Texto: Ana Veiga

Fotografías: Brais Lorenzo Couto

En el corazón de Pazos de Borbén, a 23 kilómetros de Vigo, el alcalde saluda a un vecino tras otro delante de la fachada del Ayuntamiento con los brazos en jarra y la familiaridad de quien se conoce de la infancia. Al otro lado de la calle, en una terraza, un grupo de cuatro hombres de unos 70 años juega al dominó con un vino por persona. A esta hora de la mañana, este día de junio de 2021, no se ven mujeres en el pueblo. Hombres de edad avanzada, camisas de cuadros, pasean al sol.

–¿Es usted el alcalde?

–¿Quién lo pregunta?, responde bajando los brazos de la cadera y mirando desde arriba.

Le contamos que estamos escribiendo sobre casos de violencia de género y, antes de terminar la frase, nos deriva a la concejala de Servicios Sociales, a la que llama desde su teléfono móvil. Busca despacio su nombre en la agenda. Y pulsa. Me pasa el teléfono. Le explicamos que queremos saber más de los protocolos de violencia de género. “Encantada”, contesta. Pero el tono se congela cuando le preguntamos por el caso de Sara, una mujer de 81 años asesinada el 29 de julio de 2014 supuestamente por su marido, de 79 años. “No, yo… de eso no hablo. Es por respeto”, dice al otro lado del aparato. “La familia lo ha pasado muy mal”, insiste. Ella no era concejala en ese momento.

Sí estaba entonces el actual alcalde, Andrés Iglesias (PP), que todavía se emociona y cambia el gesto al mencionar ese nombre cuando le devolvemos el teléfono y le preguntamos. “No se entiende lo que pasó porque nadie se lo esperaba, no sabíamos que hubiera nada de esto entre ellos…”, dice.

Iglesias fue el encargado de organizar el minuto de silencio y estuvo presente en el funeral y entierro, que se hizo conjuntamente a ambos. Al día siguiente, el Ministerio de Sanidad confirmó en un comunicado que se trataba de un nuevo caso de violencia machista. El Observatorio de Violencia de Género lo incluyó en la lista de feminicidios de ese año.

“Hay gente que no entiende por qué se hizo homenaje a los dos pero no fue homenaje, fue un acto de dolor. El pueblo no asimila que fueran uno el bueno y el otro el malo, sino que fue… una desgracia conjunta”, explica el alcalde, con la vista al suelo primero y luego hacia el horizonte. “Prefiero no hablar de eso porque la familia lo pasó muy mal y… prefiero no hablar más de esto. Por respeto”. Cierra la frase y continúa frente a la fachada del consistorio saludando al vecindario.

La casa de Sara no está aquí. Ni siquiera está cerca, aunque sí forma parte de la parroquia. En coche, son más de 30 minutos de sinuosas carreteras de doble sentido. A veces cuesta creer que quepan dos vehículos a la vez.

Tras una curva cerrada, se observa un colchón viejo, en vertical, frente a un muro de unos 70 centímetros, lleno de zarzas y malas hierbas. No es un muro alto aunque sí suficiente para alejar a curiosos de la casa, que se adentra unos 50 metros hacia el interior de la finca. Tampoco es que haya nadie mirando. Ni nadie, en general. La estrecha carretera está vacía. Es viernes, 12 de la mañana de un día de junio. El sol luce brillante y hace caer sobre el asfalto unos 30 grados que, en Galicia, se sienten como unos 40 en Sevilla.

Al otro lado del arcén, hay un parque con cuatro bancos, también vacíos y, frente a él, una parada de autobús con la pintura desconchada y un cartel pegado que anuncia una misa por una mujer que falleció en 2019. 

Después de 20 minutos de espera, pasa al fin un coche.

–Perdone, ¿sabe cuál era la casa de Sara?

–¿Sara? No sé.

–Sí, una mujer que murió hace años, supuestamente asesinada por el marido.

–Ah sí, es esa, amarilla. Pero no sé más.

Arrancan rápidamente sin querer hablar. Es la tónica constante en el pueblo. No quieren hablar.

En una parroquia de poco más de 700 personas y en un pueblo como Pazos de Borbén de menos de 3.000 habitantes casi todos se conocen. Así lo confirman en la Casa de la Cultura de Nespereira, a unos tres minutos andando de la que fue residencia de Sara, donde tres hombres –dos en la cuarentena y uno que les dobla la edad– toman cervezas bajo un toldo. “Aquí todos somos familia, o casi”, ríen. Al pronunciar los nombres de este caso, la escena cambia. El sol se oculta ligeramente, como si estuviera acompañando el ánimo de la mesa. “Ponnos otra”, piden a la camarera.

No es habitual ver foráneos por la zona y quizá menos aún si vienen con preguntas por delante. A ninguno le gusta recordar ese día de julio de 2014. Es un día marcado en el calendario, pero también, en cierto modo, un día borrado por el dolor que supone no solo a la familia, sino también a la comunidad. El Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Galicia dio apoyo a la familia en un primer momento dentro de un programa de emergencias.

Ese día de verano Sara recibió varios golpes en la cabeza y fue hallada desplomada sobre el lavadero de su casa. Su marido, Andrés, de 79, se ahorcó a unos metros de ella, en el alpendre. Una de sus hijas, que vivía con el matrimonio, los encontró al llegar a casa por la tarde y avisó a emergencias.

A pesar de la confirmación oficial del caso como violencia de género, en el pueblo se atribuye el crimen a la presunta demencia senil de Andrés. “Ella [Sara] era tía de mi madre. Y la familia lleva fatal hablar del tema”, admite un joven mientras acaricia a un perro de pequeñas dimensiones que permanece sentado a su lado, sin correa.

El hombre mayor balbucea. Nos mira y eleva la voz, tratando de hacerse entender. Dice que conocía a Andrés desde joven: “Siempre estuvo pensando que la mujer andaba con otro”. El joven interviene: “Estaba mal de la cabeza, al final de su vida ya andaba mal. Él pensaba que la mujer andaba con uno y con otro, y la mujer tenía 80 años y no andaba con nadie, con quién iba a andar…”, insiste, achacando los hechos a esa supuesta enfermedad y no, por ejemplo, a un carácter posesivo y controlador. El tercero de la mesa bebe en silencio.

El silencio inunda el ambiente. El nombre de Sara no se pronuncia. Como mucho, se insinúa. “Aquí en la parroquia no se hizo nada especial porque somos todos familia. El que no era de él, era de ella, y no se hizo nada, se les enterró juntos y ya”, dice el joven.

En el cementerio, unas flores de plástico blancas y rosas ocultan casi por completo sus nombres. Cerca de los nichos, hay un cartel con un nombre y un teléfono. Corresponde al párroco. “Fue una desgracia, claramente, pero que no fue una cosa hecha ni a propósito ni queriendo. En el pueblo se vivió con dolor y con tristeza por dos personas queridas que se han muerto. Sin más. No se habla en ningún momento de asesinato. Aquí no se ha visto como un asesinato”, insiste el cura. “Y cuando hemos tenido aniversarios, siempre ha sido en conjunto y siempre con el mayor cariño del mundo… Se sigue rezando por ellos”. Zanja la llamada, muy serio. “Yo creo que se le fue la cabeza”.

“Una supuesta demencia no invalidaría que haya violencia de género”, explica Silvina Monteros, antropóloga social, psicóloga y criminóloga profesora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada y coordinadora del equipo de investigación de Estudios y Cooperación para el Desarrollo (ESCODE). Según la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género de 2004, se entiende por violencia de género toda aquella hacia la mujer por el hecho de ser mujer. “Que tenga una presunta demencia no excluye el hecho delictivo, lo que determinaría es la imputabilidad del agresor si se ha determinado que tiene demencia y que esta alteró, en el momento de cometer el delito, el estado mental de la persona agresora que no pudo valorar si lo que estaba cometiendo era lícito o ilícito y le alteró la voluntad y la inteligencia y otros ámbitos cognitivos y mentales”, añade.

Monteros cree relevante tener en cuenta tres puntos. En primer lugar, hay más de cien tipos de demencia y la mayoría no supone conductas violentas. E insiste en que en muchos casos la demencia cursa en violencia porque esta estaba presente en la relación antes, aunque de otras formas. ”La violencia física es otra forma de violencia pero también lo es la psicológica o la sexual; son todas formas graves de violencia pero la física es más evidente a ojos de los demás”, aclara.

En segundo lugar, señala que debe tenerse en cuenta cómo fue la juventud de las mujeres que hoy tienen más de 65 años: “En los estudios en que he participado he visto parejas que están situadas en un contexto muy patriarcal que han vivido su juventud en el franquismo… y bueno, también después, porque recordemos que la ley de violencia de género se aprobó en 2004”. Recuerda que muchas mujeres en el año 99 o inicios de 2000 admitían que, al ir a denunciar, habían escuchado comentarios como ‘váyase para su casa, no tiene nada que hacer, mire por sus hijos’.

Durante décadas, “ellas las han ido absorbiendo hasta que han llegado a un punto que han sido como ‘domesticadas’”, explica. “Y en un momento han dicho: ‘bueno, voy a hacer todo lo que menos le haga enfadar, que no le haga alterar de ninguna manera y mientras esté fuera de casa, me dedico a los niños e intento ser feliz como pueda’. Han ido armando estrategias para protegerse de ese agresor machista para que les afecte lo menos posible y entre esas estrategias está la de no contarlo. Se callan y lo ocultan. Y sobre todo lo ocultan a los hijos”, argumenta.

Y este es el tercer punto, que se volverá en contra de muchas mujeres que decidan denunciar o divorciarse en la tercera edad por una situación de maltrato. “Cuando llega la jubilación es cuando se encuentran estas dos personas en casa sin poder salir, sin tener actividades fuera y sin los hijos. Y entonces es ahí cuando detectamos que la violencia empieza a ser más virulenta; y es, paradójicamente, cuando muchas mujeres deciden denunciar y divorciarse. Ahí se encuentran con otro muro porque los hijos no se han enterado de nada y ahora vete a contarle a tus hijos que su padre ha sido un agresor toda la vida porque no te creen”.

La invisibilidad es la palabra clave en la violencia de género en la tercera edad porque, en general, no se denuncia y, muchas veces, ni siquiera las personas más cercanas lo saben. Los datos del Estudio sobre las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y realizado por Cruz Roja Española hablan de que el 20% de ellas no se lo ha confiado a nadie. Además, la mayoría de las mujeres encuestadas no se planteaba inicialmente denunciar al maltratador pero la denuncia estuvo motivada por un episodio violento de extrema gravedad y, en algunos casos, no fue interpuesta por ellas sino por un profesional sanitario o por una persona conocida.

En este informe se habla también del control social como el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. El 69% de las mujeres encuestadas ha vivido 21 años o más en el mismo lugar, con lo que es muy difícil romper con dinámicas que, aunque dañinas, pueden ser socialmente consentidas y aceptadas.

Si además revisamos el tamaño del municipio, podemos ver un patrón en la dinámica del control social: a menor población, mayor control y menores oportunidades de cambio. El 60% de las víctimas procede de una ciudad pequeña, pueblo rural y aldea aislada.

Para Cristina Nuñez, psicóloga y directora del Centro de Información a las Mujeres (CIM) de Soutomaior, “la situación de las víctimas de violencia de género es siempre durísima”, subraya. “Eso de que es fácil denunciar es un tópico tan irreal y tan alejado de las situaciones cotidianas que vives… Esto no se hace con tranquilidad, se hace desde el miedo. Y es terrible en el rural porque te conocen todos pero también es terrible en el mundo urbano porque implica mucha soledad y no hay un vecino que te pregunte cómo estás ni implica una vecina que se ofrezca a cuidarte el niño mientras descansas… No creo que sea mejor ni peor sino que es difícil siempre y que los contextos marcan las diferencias de dificultad”. Aunque admite lo siguiente en el entorno rural: “Tu historia genealógica es mucho más fuerte y están mucho más presentes las raíces y los caracteres de la familia, entonces en ese sentido esas historias quedan aún más marcadas”.

Esto también hace que una historia dolorosa como esta sea más difícil de borrar para la familia y para la comunidad. “No son heridas fáciles de cerrar. Para muchas personas, ver que se habla del tema de nuevo es retraumatizante. Estar en una cafetería y escuchar que se está hablando de tu familia es muy duro”. Además, considera que “muchas veces tras el silencio hay mucha culpa de cómo no detectamos, cómo no lo vimos, cómo no la protegimos”.

Por otro lado, a veces el silencio es una forma de supervivencia. “Si quieres seguir viviendo en el mismo escenario, hay una necesidad de pasar página de alguna forma”.

Tras varios intentos, ninguno de sus hijos e hijas quisieron volver a hablar.

Esta historia ha sido publicada en julio de 2021.

El presunto autor del crimen

Según las investigaciones policiales, Andrés se ahorcó en su casa después de matar a Sara. Al haberse suicidado, no hubo un juicio ni, por tanto, sentencia. El funeral fue conjunto y están enterrados en nichos consecutivos.

La Administración

La relación de las diferentes entidades públicas con Sara, la familia y la historia se mueve en extremos: algunas son tan cercanas que solo repiten de forma mecánica ‘no queremos decir nada, por respeto’ –como sucede con el Ayuntamiento–. Otras, en cambio, son tan lejanas que ni siquiera reconocen el nombre ni recuerdan el caso. 

La Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia, la más alta esfera encargada de los casos de violencia de género en la comunidad gallega, se remite al protocolo, que va desde un primer contacto con el o la técnico/a de servicios sociales del Concello en cuestión o con una llamada a la Guardia Civil en caso de agresión.

Pero ¿qué pasa si se quiere denunciar una agresión machista en Pazos de Borbén? “Los servicios sociales comunitarios de la administración local son el canal de acceso de los ciudadanos al sistema de servicios sociales por su carácter local, abierto, polivalente y de cercanía o proximidad”, dicen por escrito fuentes del departamento de servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Pazos de Borbén, que han denegado una entrevista en persona o por teléfono.

En este proceso, se atiende tanto telefónicamente como de forma presencial y se realiza una primera entrevista. Dependiendo del caso y de las necesidades, se van manteniendo entrevistas posteriores donde se puede orientar, acompañar y realizar los trámites de cualquier prestación que se considere adecuada.

En casos de violencia de género, existe un convenio de colaboración con el CIM de Soutomaior –a más de 15 kilómetros del centro del pueblo y a casi 20 de la casa donde vivía Sara– donde se puede derivar a las mujeres para una atención jurídica y una atención psicológica. “Normalmente se realiza esta derivación desde la primera entrevista y después se realiza un seguimiento y coordinación”, explica el personal técnico del Ayuntamiento, que indica que el perfil de usuaria a la que suelen atender es “a partir de 45 años y sin recursos económicos propios”.

Tras varios meses de espera, el Ayuntamiento de Pazos de Borbén no ha dado cifras de casos de violencia de género en el municipio ni ha especificado los presupuestos destinados a este ámbito. Sí ha facilitado información de algunos programas puestos en marcha el último año, como Namórate de ti –orientado a mujeres en situación de vulnerabilidad donde se trabajaron conceptos sobre el empoderamiento y autoestima–, la campaña A igualdade está aquí –que incluyó tres acciones diferentes, como el taller con alumnado de la ESO Os amores non matan– y Mulleres con discapacidade seguras, orientado a mujeres con discapacidad intelectual de la asociación ASPAVI.

Sí ha remitido los presupuestos la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia, que informa de que a Pazos de Borbén se le concedieron un total de 19.765,37 euros en 2014 entre todos los programas y líneas de ayuda que solicitó destinadas a acabar con la violencia de género. En el año 2020, ascendieron a 61.275,10 euros y en 2021 se le han concedido 76.784 euros (un 288% más que en 2014 y un 25,31% más que el año pasado). 

“Además de estas líneas a entidades locales, la Xunta trabaja para que dispongan de otros mecanismos como asistencia jurídica, acompañamiento psicológico y social o apoyos económicos. De hecho, el Gobierno gallego quiere ser punta de lanza en el apoyo a la independencia de las víctimas de violencia para convertirse en la primera Comunidad en ofrecer una ayuda económica mensual”, afirman.

En Galicia hay actualmente 84 Centros de Información a las Mujeres (CIM) en las cuatro provincias (de los que 27 están en Pontevedra) que recibieron de la Xunta casi 27 millones de euros en los últimos siete años para atender a una media de 9.100 mujeres al año. “Solo en 2020 se atendieron un total de 13.235 consultas específicas en materia de violencia de género, 3.000 consultas más que en 2019”, explican desde Igualdade.

En el citado estudio elaborado por Cruz Roja, se habla de la invisibilidad de las mujeres mayores de 65 años también en las campañas de sensibilización y en los profesionales de atención sanitaria, que suelen poner el foco en mujeres más jóvenes.

Sobre esto habla Cristina Nuñez, directora del CIM de Soutomaior –centro de referencia para la zona de Pazos de Borbén–, que insiste en la importancia de organizar programas pensando en las usuarias mayores y, por tanto, priorizar el buen trato y el autocuidado en vez del maltrato en sus temáticas. “Si organizo talleres de violencia de género… ¿quién viene? ¿Cinco personas a las que les interesa la temática? Pero si haces un taller de autocuidado y buen trato ahí vienen las mujeres mayores porque se quieren cuidar. Y ahí es donde se detecta la violencia, escuchándolas”, explica.

A pesar de esto, Nuñez ve bien que se organicen programas sobre violencia de género: “Pero creo que al final solo va gente que ya está concienciada y que estos no funcionan para captar la atención de mayores de 65 años porque no asistirían. Con ellas trabajamos desde el autocuidado porque así detectan las negligencias y las ausencias de cuidado”, sostiene.

Para la psicóloga, lo que mejor funciona en la tercera edad es crear esos talleres de autocuidado, crear un entorno de confianza e intimidad con las usuarias y entre ellas, y dejar que hablen. En esa escucha activa de las usuarias, ha detectado de forma generalizada que tienen normalizadas situaciones, conductas y tipos de violencia que desde fuera se ve de otra forma. 

“Incluso hemos tenido a gente mayor que se ha separado de su pareja con setenta y pico o con ochenta años que no vivió violencia en la juventud ni en la crianza de sus hijos pero con el paso del tiempo –a veces incluso por la pérdida de autonomía o enfermedad o patologías no detectadas–, ha vivido relaciones de violencia dentro de esas relaciones de cuidado. Y sí tenemos en esas relaciones casos de alguna usuaria que ha interpuesto denuncia con nuestro acompañamiento y, a veces, con el acompañamiento de los hijos; otras con el castigo de los hijos. A veces los hijos e hijas no entienden que, llegados a esa edad, te quieras separar… parece que hay que aguantarlo todo. Socialmente está también muy castigado”, explica.

Al preguntar sobre la posibilidad de que el marido de Sara sufriera demencia y ello pudiera propiciar agresiones, Cristina Núñez lanza varias preguntas al aire: “¿Nunca se detectó nada por el entorno? ¿Y en atención primaria? ¿El médico de cabecera no vio ni escuchó nunca nada? Quizá también fallamos en el cuidado social”, reflexiona.

“A veces escuchamos mucho lo de violencia de género pero poco lo de la violencia institucional y médica donde no se nos dan recursos de cuidado. Y con esto no quiero decir que los hombres violentos estén enfermos, no es por justificar, pero esas cosas también pasan”, argumenta Núñez.