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Yolanda

Asesinada en Orihuela
el 2 de agosto de 2014

Texto: Alba Mareca
Fotografías: Elvira Megías

“Lo tenemos que ir llevando… pero esto no se supera”. Maruja Cuenca repite esta frase varias veces durante nuestra conversación. Habla así del asesinato de su hija, Yolanda, cuando esta tenía 39 años, a manos de quien era su marido, Juan Antonio Martínez. Ocurrió la noche del viernes 1 al sábado 2 de agosto de 2014 en su piso del barrio de Capuchinos, en Orihuela. En esas fechas, la ciudad ya se ha vaciado; la mayoría de sus habitantes están en las playas cercanas.

Ese día, Yolanda también tenía planeado un viaje. “Mi hija me dijo que dejarían a la cría con su cuñada, al nene le tocaba con el padre –un hijo que Yolanda tenía de una relación anterior–. Me explicó que se iban a pasar el fin de semana en una casa por Cartagena, que irían en moto y antes se pasaría por casa a por el casco de su hermano”, relata Maruja. “Llegó el sábado, pasó el domingo y yo pensé que si no vino era porque al final se habrían ido en coche”, continúa. 

Según los hechos probados de la sentencia condenatoria, Juan Antonio propinó varios golpes en la cabeza a Yolanda con una mancuerna. Antes de matarla, la agredió sexualmente.

Juan Antonio asesinó a Yolanda en el piso en el que vivían juntos en Orihuela.

El cuerpo de Yolanda no se encontró hasta el lunes siguiente, después de que Juan Antonio confesara lo que había hecho a su hermana, en una llamada que ella le hizo para preguntarle cuándo iría a recoger a su hija. Entonces él ya estaba en Murcia, donde huyó pensando que estaba en busca y captura por lo que había hecho y donde finalmente fue detenido. Al marchar, dejó entreabierta la puerta del domicilio y llamó desde una cabina a Emergencias para comunicarles que “una chica se encontraba muy mal” –según se puede leer en la sentencia–, sin llegar a precisar la ubicación exacta de la vivienda. 

Cuenta Maruja que la pareja ya se había separado una vez: “Estuvieron viviendo en Alquerías (Murcia) pero mi hija se enfadó con él por algo y se volvió a Orihuela con los dos hijos. Luego volvieron”. En el momento del asesinato, según explica su madre, Yolanda no trabajaba, “pero antes estuvo mucho tiempo en un matadero de aves”.

“Era una mujer muy trabajadora, luchadora, quería con locura a sus hijos… y también a su asesino. Yo había cosas de él que no veía, pero ella nunca dijo que él le hubiera hecho nada, porque de esa forma, si yo me hubiese enterado, ella no hubiera estado más con esa persona”, remata Maruja, que en ese momento vivía a apenas un kilómetro de la pareja. “Aquí la gente me conoce, los vecinos me dieron mucho apoyo; el pueblo estaba conmigo”, añade. 

A pesar de no existir denuncias previas por malos tratos, cuando Juan Antonio confesó el crimen dijo que había hecho “lo que tenía que haber hecho el año pasado”.

El asesino huyó a Murcia tras cometer el crimen.

Maruja tiene ahora 68 años y la custodia de la hija de Yolanda y Juan Antonio, una niña que apenas tenía tres años cuando ocurrió el asesinato, y que ahora cuenta nueve. “Yo soy su padre, su madre y su abuela”, dice. Y explica también las dificultades para contarle lo ocurrido: “Ya más o menos lo sabe. A veces me pregunta: “Abuela, ¿por qué mi madre se ha muerto tan joven?” y en seguida dice: “Sí, ya sé por qué””. En 2014, niños y niñas como ella no eran considerados víctimas de violencia de género. Este aspecto cambió con una modificación en la ley al año siguiente, en 2015. 

El apoyo que Maruja describe por parte de los vecinos, sin embargo, no se ha traducido en una mayor conciencia de la población frente a la violencia machista. Lo considera así Maite Sánchez, de la Asociación de Mujeres de Orihuela Clara Campoamor: “El último jueves de cada mes salimos a manifestarnos y no viene nadie”. “Orihuela es una ciudad pequeña, tiene mucho peso de la Iglesia y su sociedad es muy tradicional, muy conservadora. Eso influye, por supuesto”, explica. 

Capuchinos, la zona donde vivía la pareja, está a las afueras de Orihuela y es uno de los barrios más humildes de la ciudad. Por eso, Sánchez considera que a lo ocurrido se le dio un enfoque de “estigmatización de las zonas más deprimidas”. Pero insiste: “La violencia de género se da a todos los niveles; aunque puede presionar más cuando hay más precariedad”. En un banco pintado de blanco en la Plaza de Capuchinos, enfrente del bloque de edificios en el que vivía Yolanda, se puede leer lo siguiente: “No ver la violencia deja asesinadas”. Se trata de una iniciativa de sensibilización por parte del Ayuntamiento.

Un edificio en el barrio de Capuchinos.

Según los datos de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Orihuela y su Servicio Municipal de Atención a la Violencia de Género (SEMAVIG), 140 personas fueron atendidas entre noviembre de 2013 y el mismo mes de 2014 en Orihuela, Orihuela Costa y las pedanías. De ellas, 80 fueron mujeres con órdenes de protección, 34 fueron familiares y ciudadanía en general y 26 menores hijos e hijas de víctimas. De las 80 mujeres con medidas de protección intervenidas, 54 estaban en paro en el momento de ser atendidas.

Según las conclusiones del SEMAVIG en el documento que expone estos datos, correspondientes al año en el que Juan Antonio asesinó a Yolanda, “la convivencia en pareja y la dependencia económica (desempleo), continúan siendo los principales factores de riesgo en la exposición y el mantenimiento de la violencia de género, frente a las parejas que no conviven o en las que las mujeres mantienen independencia económica”.

La jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de Alicante, Modes Salazar, considera que “para las más vulnerables son imprescindibles medidas como el Ingreso Mínimo Vital, la justicia gratuita u orientación laboral”.

Desde la Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Orihuela consideran que falta concienciación frente a la violencia machista.

Tras el asesinato, dos amigos de la madre de Yolanda –en forma de agradecimiento, Maruja insiste en sus nombres: Montse y Fernando– la ayudaron a buscar un abogado. Así, explica que tuvo que presentar declaración “cada dos por tres, siempre diciendo lo mismo” en un momento en el que “no te encuentras todavía fuerte para estar contando esto una y otra vez, ni siquiera sabes cómo va tu cabeza”. La criminóloga y presidenta de la Asociación de Criminología de la Comunitat Valenciana, Amparo Perís, llama a esto “revictimización secundaria”: “Como madre ya eres víctima, pero al hacerte declarar una y otra vez te están revictimizando. Si la justicia actuase prontamente, bastaría con una declaración”. Como consecuencia de este proceso, Perís señala que se puede producir “un estrés postraumático continuado” al estar “reviviendo una pesadilla”.

Durante el juicio, los medios de comunicación acuñaron a Juan Antonio el apelativo de “asesino de la mancuerna” –y una búsqueda rápida confirma que no es el único–. En el tratamiento informativo también contribuyó el hecho de que la defensa presentase un informe elaborado por un perito judicial que justificaba el crimen con una psicosis provocada por los celos que el asesino sentía ante una supuesta infidelidad de su pareja, algo que destacaban algunos titulares. 

En concreto, la sentencia condenatoria recoge que el acusado padecía “un trastorno de personalidad mixta con rasgos disociales y paranoides”. Aunque atribuye este “a la supuesta infidelidad de su mujer con su hermano”, también detalla que había consumido drogas durante al menos 9 años. Esto se tuvo en cuenta a la hora de bajarle la pena, que finalmente fue de 12 años por el asesinato y 9 por la agresión sexual. En los diez años siguientes a su salida de prisión, tampoco podrá acercarse a menos de un kilómetro de los dos hijos de Yolanda. 

Una zona de murales en homenaje a Miguel Hernández en Orihuela.

Preguntada sobre la admisión de este tipo de informes como eximentes, la criminóloga Amparo Perís reconoce dudar sobre si actualmente “se atreverían a hacer algo así”. “Lo que estamos pretendiendo desde el feminismo es que no sea considerado como atenuante que un hombre se drogue”, añade. Aunque, sobre este caso concreto, la experta aclara que el atenuante viene por una psicosis que sí está documentada; “los forenses se limitan a eso, pero luego en los tribunales falta gente especializada en violencia machista”. 

El feminicidio de Yolanda revela, además, el control y el poder en el que se basa la violencia contra las mujeres. Para Perís, la agresión sexual “es la demostración última del poder que tiene sobre ella; aún sabiendo que la va a asesinar, ejerce un plus de dominación”. 

Esta historia fue publicada en septiembre de 2021.

Violencias previas

No constan violencias previas ni episodios anteriores de violencia machista.

El asesino

Juan Antonio Martínez tenía 37 años cuando mató a su pareja. Desde que fue detenido en Murcia –donde había huído–, tres días después del asesinato, entró en prisión preventiva. En julio de 2018, cuatro años después, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana confirmó una pena de 21 años: 12 por el asesinato con agravante de parentesco y 9 por agredir sexualmente a su pareja antes de matarla.

Horas antes de su detención dijo a su hermana por teléfono que era algo que tenía que haber hecho un año antes. También la advirtió de que si iba a la casa en la que ambos vivían no le iba a gustar “lo que se iba a encontrar”.

Durante el juicio, la defensa presentó un informe de un perito en el que se detallaba que Juan Antonio consumía drogas de forma continuada desde hacía años. La sentencia recoge la admisión de este estudio y lo explica así: El acusado al tiempo de comisión de los hechos, padecía un trastorno de personalidad mixto con rasgos disociales y paranoides, un trastorno por consumo de drogas de abuso de al menos nueve años de evolución, y varios cuadros psicóticos con ideación delirante celotípica que han requerido su ingreso psiquiátrico, siempre relacionados con la supuesta infidelidad de su mujer con su hermano, según informe médico forense obrante la causa, de fecha 21 de mayo de 2015”. Esto supuso una eximente incompleta en la pena final. Las expertas consultadas consideran que este tipo de circunstancias no deben ser consideradas como un desencadenante –ni tampoco como la causa de la agresión–, sino como un facilitador o desinhibidor.

El entorno y la familia

Yolanda tenía dos hijos –uno de ellos de una relación anterior–. Maruja, su madre, tiene ahora la custodia de la pequeña, que había tenido con Juan Antonio. Ella tenía tres años en el momento del asesinato y esa noche estaba en casa de su tía, la hermana del agresor, porque la pareja tenía planeado un viaje. Según la sentencia condenatoria, el asesino tiene prohibido acercarse a ellos a menos de un kilómetro en los diez años siguientes a su salida de la cárcel, así como comunicarse con ellos por cualquier vía.

Juan Antonio estaba obligado a indemnizar económicamente tanto a los hijos menores como a la madre de Yolanda. Siete años después, esta mujer de 68 años explica la dureza del juicio, un proceso en el que tuvo que prestar declaraciones en numerosas ocasiones, así como el miedo ante la salida de prisión del asesino: “Esto no se supera en la vida. Lo tenemos que ir llevando, pero no se supera”.

La Administración

En 2014 hubo cinco feminicidios en la provincia de Alicante. Según un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en el que analiza los 1.000 primeros asesinatos machistas registrados desde el año 2003, Alicante es la tercera provincia de España en la que han asesinado a más mujeres, tras Madrid y Barcelona. La séptima si se tiene en cuenta el porcentaje de población.

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Orihuela cuenta con un Servicio Municipal de Atención a la Violencia de Género (SEMAVIG). Según sus datos estadísticos, 140 personas fueron atendidas entre noviembre de 2013 y el mismo mes de 2014 en Orihuela, Orihuela Costa y las pedanías por violencia de género. De ellas, 80 fueron mujeres con órdenes de protección, 34 fueron familiares y ciudadanía en general y 26 menores hijos e hijas de víctimas. De las 80 mujeres con medidas de protección intervenidas, 54 estaban en paro en el momento de ser atendidas. Es por esto que entre las conclusiones de esta estadística se encuentra el desempleo, la dependencia económica y la convivencia en pareja como factores de riesgo en el mantenimiento del maltrato.

Fuentes de la policía local de este municipio aseguran que la formación en estas cuestiones “es constante desde 2008 y se centra en temas de violencia”. Sin embargo, también echan en falta “más recursos humanos” ya que a la hora de intervenir en casos de violencia machista “parece que lo único que importa es la teoría o los protocolos” en lugar de la realidad de las mujeres y sus familias.

En la misma línea, Modes Salazar, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Gobierno de Alicante, considera que “siempre faltarán recursos”: “Hacen falta más juzgados especializados, formación específica de jueves, fiscales y de todos los operadores jurídicos en materia de violencia de género”. “Para las más vulnerables son imprescindibles el Ingreso Mínimo Vital, la justicia gratuita, orientación laboral o medidas para facilitar tramitaciones de permisos de residencia para mujeres extranjeras (en la provincia de Alicante hay muchas)”, dice sobre medidas más concretas.

El tratamiento mediático

Medios locales y nacionales informaron sobre el feminicidio, así como de la detención de Juan Antonio en Murcia. Fueron los primeros los que dieron una amplia cobertura del juicio y la condena. Muchos de los titulares hablan del “asesino de la mancuerna de Orihuela”, en referencia a cómo asesinó a Yolanda. A pesar de la amplia cobertura sobre el juicio y los repetidos detalles sobre la violencia más extrema, las piezas no incluyeron voces expertas ni un contexto más amplio sobre la violencia machista. Tal y como recomiendan las expertas en periodismo y violencia machista, es aconsejable no usar apodos para referirse a los agresores; estos pueden contribuir a banalizar los feminicidios.