La historia

Texto: Cláudia Morán

Fotografías: Brais Lorenzo

Esta historia fue publicada en marzo de 2022.

– Te voy a dar una dirección de correo para que envíes tu petición; si lo autorizan, tendrá que autorizarlo también el responsable de la investigación y después nos autorizarán a nosotros a informarte, o no.

– Perdona, pero no puedo atenderte y no tengo permiso de la familia.

– Estoy en atención al público y tengo muchísimo trabajo.

– Lo mejor que puede hacer es dejarme en paz. Tengo más que hacer que atender llamadas de periodistas. Adiós.

La historia del asesinato de Mónica es como una historia que ya no existe. Ni la Guardia Civil, que en su momento facilitó información a la prensa, ni profesionales que intervinieron en el caso, ni el alcalde de la localidad en aquel momento pueden confirmar ni un solo dato de los que compartieron casi ocho años atrás con los medios de comunicación locales y estatales. Pero lo cierto es que a Mónica su pareja le segó la vida el 25 de agosto de 2014 en Portela, Barro, provincia de Pontevedra. Ella era natural de Marín y tenía 38 años.

Allí la enterraron, donde nació –una población costera de 24.000 habitantes muy cerca de la capital–, después de una multitudinaria despedida en el Templo Nuevo de la localidad. Hoy, casi ocho años después, frente a ese mismo templo, las ventanas del instituto público Illa de Tambo lucen lazos de color violeta. Se preparan para conmemorar el 8-M. También del Ayuntamiento, unas calles más abajo, cuelga una gran pancarta de color violeta de un lado a otro de la fachada. 

En la aldea de Portela, donde fue asesinada, la casa está vacía. Hasta allí se había trasladado Mónica tiempo atrás, un lugar entre la Nacional 550 y la autopista AP-9, en medio de un trasiego de camiones de la pastera Ence y de numerosas empresas de piensos y productos pesqueros, donde abundan viñedos y modestas granjas lecheras, y por donde transcurre un tramo del Camino de Santiago. Portela era (y es) muy diferente al municipio natal de Mónica, a 20 kilómetros de allí; pero era el hogar de Daniel, su pareja y padre de sus dos hijas. Ella trabajaba como auxiliar de autobús escolar y cuidando a personas mayores, y con su doble empleo mantenía a la familia. Él estaba en el paro, tras la reciente quiebra de la empresa de construcción en la que trabajaba.

Era primerísima hora de la mañana, en pleno verano. A bocajarro, con una escopeta de caza, Daniel le propinó a Mónica un disparo mortal en el pecho, en la cocina del domicilio que compartían. Fue él mismo quien llamó a la Guardia Civil para confesar el crimen, hacia las ocho y media, y comunicó a los agentes su intención de quitarse la vida. Acto seguido, se ahorcó en un galpón cercano a la vivienda. Las hijas, de 12 y 16 años, se encontraban en la casa. 

Así es como lo recogieron los medios entonces, y ellos son la única fuente de información pública sobre lo sucedido: los responsables de la investigación no confirman los datos ni aclaran otros extremos; tampoco puede hacerlo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Caldas de Reis (el organismo judicial más cercano, a 11 kilómetros de Portela), que intervino tras el asesinato de Mónica, al no contar con la autorización del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). “Al fallecer la persona investigada, se extingue su responsabilidad penal. De hecho, es la primera causa de extinción de la responsabilidad criminal que recoge el artículo 130 del Código Penal”, informa el gabinete de comunicación del TSXG. Desde el tribunal autonómico recuerdan que cuentan con autorización para facilitar resoluciones judiciales, “pero no para informar sobre el contenido de las diligencias practicadas”. “En este caso, al fallecer el acusado, el juzgado procede a archivar el procedimiento, pues su labor no es reconstruir los hechos que sucedieron, sino determinar la posible responsabilidad penal que de ellos se derive y, en este caso, se ha extinguido”, explican desde el TSXG.

Desde el Centro de Información a la Mujer (CIM) de Caldas de Reis destacan que “no constaban denuncias previas” ni habían recibido “ninguna solicitud de apoyo psicológico ni de ningún tipo”, aunque recuerdan que no pueden facilitar datos personales sobre lo sucedido “salvo que exista un requerimiento judicial”.

No ha sido posible tampoco localizar a los familiares de Mónica, quienes se hicieron cargo de sus hijas. Personas allegadas afirman que la herida no se ha cerrado, ni se cerrará.

Pasados los años, no sabemos qué ocurrió exactamente, qué se podría haber hecho, qué se puede hacer después. “En los procesos y relaciones de violencia vemos cómo esa violencia va escalando poco a poco, hasta llegar al asesinato”, explica Concepción Rodríguez, psicóloga sanitaria del programa de víctimas de violencia de género en la comunidad gallega y vocal de la junta de gobierno del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG). La psicóloga aclara que la violencia puede desencadenarse “a raíz de muchas circunstancias” que, bajo ningún concepto, la justifican. 

La situación de desempleo de Daniel podría haber sido un desencadenante de la violencia que acabó con la vida de Mónica. Sobre estos casos, Concepción Rodríguez hace referencia a los mandatos clásicos de género: “En hombres que se ven incapaces económicamente influyen los mandatos de género, que les dicen que tienen que ser los proveedores de la familia. Esa mentalidad machista que aún permea en la cultura pesa mucho. La sensación de fracaso y de pérdida de estatus económico, en general, se lee desde esos mandatos clásicos como algo que les da identidad. Por eso es importante que como sociedad revisemos esos modelos que tenemos de masculinidad”, explica la psicóloga, que insiste en que “eso no lleva a violencia”. “Es un agente potenciador más. A los hombres que no son violentos puede llevarlos a trastornos como la depresión o incluso al suicidio, pero eso no hace a un hombre violento”, clarifica.

El día después del asesinato de Mónica, los medios locales recogieron varias declaraciones de familiares que afirmaban que ella había iniciado los trámites para separarse, otra circunstancia que podría haber influido en la escalada de violencia de Daniel. “Cuando notan que la mujer se va y que la pueden perder, la violencia aumenta. Ven un punto de no retorno, y esto supone una situación de enorme peligro para ella”, indica la psicóloga del COPG.

Que Daniel dispusiera de una escopeta de caza para matar a Mónica no es algo poco común. Esta clase de armamento se enmarca en el grupo E, uno de los cuatro tipos de armas más comunes en España. Actualmente constan 2.634.527 armas registradas, casi el mismo número de habitantes que tiene Galicia. La comunidad gallega es la sexta con más licencias de caza en España, según los datos de 2020 del Ministerio de Cultura y Deporte, licencias que se han incrementado un 0,6% en Galicia en los últimos cinco años, 0,5 puntos más que en el conjunto de España.

El suicidio del agresor confeso es uno de los motivos por los que no es posible obtener la información judicial del asesinato de Mónica. Como tantos otros, Daniel se quitó la vida y, con ella, su responsabilidad penal se diluyó. Para la psicóloga especializada en violencia de género, el suicidio “es un cúmulo de muchas cosas y no se puede simplificar”.

Rodríguez afirma que tras un asesinato machista “es frecuente que el agresor sienta que ha perdido un vínculo con la mujer a la que ha matado”. “Si durante años su objetivo vital ha sido no perder el vínculo con ella, aunque ese vínculo fuese destruirla, en el momento en que la mata lo pierde. Viene de una dependencia de tratar de mantener a esa persona atada a él y, cuando llega al punto de asesinarla, pasa a ver la vida de otra forma. Pueden activarse muchos miedos como, por ejemplo, lo que se les viene encima, pero también ven que su vida ya no tiene objetivo”, amplía la profesional.

“Ya está todo dicho”

El actual regidor de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes (Bloque Nacionalista Galego), no gobernaba en la localidad por aquel entonces pero recuerda el “papel clave” de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en la asistencia a las menores. “Lo que ocurrió fue muy duro y creo que todo lo que había que decir ya está dicho”, afirman desde Servicios Sociales. “Fue un trabajo coordinado y en equipo con todas las administraciones públicas, y se utilizaron todos los recursos que teníamos a nuestro alcance”, rememoran.

La psicóloga especializada en violencia de género observa que el acompañamiento psicológico de las personas menores de edad tras un asesinato con violencia de género, con el añadido del suicidio del agresor, es “muy difícil de abordar”. “Hay que establecer una relación profesional de mucha confianza que, a veces, puede no ser fácil, porque han visto lo que acaba de pasar con las personas con las que estaban vinculadas emocionalmente”, argumenta.

En este sentido, Concepción Rodríguez incide en la importancia de las primeras actuaciones, “desde el minuto cero”, cuando los y las menores “se encuentran en esa situación de vulnerabilidad tan extrema”. “La actuación debe ser inmediata porque pueden quedar marcadas por determinados comentarios de personas cercanas o presentes tras los hechos y, a partir de ahí, empezar a actuar lentamente y ver con qué personas van a vivir”. Añade que, incluso cuando los menores son hermanos, “el tratamiento debe ser diferente porque son personas diferentes”.

La experta establece una diferencia entre el tratamiento psicológico de personas menores y adultas, ya que en el caso de las primeras “existe la gran ventaja de que son muy plásticas y, si las cosas se hacen bien, pueden recuperarse muy rápidamente y crecer sanamente, a pesar del vacío que queda”.

“En el caso de los adultos, todos los familiares deberían tener apoyo a largo plazo porque todos son víctimas de violencia machista, independientemente de si son parientes de la mujer asesinada o del asesino. Con el tiempo, el apoyo psicológico se va perdiendo, los recursos públicos en salud mental funcionan irregularmente y la mayoría se quedan sin ellos. Es injusto, puesto que la violencia de género es un problema social. Debería existir un protocolo para que todos tengamos cuidados y protección garantizada cuando sucede algo así. Si cuidamos de los bancos, ¿por qué no cuidamos a las personas?”, se pregunta Concepción Rodríguez.

Fue el peor agosto desde 2008

El asesinato de Mónica causó una gran conmoción en toda Galicia. Aquel agosto había sido el peor en número de asesinatos machistas en España desde 2008, con ocho mujeres asesinadas. Mónica era la sexta víctima mortal del año en esta comunidad. Un día después del feminicidio de Mónica se convocaron concentraciones en Barro, Marín, Pontevedra y Santiago de Compostela, con la participación de los máximos representantes municipales y autonómicos, entre ellos, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, varios conselleiros y la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella. La Xunta creó una fotogalería con todas las concentraciones realizadas ese día con participación del Gobierno autonómico.

En Barro, la cortina de lluvia que cayó el 26 de agosto no impidió que los vecinos y vecinas se concentrasen ante el Ayuntamiento para recordar a Mónica, arropar a su familia y mostrar su rechazo a la violencia de género. Fue allí donde varios familiares contaron a los