el dolor de ella, causándole finalmente la muerte por la importante cantidad de sangre perdida”, según recoge la sentencia. Después de matarla, llamó por teléfono a dos primas de su víctima, les contó lo que acababa de hacer y las amenazó con ir a por ellas. Luego huyó del pueblo para esconderse en un cortijo del cercano municipio de Dalías, donde fue arrestado al día siguiente por la Guardia Civil. 

El agresor permaneció en prisión provisional hasta el juicio, en el que fue condenado a casi 26 años de prisión por varios delitos. Su abogado defensor, el penalista José Ramón Cantalejo, argumentó ante el jurado que Hamid había actuado presa de un “trastorno mental transitorio por padecer un estado pasional alterado”. No asumía la ruptura, y las medidas de alejamiento incrementaron su malestar. Por casos como este, Cantalejo está convencido de que a la Ley de violencia de género “le falta un capítulo”: “Que es qué hacemos con los hombres en estas situaciones, cuando son agresivos y las medidas que se les imponen los hacen sentirse como un gato encerrado, porque ahí estamos aumentando el riesgo para la mujer”. En todo caso, confirma que la Justicia no vio un riesgo tan grave y por eso no estableció medidas de protección más contundentes.

La abogada especializada en violencias machistas Carla Vall considera que, actualmente, el quebrantamiento de la primera condena tendría una alta probabilidad de acabar en una pena de seis meses de prisión. Y añade que entrar en la cárcel resulta más o menos efectivo según el perfil del maltratador: suele funcionar mejor con los agresores integrados socialmente y acostumbrados a tener más poder que sus víctimas, porque estar en un lugar en el que no pueden ejercer ese poder les sirve de escarmiento. Pero para otros casos en los que pudiera resultar contraproducente, la abogada recuerda que la ley también prevé alternativas de intervención psicoterapéutica que pueden solicitarse durante el proceso judicial. “Son siempre medidas voluntarias, porque si el maltratador no está dispuesto a participar en el tratamiento no sirven para nada, pero se pueden proponer como medidas accesorias” si se estima que el agresor está siendo presa de una frustración que puede desencadenar más violencia.

Más allá del detonante del crimen, Cantalejo sigue pensando que su cliente no debió ser condenado por asesinato, porque en la casa había una segunda persona “que se escondió, eludiendo su deber de socorro, al no salir para pedir ayuda hasta que Hamid se marchó”. No discute la agresión, pero cree que una asistencia más eficaz podría haber salvado la vida de la víctima. 

En el juicio insistió en que Hamid le asestó “muchas puñaladas, pero cuando salió de la casa ella seguía viva, y si las ambulancias no hubieran tardado tanto podrían haberla salvado”. El jurado no lo estimó, y la sentencia establece que, aunque no pueda afirmarse que alguna de las 33 puñaladas recibidas por la víctima fuera necesariamente mortal, “fueron tantas y en tan rápido periodo de tiempo, que causaron a María del Carmen una pérdida tan importante de sangre que provocó su muerte”. 

Las fiestas de la Virgen de Gádor no se suspendieron después del crimen, lo que molestó profundamente a la familia. María del Carmen fue despedida en un sepelio multitudinario en la iglesia de la Anunciación, pero el homenaje público tras el feminicidio no se produjo hasta finales de mes, con una manifestación convocada por la familia a la que se unieron las autoridades municipales. Aunque el recorrido no se estableció con una intención expresa, sino que transcurrió por donde suelen pasar todas las manifestaciones que se convocan en el pueblo, la marcha pasó por delante de los juzgados de Berja, donde se guardó un minuto de silencio, y también junto al lugar en el que se cometió el asesinato. María del Carmen fue la segunda víctima de la violencia machista de ese año en Almería, la octava en Andalucía y la número 35 en España.

Violencias previas

No consta que María del Carmen hubiera sufrido violencia durante su relación con Hamid. Pero cuando quiso dejarlo, él comenzó una espiral de maltrato: la llamaba insistentemente para que volvieran a estar juntos, pero al mismo tiempo la amenazaba, incluso de muerte, cuando ella se negaba a retomar la relación. Llegó a decirle que si no estaba con él no iba a estar con nadie.

La víctima no acudió a pedir ayuda por violencia género ni al Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía ni al Ayuntamiento de Berja, según han confirmado ambas instituciones. 

La sentencia

El juicio por el asesinato de María del Carmen se celebró en junio de 2016, ante un jurado popular. En él intervino el testigo que estaba escondido en casa de la víctima, que no pudo ver la agresión pero sí escucharla, y que al encontrarla sangrando en el suelo fue a pedir ayuda a una gasolinera cercana, desde donde alertaron a los servicios sanitarios.

El jurado consideró probado que Hamid mató a María del Carmen de 33 puñaladas y que lo hizo de forma sorpresiva, por lo que el tribunal dictó sentencia por asesinato con las agravantes de alevosía y ensañamiento, ya que la cantidad de heridas “aumentó deliberadamente el dolor de la víctima”. Se consideraron agravantes el que hubiera llevado consigo un cuchillo para cometer el crimen y la relación de parentesco entre ellos, por haber sido pareja sentimental. También se admitió como atenuante que Hamid confesase el delito, tanto a las primas de la víctima a las que llamó por teléfono para amenazarlas, como a la Guardia Civil en el momento en que fue detenido.

El jurado también estableció que había quebrantado la orden de alejamiento que le impedía comunicarse con María del Carmen o acercarse a menos de 200 metros de ella, y que había amenazado a las dos familiares de su expareja. 

Tras el veredicto de culpabilidad, el tribunal dictó una condena que se ajustaba a las penas que había pedido la Fiscalía, muy similares a las de la abogada de la familia: 23 años de cárcel por el asesinato, un año por cada una de las dos amenazas a las primas de la víctima, y 10 meses por el quebrantamiento de la orden de alejamiento. En total, 25 años y diez meses de prisión. También se concedió una indemnización de 120.000 euros al hijo de la fallecida y otra de 50.000 euros a la madre y hermanos de la víctima, como había reclamado su abogada, además de imponer al acusado las costas del juicio. Sin embargo, en la sentencia se le declara insolvente, por lo que las indemnizaciones han tenido que ser reclamadas al Estado.

La sentencia fue recurrida por la defensa en el Tribunal Supremo, que la confirmó íntegramente.

El tratamiento mediático

Tanto el asesinato de María del Carmen como lo ocurrido los siguientes días fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación: la detención del agresor, los disturbios que se produjeron cuando fue a declarar al juzgado, el multitudinario entierro o la manifestación convocada por la familia unas semanas más tarde. Las informaciones, en ocasiones muy emocionales, recogieron las dolorosas declaraciones de la familia y sus quejas sobre la Justicia, por haber sido incapaz de proteger a la víctima pese a que se había atrevido a denunciar a su agresor. 

En todos los casos se señalaba como dato relevante el quebrantamiento de la orden de alejamiento que se había dictado para protegerla. 

Como en muchos crímenes machistas, en el seguimiento posterior del juicio se recogía sin cuestionarla la versión del asesino, construida sobre tópicos como los celos, el sentimiento de posesión o los arrebatos incontrolables, con los que el acusado justificó en su declaración haber matado a la mujer de la que al mismo tiempo decía estar enamorado.