Texto: Dani Domínguez

Fotografías: Álvaro Minguito

Esta historia fue publicada en febrero de 2024.

Varias personas, en su mayoría mujeres, hacen cola frente al mostrador del Centro para la Igualdad de Fuenlabrada (Madrid). Van a recoger su dorsal para la marcha que el ayuntamiento ha organizado el próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. El pasado año logró la participación de 11.200 personas, entre ellas, la entonces ministra portavoz Isabel Rodríguez.

En una de las estanterías del centro, diferentes folletos tienen como eje central la lucha contra la violencia machista: una guía de información “para jóvenes y adolescentes” y el Programa Municipal de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Esta iniciativa fue puesta en marcha en 1999, cinco años antes de la Ley Integral, de 2004, y 15 años antes del feminicidio de Nuria, el 26 de febrero de 2014.

“Hoy es un día sombrío. El corazón de Fuenlabrada se llena de tristeza. La rabia y la impotencia invaden nuestras calles. Nuria, vecina de nuestra ciudad, de este barrio, fue asesinada ayer”. Así comenzó el discurso de la concentración de condena, que congregó a varias decenas de personas y culminó con cinco minutos de silencio.

Nuria tenía 43 años y era asistente social especializada en personas con discapacidad. De ella dependían cinco personas, cuatro de ellas menores: dos hijos biológicos de una relación anterior y tres sobrinas.

Mientras ellos estaban en el colegio, su expareja, Juan, aprovechó para ir a su casa, donde presuntamente la mató de una paliza. Según determinó el Instituto Anatómico Forense de Fuenlabrada, él murió de un infarto pocos minutos después, también en el mismo domicilio. La muerte del supuesto agresor hizo que la causa fuera archivada y, por tanto, no hubo juicio ni condena por el crimen de Nuria, como sucede en los casos en los que el asesino se suicida.

“Lo primero que se hizo fue movilizar los recursos de atención psicológica a las familias y de asesoramiento legal para atenderles, que es la prioridad”, recuerda hoy, una década después, la concejala de Igualdad en el momento en el que Nuria fue asesinada, Silvia Buabent. Según explica, el primer plan municipal de Igualdad, creado en 1991, fue activado en cuanto tuvieron conocimiento del crimen, al que siguieron después los feminicidios de dos mujeres más.

El 24 de noviembre de 2016, apenas unas horas ante del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una joven de 26 años era degollada por su novio en la localidad madrileña. En 2020, y coincidiendo con el sexto aniversario de la muerte de Nuria, un hombre asesinaba a su mujer de 76 años en una semana definida por el Ministerio de Igualdad como “trágica”, ya que era el segundo caso de feminicidio en apenas unos días en España.

Lo que queda pendiente sobre los hijos e hijas 

De los hijos de Nuria, aseguran desde el consistorio, se hizo cargo la familia paterna. En el caso de las sobrinas, fue una familia del colegio la que pidió su custodia. “Me pareció de una valentía y de una generosidad absoluta”, sostiene una de las fuentes consultadas. Al cierre de esta edición, no había sido posible contactar con los familiares de Nuria. 

Aunque entonces eran considerados víctimas indirectas, hoy los hijos e hijas son considerados ya como víctimas directas de violencia de género: “La cuestión es si esta consideración ha sido lo suficientemente desarrollada y si de verdad hay un sistema de reparación vinculado a su condición de víctimas”, se pregunta Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, una organización que gestiona el Fondo de Becas Soledad Cazorla, en honor a la primera Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

Su objetivo es “el desarrollo personal, apoyo educativo y reparación de daño” que sufren los hijos e hijas. Según Soleto, la administración cuenta con enormes lagunas a la hora de permitirles acceder a sus derechos.

En primer lugar, las familias deben enfrentarse a un laberinto burocrático que, además, dificulta el duelo y la recuperación de una vida relativamente normal. Así, el juzgado podrá interponer medidas cautelares tras producirse el asesinato, pero la sentencia definitiva puede tardar años en llegar: “Las familias siguen conviviendo con el asesinato de forma cotidiana durante un tiempo muy largo que, en muchas ocasiones, transcurre en un periodo que es esencial en el desarrollo de niños y niñas, a nivel emocional y personal”, destaca.

Soleto también denuncia la falta de conocimiento de una parte importante del funcionariado en la tramitación o asesoramiento: “En muchas ocasiones, las familias acuden a la administración y la administración no sabe qué hacer porque no se ha enfrentado nunca a un caso como ese y no tiene el conocimiento sobre los derechos de un huérfano por violencia de género”, asegura. Y pone otro ejemplo: “Como víctima de violencia de género, por ejemplo, muchas universidades ofrecen descuentos en las tasas, pero siempre piensan en mujeres; y no, un chico de 18 años cuya madre ha sido asesinada, también tiene la condición de víctima, y eso, numerosas veces, no lo conocen”.

Otro de los puntos más problemáticos es el referente a las pensiones de orfandad, una de las batallas libradas desde el Fondo de Becas Soledad Cazorla. Cuando comenzó el trabajo de la organización, en 2016, este tipo de prestaciones participaban del sistema general de previsión social, por lo que si las mujeres no estaban dadas de alta en la Seguridad Social o no tenían acumulados los años de cotización suficiente para generar la pensión de orfandad, los menores no podían acceder a ellas o, si lo hacían, eran por cantidades nimias como 90 euros al mes.

“Desde 2019, que es cuando se hace la primera reforma, se habilitan dos medidas. Por un lado, se considera que, tras un crimen por violencia de género, la orfandad es absoluta aunque el asesino sobreviva, por lo que se aumenta la pensión. Asimismo, en aquellos supuestos en los que la madre no tuviese cotizado lo suficiente, se establece una pensión no contributiva. Y ya en 2022 se amplían los supuestos para aquellas familias más vulnerables”, explica Soleto. De esta forma, se ha producido un incremento significativo de las familias que han podido acceder a este tipo de prestaciones.

A pesar de ello, desde la Fundación Mujeres consideran que el fondo de becas sigue siendo necesario porque “las ayudas económicas, en muchos casos, no cubren las necesidades totales de los niños y niñas”. La organización ofrece becas de hasta 2.000 euros al año para garantizar que ningún niño o niña deje la educación por falta de recursos. Además, asesoran a las familias para que puedan acceder a todos aquellos servicios a los que tienen derecho.

Al cierre de esta edición, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España ascendía a cuatro en 2024 y a 1.244 desde 2003, cuando se comenzaron a recopilar estos datos. El número de menores de edad huérfanos y huérfanas ascendía a cinco en 2024 y a 437 desde 2013.

En Fuenlabrada, los almendros han florecido a finales de febrero, aunque todavía falta un mes para la llegada oficial de la primavera. Los centros educativos están vacíos, con motivo de la Semana Blanca de la Comunidad de Madrid. Los altos edificios de ladrillo inundan el horizonte. Iguales y separados unos de otros, protegidos por vallas rojas. El silencio es prácticamente total en el barrio en el que residía Nuria.

El presunto asesino

Juan tenía 41 años el día en el que se produjo el crimen. De acuerdo con la información publicada por diferentes medios, Nuria había roto su relación con el hombre un mes antes. Él se encargaba de labores de mantenimiento en un colegio y, según fue publicado, contaba con un antecedente por robo con fuerza.

La sentencia

Debido a que el presunto asesino murió de un infarto tras el crimen, la causa fue archivada y, por tanto, no hubo juicio.

El tratamiento mediático

El asesinato de Nuria siguió una lógica mediática similar a otros casos anteriores y posteriores. La mayoría de grandes medios generalistas informaron sobre el feminicidio pero incumplieron los diferentes códigos éticos al revelar detalles exactos de la vivienda como la calle, el número o incluso el piso.

El interés informativo cesó el mismo día del asesinato ante la ausencia de juicio.