La historia

Texto: Cláudia Morán

Fotografías: Brais Lorenzo

Esta historia fue publicada en marzo de 2022.

– Te voy a dar una dirección de correo para que envíes tu petición; si lo autorizan, tendrá que autorizarlo también el responsable de la investigación y después nos autorizarán a nosotros a informarte, o no.

– Perdona, pero no puedo atenderte y no tengo permiso de la familia.

– Estoy en atención al público y tengo muchísimo trabajo.

– Lo mejor que puede hacer es dejarme en paz. Tengo más que hacer que atender llamadas de periodistas. Adiós.

La historia del asesinato de Mónica es como una historia que ya no existe. Ni la Guardia Civil, que en su momento facilitó información a la prensa, ni profesionales que intervinieron en el caso, ni el alcalde de la localidad en aquel momento pueden confirmar ni un solo dato de los que compartieron casi ocho años atrás con los medios de comunicación locales y estatales. Pero lo cierto es que a Mónica su pareja le segó la vida el 25 de agosto de 2014 en Portela, Barro, provincia de Pontevedra. Ella era natural de Marín y tenía 38 años.

Allí la enterraron, donde nació –una población costera de 24.000 habitantes muy cerca de la capital–, después de una multitudinaria despedida en el Templo Nuevo de la localidad. Hoy, casi ocho años después, frente a ese mismo templo, las ventanas del instituto público Illa de Tambo lucen lazos de color violeta. Se preparan para conmemorar el 8-M. También del Ayuntamiento, unas calles más abajo, cuelga una gran pancarta de color violeta de un lado a otro de la fachada. 

En la aldea de Portela, donde fue asesinada, la casa está vacía. Hasta allí se había trasladado Mónica tiempo atrás, un lugar entre la Nacional 550 y la autopista AP-9, en medio de un trasiego de camiones de la pastera Ence y de numerosas empresas de piensos y productos pesqueros, donde abundan viñedos y modestas granjas lecheras, y por donde transcurre un tramo del Camino de Santiago. Portela era (y es) muy diferente al municipio natal de Mónica, a 20 kilómetros de allí; pero era el hogar de Daniel, su pareja y padre de sus dos hijas. Ella trabajaba como auxiliar de autobús escolar y cuidando a personas mayores, y con su doble empleo mantenía a la familia. Él estaba en el paro, tras la reciente quiebra de la empresa de construcción en la que trabajaba.

Era primerísima hora de la mañana, en pleno verano. A bocajarro, con una escopeta de caza, Daniel le propinó a Mónica un disparo mortal en el pecho, en la cocina del domicilio que compartían. Fue él mismo quien llamó a la Guardia Civil para confesar el crimen, hacia las ocho y media, y comunicó a los agentes su intención de quitarse la vida. Acto seguido, se ahorcó en un galpón cercano a la vivienda. Las hijas, de 12 y 16 años, se encontraban en la casa. 

Así es como lo recogieron los medios entonces, y ellos son la única fuente de información pública sobre lo sucedido: los responsables de la investigación no confirman los datos ni aclaran otros extremos; tampoco puede hacerlo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Caldas de Reis (el organismo judicial más cercano, a 11 kilómetros de Portela), que intervino tras el asesinato de Mónica, al no contar con la autorización del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). “Al fallecer la persona investigada, se extingue su responsabilidad penal. De hecho, es la primera causa de extinción de la responsabilidad criminal que recoge el artículo 130 del Código Penal”, informa el gabinete de comunicación del TSXG. Desde el tribunal autonómico recuerdan que cuentan con autorización para facilitar resoluciones judiciales, “pero no para informar sobre el contenido de las diligencias practicadas”. “En este caso, al fallecer el acusado, el juzgado procede a archivar el procedimiento, pues su labor no es reconstruir los hechos que sucedieron, sino determinar la posible responsabilidad penal que de ellos se derive y, en este caso, se ha extinguido”, explican desde el TSXG.

Desde el Centro de Información a la Mujer (CIM) de Caldas de Reis destacan que “no constaban denuncias previas” ni habían recibido “ninguna solicitud de apoyo psicológico ni de ningún tipo”, aunque recuerdan que no pueden facilitar datos personales sobre lo sucedido “salvo que exista un requerimiento judicial”.

No ha sido posible tampoco localizar a los familiares de Mónica, quienes se hicieron cargo de sus hijas. Personas allegadas afirman que la herida no se ha cerrado, ni se cerrará.

Pasados los años, no sabemos qué ocurrió exactamente, qué se podría haber hecho, qué se puede hacer después. “En los procesos y relaciones de violencia vemos cómo esa violencia va escalando poco a poco, hasta llegar al asesinato”, explica Concepción Rodríguez, psicóloga sanitaria del programa de víctimas de violencia de género en la comunidad gallega y vocal de la junta de gobierno del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG). La psicóloga aclara que la violencia puede desencadenarse “a raíz de muchas circunstancias” que, bajo ningún concepto, la justifican. 

La situación de desempleo de Daniel podría haber sido un desencadenante de la violencia que acabó con la vida de Mónica. Sobre estos casos, Concepción Rodríguez hace referencia a los mandatos clásicos de género: “En hombres que se ven incapaces económicamente influyen los mandatos de género, que les dicen que tienen que ser los proveedores de la familia. Esa mentalidad machista que aún permea en la cultura pesa mucho. La sensación de fracaso y de pérdida de estatus económico, en general, se lee desde esos mandatos clásicos como algo que les da identidad. Por eso es importante que como sociedad revisemos esos modelos que tenemos de masculinidad”, explica la psicóloga, que insiste en que “eso no lleva a violencia”. “Es un agente potenciador más. A los hombres que no son violentos puede llevarlos a trastornos como la depresión o incluso al suicidio, pero eso no hace a un hombre violento”, clarifica.

El día después del asesinato de Mónica, los medios locales recogieron varias declaraciones de familiares que afirmaban que ella había iniciado los trámites para separarse, otra circunstancia que podría haber influido en la escalada de violencia de Daniel. “Cuando notan que la mujer se va y que la pueden perder, la violencia aumenta. Ven un punto de no retorno, y esto supone una situación de enorme peligro para ella”, indica la psicóloga del COPG.

Que Daniel dispusiera de una escopeta de caza para matar a Mónica no es algo poco común. Esta clase de armamento se enmarca en el grupo E, uno de los cuatro tipos de armas más comunes en España. Actualmente constan 2.634.527 armas registradas, casi el mismo número de habitantes que tiene Galicia. La comunidad gallega es la sexta con más licencias de caza en España, según los datos de 2020 del Ministerio de Cultura y Deporte, licencias que se han incrementado un 0,6% en Galicia en los últimos cinco años, 0,5 puntos más que en el conjunto de España.

El suicidio del agresor confeso es uno de los motivos por los que no es posible obtener la información judicial del asesinato de Mónica. Como tantos otros, Daniel se quitó la vida y, con ella, su responsabilidad penal se diluyó. Para la psicóloga especializada en violencia de género, el suicidio “es un cúmulo de muchas cosas y no se puede simplificar”.

Rodríguez afirma que tras un asesinato machista “es frecuente que el agresor sienta que ha perdido un vínculo con la mujer a la que ha matado”. “Si durante años su objetivo vital ha sido no perder el vínculo con ella, aunque ese vínculo fuese destruirla, en el momento en que la mata lo pierde. Viene de una dependencia de tratar de mantener a esa persona atada a él y, cuando llega al punto de asesinarla, pasa a ver la vida de otra forma. Pueden activarse muchos miedos como, por ejemplo, lo que se les viene encima, pero también ven que su vida ya no tiene objetivo”, amplía la profesional.

“Ya está todo dicho”

El actual regidor de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes (Bloque Nacionalista Galego), no gobernaba en la localidad por aquel entonces pero recuerda el “papel clave” de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en la asistencia a las menores. “Lo que ocurrió fue muy duro y creo que todo lo que había que decir ya está dicho”, afirman desde Servicios Sociales. “Fue un trabajo coordinado y en equipo con todas las administraciones públicas, y se utilizaron todos los recursos que teníamos a nuestro alcance”, rememoran.

La psicóloga especializada en violencia de género observa que el acompañamiento psicológico de las personas menores de edad tras un asesinato con violencia de género, con el añadido del suicidio del agresor, es “muy difícil de abordar”. “Hay que establecer una relación profesional de mucha confianza que, a veces, puede no ser fácil, porque han visto lo que acaba de pasar con las personas con las que estaban vinculadas emocionalmente”, argumenta.

En este sentido, Concepción Rodríguez incide en la importancia de las primeras actuaciones, “desde el minuto cero”, cuando los y las menores “se encuentran en esa situación de vulnerabilidad tan extrema”. “La actuación debe ser inmediata porque pueden quedar marcadas por determinados comentarios de personas cercanas o presentes tras los hechos y, a partir de ahí, empezar a actuar lentamente y ver con qué personas van a vivir”. Añade que, incluso cuando los menores son hermanos, “el tratamiento debe ser diferente porque son personas diferentes”.

La experta establece una diferencia entre el tratamiento psicológico de personas menores y adultas, ya que en el caso de las primeras “existe la gran ventaja de que son muy plásticas y, si las cosas se hacen bien, pueden recuperarse muy rápidamente y crecer sanamente, a pesar del vacío que queda”.

“En el caso de los adultos, todos los familiares deberían tener apoyo a largo plazo porque todos son víctimas de violencia machista, independientemente de si son parientes de la mujer asesinada o del asesino. Con el tiempo, el apoyo psicológico se va perdiendo, los recursos públicos en salud mental funcionan irregularmente y la mayoría se quedan sin ellos. Es injusto, puesto que la violencia de género es un problema social. Debería existir un protocolo para que todos tengamos cuidados y protección garantizada cuando sucede algo así. Si cuidamos de los bancos, ¿por qué no cuidamos a las personas?”, se pregunta Concepción Rodríguez.

Fue el peor agosto desde 2008

El asesinato de Mónica causó una gran conmoción en toda Galicia. Aquel agosto había sido el peor en número de asesinatos machistas en España desde 2008, con ocho mujeres asesinadas. Mónica era la sexta víctima mortal del año en esta comunidad. Un día después del feminicidio de Mónica se convocaron concentraciones en Barro, Marín, Pontevedra y Santiago de Compostela, con la participación de los máximos representantes municipales y autonómicos, entre ellos, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, varios conselleiros y la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella. La Xunta creó una fotogalería con todas las concentraciones realizadas ese día con participación del Gobierno autonómico.

En Barro, la cortina de lluvia que cayó el 26 de agosto no impidió que los vecinos y vecinas se concentrasen ante el Ayuntamiento para recordar a Mónica, arropar a su familia y mostrar su rechazo a la violencia de género. Fue allí donde varios familiares contaron a los medios locales que ella había iniciado los trámites para separarse. Preguntado por esta cuestión a las puertas del consistorio, el subdelegado del Gobierno de Mariano Rajoy en Pontevedra, Antonio Coello, fue tajante en su respuesta: “Las motivaciones que pueden existir para deshacerse de una pareja no son objeto de investigación por parte de la policía judicial porque no tienen justificación, la violencia no tiene justificación en ese sentido. Evidentemente, puede haber una motivación, pero no justifica esa violencia”, declaró ante los medios.

En la concentración estaba también el alcalde de entonces, el popular José Antonio Landín, hoy miembro de la corporación municipal en la oposición, que ha rechazado participar en este reportaje: “Tengo más que hacer que atender llamadas de periodistas”. Aquel día, el exalcalde atendió a los medios y puso el foco en las menores que acababan de quedarse huérfanas, aunque describió a la familia como “una familia normal que trabajaba, que vivía cuidando de sus hijas” y destacó la “sorpresa” que el asesinato había generado entre el vecindario. Los medios de comunicación recogieron sus declaraciones, y también las de vecinos y allegados, en el mismo sentido.

“Este tipo de comentarios no sirven para nada y no deberían aparecer en los medios”, valora la psicóloga del COPG Concepción Rodríguez. “Por supuesto que nadie espera en ningún momento que ocurra algo así. A veces no lo saben ni las propias personas implicadas porque viven normalizando cosas que no son normales. Es como si nos preguntasen sobre la salud endocrinológica de alguien a quien le ha dado un infarto; lo normal es no saberlo. Todavía nos falta formación y sensibilización para tratar estos temas”, concluye.

Con un manifiesto de condena a la violencia machista, el 25 de noviembre de 2014, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Marín homenajeó a Mónica e Isabel, otra de sus vecinas, asesinada el año anterior.

Tras todos estos años, el alcalde actual, Fernández Abraldes, valora el trabajo del Ayuntamiento con la juventud, así como la colaboración en las campañas de la Diputación de Pontevedra y los centros de información a las mujeres de la zona: “Intentamos implicar tanto a los estudiantes del colegio como a los del instituto porque es muy importante formar y sensibilizar a los jóvenes sobre la violencia de género”, señala el regidor.

Fernández Abraldes indica que una de las dificultades del municipio ante la sospecha de algún caso de violencia de género es el silencio: “Aunque los vecinos lo cuenten, es frecuente que la mujer afectada no lo quiera contar. En ese contexto, Servicios Sociales intenta animarla a presentar denuncia explicándole los pasos a seguir”, dice el regidor. El alcalde agradece que ayuntamientos pequeños como el suyo puedan contar con el apoyo de los centros de información a las mujeres; en el caso de Barro, cuentan con la colaboración del CIM de Caldas de Reis.

Precariedad laboral

Para el CIM de Caldas, a un par de semanas del 8 de marzo, son días de muchísimo trabajo. A este respecto, la Asociación de Profesionales de Centros de Información a la Mujer de Galicia (Asocim) acaba de remitir un comunicado alertando de “la precariedad laboral del personal técnico de los CIM en Galicia”. “Se debe reforzar el servicio con personal para garantizar una atención de calidad a las usuarias”, recoge el texto, que hace referencia a la “sobrecarga de trabajo” o a la “excesiva burocratización de los procesos” y alerta sobre el “empobrecimiento de la calidad y la dignidad del servicio”.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ensalzan también el papel de los CIM para que “todas las mujeres puedan tener servicios de información de proximidad en términos de violencia de género” en la localidad donde viven. Subrayan el trabajo coordinado de estos centros con la subdelegación, así como la labor de las unidades contra la violencia sobre la mujer de las distintas subdelegaciones en connivencia con la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género. 

“Cuando hay heridas graves –se considera graves a las que llevan más de 24 horas hospitalizadas– o asesinadas, en los días posteriores programamos una reunión de coordinación institucional. Esa reunión se convoca desde la subdelegación y se invita a participar a otras entidades o instituciones que hayan trabajado o puedan hacerlo con la víctima o sus familiares. Si la víctima es extranjera, por ejemplo, se invita a Extranjería de la subdelegación. Son mesas de trabajo donde se analiza cada caso, antes y después del asesinato, para poder hacer una valoración de qué ha ocurrido, cómo, qué se estaba haciendo con esta víctima… y también para ver cómo se puede ayudar después: si hay menores, intervención con los mismos, ayudas y compensaciones según legislación o trámites”, explican desde la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.

La historia de Mónica está escrita en la prensa. Sin ella, hoy sería una historia sepultada entre el polvo de los cajones, los metadatos privados de la administración y el dolor de una familia y una población que no habla, pero tampoco olvida. Desde la asociación Xornalistas Galegas, creada hace tres años para luchar por un periodismo con perspectiva de género, reivindican que los medios de comunicación asuman su necesaria labor en la lucha contra la violencia machista. “No tiene sentido que las mismas fuentes oficiales que en su día facilitaron datos sobre un asesinato con violencia de género no puedan confirmar esos mismos datos años después, especialmente si quien los solicita es un medio especializado o que tiene integrada la perspectiva de género”, señalan desde la directiva del colectivo. “Puede extinguirse la responsabilidad penal de un agresor, pero una mujer asesinada siempre será una víctima de violencia machista y los medios tienen un papel fundamental en la memoria y la pedagogía”, añaden.

Los medios también publicaron declaraciones directas de familiares de la víctima y del agresor confeso. Todos condenaron lo ocurrido.

Violencias previas

Profesionales del CIM de Caldas confirman que no constaban denuncias por violencias previas en la pareja.

Entorno y familia

No ha sido posible localizar a los familiares de Mónica. Personas allegadas afirman que la herida que se abrió aquel 25 de agosto en los seres queridos de la joven no se ha cerrado, ni se cerrará. Miembros de la familia de Mónica se hicieron cargo de la tutela de sus hijas.

Ocho años después

Cerca de ocho años después, frente al templo donde Mónica recibió su último adiós, las ventanas del instituto público están llenas de lazos morados; unos metros calle abajo, el Ayuntamiento de Marín luce un gran cartel conmemorativo. Se preparan para el 8 de marzo. 

El CIM de Marín desarrolla anualmente diversas actividades de concienciación y de lucha por la igualdad, coincidiendo con el 8 de marzo y el 25 de noviembre, como los Premios Lazo Violeta, que reconocen cada año el esfuerzo de personas e instituciones en la visibilización y la lucha contra la violencia machista.

El alcalde de Barro, un consistorio mucho más pequeño que el de Marín, destaca las actividades de concienciación dirigidas a los más jóvenes del colegio y del instituto, así como el papel del CIM de Caldas de Reis para el apoyo a las mujeres en situación de violencia de género.

A las puertas del 8-M, la asociación gallega de Profesionales de los Centros de Información a la Mujer alerta de la precariedad laboral y pide que se refuerce el servicio con más personal para garantizar una atención de calidad a las mujeres.

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, en coordinación con la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, participa en las unidades contra la violencia sobre la mujer, que organiza encuentros con entidades que trabajen o hayan trabajado con las víctimas o su entorno para analizar cada caso en profundidad y poder valorar las causas y trazar las mejores actuaciones.

La Xunta de Galicia, a través de su Secretaría Xeral de Igualdade, tiene en marcha varios programas especializados para la lucha contra la violencia contra las mujeres, como los programas de turno de guardia social y psicológica en violencia de género, el de atención psicológica a las víctimas o el dirigido a hombres con problemas de control de violencia –sin antecedentes violentos– Abramos o círculo.