Texto: Alba Mareca

Fotografías: Álvaro Minguito

El 1 de febrero de 2014, a las 11 y 40 de la mañana, Julián llamó a emergencias explicando que su pareja, María Luisa, se había suicidado. “A partir de ese momento, surgieron muchas contradicciones”. Así lo cuenta la abogada que llevó el caso en la acusación, Marta Lluís Dixon, en su despacho situado cerca de la plaza de la iglesia, en Calella, Barcelona, rodeada de archivadores y decenas de papeles que confirman que María Luisa no se suicidó. No había ingerido ni una sola pastilla de los botes que tenía a su alrededor cuando los servicios sanitarios llegaron a la cocina de su bar. Allí, Julián la había asesinado durante la madrugada y había manipulado la escena para que pareciese un suicidio.

Horas antes, la misma cocina ya era escenario de una despedida. Marisa, como la llamaban quienes la conocían, cerraba ese mismo día su bar en el Passatge Mercè Rodoreda por problemas económicos, los mismos que la llevaron a abrirlo, aproximadamente un año antes, con la ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento. En los últimos meses no había podido pagar el alquiler del local.

Hoy, el mismo espacio alberga otro bar, aunque parte de la clientela sigue siendo la misma a la que María Luisa atendía. “Era una buena mujer”, dice uno de los parroquianos. Por lo demás, no tienen –ni tenían– mucha más información sobre ella. Había llegado a Calella junto a Julián pocos años antes desde Barcelona y no contaba con una red de amistades en la ciudad. Su madre falleció hace años y poco a poco se había ido distanciando de sus personas más cercanas. “Yo lo que vi es que estaba muy sola”, recuerda la abogada Lluís Dixon, quien describe, por esto mismo, la dureza del juicio. “No sabemos por qué, pero Marisa nos dio mucha pena. Siempre es una pena un hecho así, pero la vimos muy frágil. Este caso, dicho también por la fiscal, fue duro. También para la defensa. Después del juicio, una queda muy tocada”.

La palabra ‘miedo’ se repitió varias veces a lo largo del sumario. María Luisa había verbalizado ese miedo al menos en dos ocasiones. La primera: en abril de 2013, cuando los Mossos d’Esquadra acudieron a su casa alertados por un intento de autolesión. Ese día, Julián explicó que ella había bebido una cerveza, se puso nerviosa e ingirió un bote de 30 comprimidos que tomaba para deshabituarse del alcohol, tal y como se explica en el estudio que hizo de su caso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El mismo informe detalla que, según la declaración de María Luisa, ella “se tomó el bote de pastillas porque sabía que no le pasaría nada ya que él le decía ‘tómatelas si tienes huevos'”. Ese día no denunció “porque le tenía miedo” pero contó a la policía que había sido víctima de malos tratos en siete u ocho ocasiones previas. Tampoco quiso ser examinada por un médico forense y tanto ella como él se acogieron a su derecho a no declarar.

La segunda vez fue en septiembre de ese mismo año. María Luisa llamó a los Mossos d’Esquadra tras una agresión en el bar que regentaban. Ella misma contó que la había amenazado de muerte y mostró los hematomas que tenía. Aun con miedo, ese día lo denunció.

La orden de alejamiento que derivó de este procedimiento duró un mes: el 28 de octubre de 2013, tal y como había solicitado María Luisa, quedó sin efecto la prohibición para Julián de acercarse a menos de 500 metros de ella. El auto recogía que no existían elementos suficientes que permitieran sustentar la vigencia de la orden “al no resultar acreditada una situación objetiva de riesgo” –según el informe del CGPJ– de acuerdo a lo que María Luisa alegaba en aquel momento: que ya no sentía temor del imputado ni temía por su integridad física.

Julián quebrantó la orden de protección en varias ocasiones, según explicó la propia María Luisa una de esas veces, un día que, tras recibir amenazas, alertó a la policía a través de Atenpro, el servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género.

En este sentido, son importantes tres datos que arroja el análisis del CGPJ. El primero, que María Luisa se había ido a vivir al bar durante la orden de alejamiento, mientras que Julián se había quedado en el domicilio, propiedad de ella. En segundo lugar, que, tras el quebrantamiento de la medida cautelar, el Ministerio Fiscal solicitó prisión provisional comunicada y sin fianza para Julián, también por delitos de amenazas y, por tanto, por considerar que María Luisa corría cierto riesgo. Una decisión que quedó sin efecto al día siguiente. Además, este órgano señaló en su momento la preocupación por el cuadro psicológico de María Luisa, cuya situación emocional “la llevaría a exonerar cualquier responsabilidad del imputado, haciéndola más vulnerable”.

Sobre esto último, Lluís Dixon explica que María Luisa dijo en varias ocasiones a la policía que lo que quería era que Julián se fuera de su casa y la dejara en paz, aunque, por otro lado, el hecho de que no se separaran se explica por una relación de dependencia. Y “quizás es esta una de las fisuras que tiene la Administración de Justicia, en tanto que tendrían que valorar si ella tenía cierta dependencia de él”, responde la abogada al plantearle por qué cree que se optó por retirar la orden de alejamiento. En todo caso, explica que se anuló porque en aquel momento no existía una sentencia por amenazas: “La sentencia llegó cuando ella ya había fallecido. Claro. Si hubiera habido una sentencia firme y ella pide retirar la orden de alejamiento, igual hubiera sido distinto. Pero, en este caso, este señor todavía era inocente, no estaba condenado por maltrato ni amenazas”.

El 18 de diciembre, apenas mes y medio antes del asesinato, la procuradora de María Luisa solicitó la apertura de juicio oral. La fecha prevista por el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Arenys de Mar, el 10 de enero de 2014, acabó retrasándose porque en pocos días dos de los abogados del turno de oficio del imputado causaron baja, según se explica en el informe del CGPJ. Hasta el 23 de enero no se nombró a un nuevo abogado.

Al juicio que nunca llegó a celebrarse se le adelantó el minuto de silencio y la concentración en repulsa por el asesinato de María Luisa. El 4 de febrero de 2014, en torno a cien personas se reunieron frente al Ayuntamiento de Calella para rendirle homenaje. Entonces, ya se había desmontado la versión del suicidio que había dado Julián y este había entrado en prisión preventiva.

En aquel momento, la alcaldesa, Montserrat Candini, del PDeCAT, explicó que se había presentado una denuncia por malos tratos que el juzgado desestimó y aprovechó para reflexionar sobre la relación entre la bajada de denuncias por violencia de género y la crisis económica. “Cuando vemos estadísticas e indicadores intentamos buscar respuestas, y ahora los indicadores de la violencia de género parece que van a la baja, pero me pregunto si bajan realmente porque esta violencia está desapareciendo o porque, como consecuencia de la crisis, las víctimas no pueden escoger. La crisis económica silencia estas situaciones”, sentenció.

En el Ayuntamiento conocían a María Luisa porque había acudido a los servicios sociales para que le ayudaran con el plan de negocio de su bar. Candini también se refirió a esto tras lo sucedido: “Tenía un proyecto, quería salir adelante y había ido también a Promoción Económica para hacer un plan de empresa”.

Una de las principales sensaciones, como explica la actual regidora de Igualdad –que no ostentaba el cargo en 2014–, Cyndi Rando, es de “chocar contra la realidad”: “Dices ‘no puede ser’, ‘¿por qué ella?’. Piensas que aquí eso no pasa y cuando pasa tienes la necesidad de mostrar tu rechazo. El ambiente era de repulsa, de ‘qué mal que nos ha pasado esto aquí’. Pero injustamente pasan los días y ya está, supongo que pasará en todos los casos… Y es una pena”.

En 2014, el Ayuntamiento había detectado ya la necesidad de actualizar el protocolo contra la violencia de género con el que se venía trabajando desde 2009. Explica Rando que “se pretendían mejorar aspectos técnicos, de comunicación, de acompañamiento de la víctima… No fue a raíz de este caso en particular, pero se parte de la base de que las leyes van cambiando y van evolucionando. Por tanto, si tienes un documento que va quedando totalmente desfasado, tienes que ir adaptándolo para así, además, introducir servicios nuevos”.

Uno de los principales objetivos era el de instaurar un servicio de asistencia jurídica y psicológica en Calella. Hasta que se aprobó esta actualización del protocolo en 2018, las mujeres que denunciaban maltrato en este municipio de más de 18.000 habitantes tenían que ir al SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) de Mataró, a unos 30 kilómetros, un viaje que puede hacerse en coche o en cercanías. Lo que implica tiempo y dinero. Si está lejos, añade Rando, “cuesta más conseguir un vínculo con las mujeres porque solo van alguna vez, a alguna visita, luego dejan de ir porque no pueden… Luchamos por establecerlo aquí, en Calella, para que no se sientan solas en ningún momento”.

En los paneles informativos de la ciudad, un cartel rojo y blanco anuncia en varias tiras el teléfono –gratuito y confidencial– al que una mujer puede llamar para pedir ayuda las 24 horas del día. “También los dejamos en los establecimientos –explica Rando– pero les pedimos que los pongan fuera para que no sea violento para las mujeres arrancarlo”. Además de eso, Rando menciona acciones formativas sobre igualdad y violencia machista en centros educativos y un trabajo coordinado del Ayuntamiento con las asociaciones y colectivos de mujeres: “Trabajamos en la línea de que cada día es 8 de marzo y cada día es 25 de noviembre”.

El juicio contra Julián se celebró en julio de 2016. El Ayuntamiento de Calella se personó como acusación popular. La condena: 18 años por el asesinato y 1 año y 8 meses por el maltrato habitual. Aunque se interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, no hubo reducción de la pena.

Según la sentencia, el acusado estaba obligado a compensar económicamente al primo, al hermanastro y al padre de María Luisa. Este último rechazó recibir la indemnización.

El asesino

Julián tenía 46 años en el momento del asesinato. Convivía con María Luisa, a quien conoció en Barcelona, y con la que marchó a Calella unos cuatro años antes de matarla. Allí, trabajaba en el bar que ella regentaba como propietaria.

Tras asesinarla, reconstruyó la escena de tal forma que pareciera un suicidio. Llamó a emergencias explicando esta versión y avisó a algunos vecinos que se encontraban en los comercios cercanos. Horas más tarde, fue detenido como principal sospechoso. Entonces, entró en prisión preventiva. En el juicio fue condenado a 18 años por el homicidio con alevosía y 1 año y 8 meses por el maltrato habitual.

La abogada que llevó el caso como acusación popular por parte del Ayuntamiento, Marta Lluís Dixon, destaca el importante deterioro físico de Julián entre los años 2014 y 2016.

Los servicios policiales y de emergencias que intervinieron cuando él alertó del falso suicidio remarcaron en su declaración en el juicio la actitud de Julián durante ese momento: fría, sin expresar emociones y siendo muy observador. “Todo el rato preguntaba qué hacían, manifestaba reiteradamente que Marisa se había tomado las pastillas”, cuenta la abogada.

La Administración

El de María Luisa es uno de esos casos en los que sí constaban antecedentes de maltrato. Entre septiembre y octubre de 2013, Julián llegó a tener una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a su pareja a menos de 500 metros.

Esta medida duró un mes ya que la propia María Luisa, a través de una abogada del turno de oficio que le fue asignada, pidió dejarla sin efecto. El Ministerio Fiscal presentó en aquel momento un escrito solicitando que no se revocara la orden de alejamiento, pero finalmente, y según el auto, se concluyó que no existía “una situación objetivo de riesgo” y que, al ser la denunciante quien había solicitado quitarla, “ya no siente temor del imputado ni teme por su integridad física”. Esto es lo que se extrae el informe que realizó sobre el caso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La decisión se tomó de acuerdo a que aún no existía una sentencia firme que confirmase el maltrato de Julián a María Luisa. 

En este sentido, destaca la valoración que hizo en aquel momento el Ministerio Fiscal sobre la petición de María Luisa de retirar la orden de alejamiento y que recoge el informe del CGPJ. Según este estudio del caso, “el cuadro psicológico de la víctima le llevaría a exonerar cualquier responsabilidad del imputado, haciéndola más vulnerable”. Además, desde este organismo se explicitó que sí podía existir cierto riesgo para la integridad de la víctima.

Desde el Ayuntamiento, tanto en el momento del asesinato como ahora, aseguran no tener conocimiento de la situación de violencia en la que se encontraba María Luisa.