Texto: Cláudia Morán

Fotografías: Brais Lorenzo Couto

Esta historia fue publicada en febrero de 2024. 

Cuando se busca en Google “O Vao, Pontevedra”, los resultados conducen a varias informaciones de medios de comunicación encabezadas con las palabras “clan”, “trapicheo” “reyerta” o “problema”. Todas hacen referencia al poblado que acoge en el municipio pontevedrés de Poio, desde 1962, a varias familias que durante años convivieron con completa normalidad, hasta la irrupción del negocio de las drogas. El asentamiento es, o era, el lugar de origen de María Luisa, una mujer que, el 23 de febrero de 2014, con 37 años y estando embarazada de su séptimo hijo, fue asesinada por su marido, José Luis. 

El caso fue seguido con atención, más que otros feminicidios, por el origen de María Luisa y el de su entorno. Eran, como destacaron numerosos medios, gitanos. “No es relevante que se mencione la pertenencia étnica en las informaciones, ya sean sobre un caso de violencia de género o cualquier otro. Cuando se produce un asesinato machista, el móvil es que la víctima es una mujer, y da igual que sea gitana, paya o de la cultura que sea”, insisten todavía hoy, diez años después, desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali), que incide en la importancia de no desviar el foco del verdadero origen de la violencia: “La violencia machista es fruto de un sistema patriarcal, no de la cultura gitana. Decir ‘es su cultura’ no es cierto, es un sistema que nos oprime, por mujeres, por gitanas y por pobres, en este caso concreto”, afirma la responsable del área de Género de Fakali, Aitana de los Reyes.

María Luisa, no obstante, llevaba años alejada de O Vao. Convivía con José Luis en un piso en Lugo, a 170 kilómetros de la casa de su madre, residente en la localidad de Figueirido, en el municipio pontevedrés de Vilaboa. De acuerdo con lo que aseguraron reiteradas veces varios miembros de su familia, María Luisa tenía intención de volver a Pontevedra. Y así lo hizo. Dos meses antes de que su marido decidiera matarla, se había trasladado, junto con sus hijos menores, a la casa materna.

Cuando contrajeron matrimonio, ella tenía apenas 15 años y él, 21. Tuvieron seis hijos en común y, además, eran abuelos. En el momento del crimen, María Luisa esperaba al séptimo: estaba embarazada de cinco meses.

Aquel día José Luis se presentó en el domicilio de Figueirido y, de acuerdo con lo expresado por la familia –con la que no ha sido posible contactar–, se llevó a María Luisa en su coche “contra su voluntad” alegando que había ocurrido algo en Lugo. Pasadas unas horas, el asesino confeso se puso en contacto con la familia para decirles que, tras una discusión, María Luisa se había marchado. Al no tener noticias, y con la sospecha de que podía haberle pasado algo, la familia decidió denunciar su desaparición.

Los hechos probados que recoge la sentencia indican que, alrededor de las seis de la tarde, en un lugar indeterminado durante el viaje de Pontevedra a Lugo, José Luis atacó a María Luisa por sorpresa con golpes y puñaladas. María Luisa no tuvo en ningún momento la oportunidad de defenderse.

Tras iniciarse la búsqueda, el asesino acabó confesando el crimen a los agentes y les indicó dónde había escondido el cadáver de la víctima, aunque en el primer intento, en plena noche, no fue capaz de encontrarlo.

El cuerpo de María Luisa estaba en una pista forestal del Monte Gonzar, en la localidad coruñesa de O Pino. La Guardia Civil explicó que estaba tapado con maleza y escombros y cubierto con la carcasa de un frigorífico. El agresor fue detenido y enviado de forma preventiva a la prisión de Monterroso, en Lugo.

La familia de la víctima veló su cadáver en el domicilio de Figueirido y atendió a todas las preguntas de los medios de comunicación. Querían que todo el mundo supiera lo que José Luis le había hecho a María Luisa.

La normalización de los celos

Los medios de comunicación se hicieron eco de varias frases en las que algunas personas normalizaban los celos en las relaciones de pareja sin contextualizar que la violencia no tiene justificación, como recuerda diez años después Natalia Puga, periodista del digital local Pontevedra Viva que cubrió el caso: “Era celoso”, “creía que el hijo que esperaba no era suyo”…

En palabras de la psicóloga Yolanda Neira, trabajadora en el Centro de Información a las Mujeres (CIM) de Boqueixón (A Coruña), “asumir que los celos son una muestra de amor o cariño es uno de los mitos estrella y acaban normalizando la violencia de género”.

En otras declaraciones ante los medios después del crimen, la madre y algunas de las hijas de María Luisa afirmaron que sufría maltrato por parte de José Luis y que le tenía miedo. La Policía también tenía constancia de una agresión que había ocurrido cuatro meses antes, en el domicilio lucense y ante sus hijos menores de edad, pero los agentes no intervinieron porque la víctima no había interpuesto denuncia. Y algunos medios así lo destacaron. 

“Hacer hincapié en si hay o no hay denuncia es hacer recaer la responsabilidad en las víctimas de violencia de género”, subraya Alba Taladrid, periodista y presidenta de Xornalistas Galegas, un colectivo de mujeres comunicadoras que trabaja por la perspectiva de género en los medios de comunicación. Taladrid recalca que los medios “deben poner el foco en el agresor, nunca en la víctima” y solicita “formación específica obligatoria promovida por las administraciones” en materia de género para abordar este tipo de informaciones. 

También la psicóloga Yolanda Neira censura que los medios de comunicación se hagan eco de la ausencia de denuncia sin más contexto. “Esa coletilla de ‘no había denunciado’ en los medios es un gran error porque pone la responsabilidad en la víctima. La cuestión es ayudar a entender por qué una mujer no denuncia, para generar empatía en la sociedad, y la respuesta es por miedo, por vergüenza y por culpa”, valora la profesional del CIM de Boqueixón.

La familia de María Luisa también puso el acento en la ausencia de denuncia, como si fuera algo inherente a las mujeres gitanas, y algunos medios lo recogieron de manera literal. “Algunos nos decían: ‘Nosotros ya sabíamos que quería dejarlo, que quería venir aquí, pero no lo dejaba porque la mujer gitana aguanta’”, recuerda la periodista Natalia Puga. “No me había pasado nunca que después del asesinato los familiares lo siguieran justificando. Y no puedes no poner que la familia justifica la violencia de género porque creo que es parte de la información, pero intenté abordarlo con cuidado”, explica. 

Aun así, Puga está convencida de que el asesinato de María Luisa “se trató con mucho menos respeto por el hecho de que fueran personas gitanas”. “No se tuvo la empatía que a lo mejor podrías tener con otra víctima”, valora la periodista.

Desde Fakali, Aitana de los Reyes incide en el carácter generalizado de la infradenuncia cuando hay violencia de género. “Si ya entre las mujeres no gitanas es difícil reconocerse como víctima, a las gitanas, que tenemos múltiples elementos de opresión, como el propio antigitanismo, esta dificultad es mucho mayor”, destaca.

Además, sobre las declaraciones de la familia de María Luisa, la responsable de género de Fakali explica cómo interviene el efecto Pigmalión. “Consiste en interiorizar el racismo que la gente siente hacia ti, y esto los medios deben tenerlo en cuenta”, subraya, aunque, del mismo modo, sostiene que los familiares de María Luisa “también dijeron que este tipo de asesinatos ‘no son propios de gitanos’”.

Acuerdos en Igualdad

Los concellos de Vilaboa, Poio y Pontevedra celebraron concentraciones para dedicar un minuto de silencio en repulsa por el crimen machista. “Aquí todavía se recuerda aquel crimen. Fue lamentable y muy doloroso, y por supuesto lo condenamos enérgicamente, como todos los tipos de violencia de género”, señala la actual concejala de Igualdad del consistorio de Vilaboa, la socialista Carmen Gallego, que no estaba en el cargo en aquel momento, pero sí su partido.

Desde entonces, el concello de Vilaboa ha adoptado varios acuerdos en materia de igualdad, como la transversalidad de género en la gobernanza local, el trabajo coordinado con el Centro de Información a las Mujeres, una iniciativa de sensibilización, prevención y actuación ante la violencia machista y dos planes de igualdad con vigencia de 5 años. 

El actual plan, según señalan desde el consistorio, recoge más de 100 medidas concretas que incluyen medidas de información y formación en materia de igualdad de género. “Este plan constituye un instrumento municipal de compromiso político, técnico y ciudadano, ya que ahora contamos con unas directrices claras que parten de un diagnóstico documentado de la situación real del municipio, para implementar las políticas locales desde la perspectiva de género que nos permitan alcanzar la plena igualdad”, subraya la concejala de Igualdad.

El colectivo gitano en Galicia también se pronunció desde el principio para expresar su repulsa al asesinato machista de María Luisa y apoyar a la familia. Además de publicar varios comunicados, declararon 10 días de luto oficial, promovieron la colocación de lazos violetas en ferias y mercados, donde la comunidad gitana tiene gran presencia, en señal de duelo, y reconocieron al entonces alcalde de Vilaboa, el socialista José Luis Poceiro, por su implicación y solidaridad con la familia de la víctima “sin hacer ningún tipo de diferencia” con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano.

Además, anunciaron la intención de crear una federación de mujeres gitanas, con el objetivo de ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género y luchar por la igualdad, con sedes en Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo. Al cierre de esta información no ha sido posible confirmar con Sociedad Gitana en Galicia en qué punto se encuentra esta iniciativa.

Junto con la familia de María Luisa, la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia se personó como acusación popular en el juicio contra José Luis, por instancia de la Secretaría Xeral de Igualdade del Ejecutivo gallego.

A lo largo de la vista, celebrada dos años después en la Audiencia Provincial de Pontevedra y con jurado popular, el asesino confesó los hechos, aseguró que mató a María Luisa por “un arrebato” y alegó que, antes de asesinarla, ella le había dicho que el bebé que esperaba no era hijo suyo y que por ese motivo iniciaron una discusión, algo que el jurado no consideró probado ni supone justificación alguna. Tampoco accedió a concederle el indulto, tal como solicitaba. Fue condenado a 20 años de prisión. 

Durante el proceso, se vivieron momentos de tensión y un tumulto en la sala protagonizado por hombres allegados a María Luisa, que se abalanzaron sobre José Luis e incluso le lanzaron una botella de cristal. La situación requirió de la intervención de los cuerpos de seguridad, un equipo que se había reforzado para la ocasión, con agentes en el exterior. Este episodio también fue objeto de un gran interés mediático.

“Los periodistas pasamos momentos complicados”, rememora Natalia Puga, que tuvo que ser protegida por la Guardia Civil mientras estaba grabando, pero destaca que, a pesar de haber estado en más juicios con presencia de personas de etnia gitana, el de María Luisa fue el primero al que asistió por violencia de género. “Por eso creo que es necesaria una formación específica en estos temas, además de tener empatía. Porque, a veces, con las presiones de los medios y la necesidad de vender periódicos, esto se pierde, más por parte de los medios que de los propios profesionales”, observa la periodista.

Desde Fakali detectan que ante peleas y conflictos con presencia de personas gitanas “se espectaculariza y se estereotipa, se estiran las informaciones y se potencia el clickbait”. “Hay que recordar que en crímenes muy escabrosos siempre hay mucha seguridad, también con personas no gitanas”, ejemplifican.

Los medios también se hicieron eco de que la familia de José Luis se marchó de Galicia después del crimen, antes de que el Consejo Gitano emitiera una orden de destierro para evitar, según se recogió en varias informaciones, “baños de sangre”. “Lo del destierro redunda en lo mismo, no solo es cosa de personas gitanas. No hace mucho que un alcalde en Andalucía también lo impulsó tras un caso de otro tipo de violencia”, añaden desde la federación.

Tratamiento mediático aparte, desde Fakali acusan todavía hoy la ausencia de protocolos en la atención a las víctimas de violencia de género romaníes. “No tenemos un patriarcado gitano ni nuestra cultura es más machista que el resto de la sociedad, pero sí que es cierto que hace falta una mayor inversión en el ámbito de la diversidad cultural”, observa Aitana de los Reyes.

La Federación, que detecta “una falta muy grande de sensibilización por parte de los cuerpos de seguridad y de los jueces en materia de violencia de género en términos generales, pero más con las mujeres gitanas”, acaba de firmar un convenio de colaboración con la Guardia Civil en materia de violencia de género desde una perspectiva gitana. Fakali también cuenta con protocolos propios para prevenir el antigitanismo y la discriminación interseccional de las mujeres gitanas y con un modelo propio de intervención en violencia de género con mujeres gitanas.

Hoy, José Luis continúa cumpliendo condena en la cárcel de Mansilla de Mulas, en León, donde fue trasladado desde la de Monterroso para prevenir, según declararon fuentes próximas, posibles venganzas.

María Luisa fue enterrada en el cementerio pontevedrés de San Mauro. En el décimo aniversario de su asesinato, en Vilaboa y en Poio la siguen recordando. La fotografía que saltó a los medios cuando su marido la mató devuelve a un grupo de vecinas a aquellos días. La miran y destacan su sonrisa, la fuerte unión de la familia y el dolor que todavía hoy los asola. Nadie quiere identificarse, por respeto. “No hay consuelo posible”, destaca una de ellas.

La sentencia

José Luis fue condenado a 20 años de prisión, como solicitaba la Fiscalía, por un delito de asesinato con agravante de parentesco y atenuante de confesión. 

También se le prohibió acercarse o contactar con sus hijos durante 21 años, y se le condenó a indemnizarlos, tanto a los menores como a los mayores, con 60.000 y 30.000 euros, respectivamente, y a las hermanas de la víctima con 6.000 euros. Hasta aquel momento no tenía antecedentes penales. El Tribunal Supremo ratificó la condena.

La sentencia consideró probado que había matado a la mujer por sorpresa y con alevosía, teniendo en cuenta que estaban a solas y en un paraje aislado, y que la víctima, desarmada, no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. El asesino incurrió, además, en un delito de aborto no consentido, al tener constancia de que la víctima estaba embarazada. 

Aunque el texto recoge que, según lo decidido por el jurado, no tenía intención de “provocar la inviabilidad del feto”, sí sabía “que esta se podía producir, y sin importarle que se produjera”.

El jurado no consideró probado que el agresor y la víctima mantuvieran una discusión previa al asesinato, ni tampoco que María Luisa le hubiera dicho a José Luis que el hijo que esperaba no era suyo.

En 2018, cuatro años después del asesinato, el Estado concedió cerca de 64.000 euros a los hijos de María Luisa al considerarlos, todavía en ese tiempo, víctimas indirectas de violencia machista. En aquel momento, los medios recogieron que José Luis solo había abonado 120 euros de los 60.000 y 30.000 que la sentencia lo condenaba a pagar, respectivamente, a los hijos menores y mayores.

Los familiares de María Luisa, muy conocidos en la zona de Vilaboa y Poio, se mostraron totalmente abiertos desde el principio con los medios de comunicación. Querían que todo el mundo supiera que José Luis había asesinado a María Luisa y las situaciones de maltrato que le había hecho pasar.

Entre lo expresado por la madre, algunas hijas y otras personas allegadas a la víctima, la indignación, las peticiones de justicia y las intenciones de venganza resonaron con fuerza en los medios de comunicación.

La prensa también se hizo eco de una recogida de firmas promovida por la familia de María Luisa para solicitar la aprobación de la cadena perpetua revisable en España.

José Luis dejó huérfanos de madre a sus seis hijos, cinco de ellos menores de edad. La más mayor tenía entonces 20 años.

Tratamiento mediático

El tratamiento mediático del asesinato de María Luisa estuvo muy marcado por los estereotipos asociados al colectivo gitano. Este fue uno de los motivos que explican que el caso tuviera tanta repercusión y seguimiento.

Además de ello, varias informaciones incluyeron una perspectiva normalizadora de los celos en la pareja como detonante de la violencia. También señalaron la ausencia de denuncia por parte de la víctima y recogieron declaraciones de la familia sin perspectiva de género ni contextualización.

“Todas las expertas en igualdad insisten en que los celos no son amor, y mucho menos justifican acciones violentas como agresiones o asesinatos. Es urgente que el periodismo tome conciencia de ello, y que se omitan este tipo de vinculaciones en las informaciones transmitidas, por mucho que sean familiares directos de las víctimas quienes se expresen en esos términos”, señala Alba Taladrid, periodista y presidenta de Xornalistas Galegas, un colectivo de mujeres comunicadoras que trabaja por la perspectiva de género en los medios de comunicación.

También desde Fakali señalan la importancia de combatir los estereotipos hacia la comunidad gitana, también en relación con la violencia de género, y subrayan la necesidad de formación y sensibilización. “Cuando se produce un asesinato machista el móvil es que la víctima es una mujer, y da igual que sea gitana, paya o de la cultura que sea”, recuerda su responsable del área de Género.