Texto: Dani Domínguez

Fotografías: Álvaro Minguito

Esta historia fue publicada en enero de 2024.

Las aceras de la calle son estrechas y cuando dos personas se cruzan caminando, una de ellas tiene que hacer un pequeño amago para no chocar con la que viene de frente. Por delante de un pequeño edificio de viviendas de dos plantas transitan pocos viandantes; el termómetro –frío– y el cielo –nublado– recomiendan quedarse en casa. Todavía se pueden observar algunos adornos navideños. La mayoría de los negocios tienen sus carteles escritos exclusivamente en chino. Es un barrio de Madrid del distrito de Usera, donde más del 28% de la población es migrante.

Aquí, en el bajo de ese pequeño edificio, fue asesinada Patricia. Su novio, Jonathan José G. L., de 19 años y nacionalidad dominicana, la mató el 14 de enero de 2014, hace ahora una década. Su cuerpo fue encontrado un día después. Él llevaba un año en España. Ella, de origen brasileño y con 28 años, residía en Madrid desde hacía seis.

En esos momentos, trabajaba como empleada de hogar para una familia que vivía en el centro de la capital, donde cuidaba a dos niños. Fue su empleadora la que, extrañada porque Patricia no acudiese a trabajar al día siguiente y no respondiese a las llamadas, se puso en contacto con una de sus amigas, quien, a su vez, alertó a otro conocido. Fue esta última persona la que se acercó a su casa y allí encontró el cadáver de la joven.

Reconstruir la historia de Patricia ha sido muy difícil debido a la ausencia de familiares en España y a la imposibilidad, hasta este momento, de acceder a personas de su entorno. Es por ello que, la mayor parte de los datos de este reportaje proceden de documentos oficiales, como las diferentes sentencias del caso.

Según esa información, Patricia y su asesino se conocían desde hacía apenas un mes. “Ella se entregaba mucho, se enamoraba mucho”, relataron los amigos y amigas de la víctima durante el juicio, y quería afianzar dicha relación. En un momento dado, ella descubrió que su pareja mantenía relaciones sexuales con la madrastra de éste, es decir, la novia de su padre, un hecho que fue reconocido en sede judicial.

Aquel 14 de enero de 2014, Jonathan José G. L. acudió a casa de Patricia, donde ella le reveló que conocía esta otra relación y que tenía un audio en su teléfono móvil en el que él lo confesaba. Asimismo, amenazó con enviárselo a su padre si no rompía ese vínculo. Fue entonces cuando el asesino cogió un cuchillo y atacó a Patricia, primero por la espalda y, posteriormente, en diferentes partes del cuerpo. Era de noche. Y hasta el día siguiente por la tarde no encontraron su cadáver.

Desde el inicio, el deseo de la madre de Patricia, su única familiar directa, fue que el cuerpo de su hija fuese enterrado en Brasil. Sin embargo, el cadáver no fue repatriado hasta julio de 2015, un año y medio después del asesinato. Dos años más tarde del feminicidio, su asesino fue condenado a 15 años de cárcel.

Una “persona alegre” y “amiga de sus amigos”

La sentencia recoge, en palabras de su círculo más cercano en Madrid, que Patricia “no tenía ningún enemigo”, y que era “una persona alegre, amiga de sus amigos, aunque también decidida y de carácter fuerte”. Ante ello, los diferentes testigos apuntaron a su pareja como la única persona “con un móvil consistente” para llevar a cabo el asesinato, como así finalmente se demostró.

Las mujeres migrantes suelen sufrir un proceso de vulnerabilidad al llegar a España que las coloca en una posición de mayor debilidad en casos de violencia de género, como afirma la doctora en Derecho y Ciencias Sociales Raquel López, autora de Revictimizadas: migrantes y violencia de género (Ed. Luna Nueva).

La especialista señala al “sistema administrativo” y al racismo estructural como el eje del problema: “Yo conozco a licenciadas y a doctoras que están cuidando de personas mayores porque el sistema las empuja a ello, a aceptar lo primero que encuentran porque tienen la presión de tener dinero para vivir aquí pero también para enviar remesas a su familia en el país de origen”, explica.

Asimismo, López apunta hacia el desconocimiento que muchas mujeres tienen de la red asociativa a la que pueden acudir en casos de violencia y a la desconfianza hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: “Muchas veces vienen de países donde la violencia de género puede estar normalizada, y la policía no hace nada en esos casos, por lo que creen que aquí va a suceder lo mismo. Además, hay que sumarle el miedo que tienen a ir a una comisaría, sobre todo si estas mujeres están en situación administrativa irregular, porque piensan que las van a deportar”, sostiene.

Todos estos factores, sumados, en ocasiones, a la falta de una red de apoyo familiar o vecinal o a las barreras lingüísticas y culturales, convierten a las mujeres migrantes en personas aún más vulnerables ante casos de violencia machista.

Concentraciones de feminicidios

El primer feminicidio de 2014 se produjo el 5 de enero, cuando el cónyuge de Núria la asesinó en Vilanova i la Geltrú (Barcelona); en Cervo (Lugo), el marido de María José acabó con su vida el día 13 de enero después de haber matado también a su suegra; el mismo 14 de enero en el que mataron a Patricia, Mari Ángeles también fue asesinada en Pozoblanco (Córdoba) por su pareja; un día después, a María Zulay la mató en Arona (Tenerife) el hombre con quien mantenía una relación. En las primeras dos semanas de 2014, cinco mujeres fueron asesinadas por violencia de género en España. Los medios definieron ese mes como “el más trágico para la violencia de género de la última década”, un calificativo que ha vuelto a repetirse en multitud de ocasiones en la última década. Así, en enero de 2023, siete mujeres y una menor hija de una de ellas fueron asesinadas.

Conceptos como “mes negro” o “trágico” han copado los titulares de los medios de comunicación durante años a la vez que, a nivel institucional, la respuesta a las concentraciones de asesinatos machistas era prácticamente nula. En junio de 2022, el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas pactaron la creación de comités de crisis frente a los repuntes de feminicidios, los cuales se reúnen cuando se producen cinco o más asesinatos machistas dentro del mismo mes o alguno en circunstancias especiales.

Estos comités son una herramienta “muy valiosa” para Bárbara Tardón, experta en violencia de género y asesora en el ministerio con Irene Montero al frente, porque permiten “extraer conclusiones, rastrear antecedentes y detectar fallos en el sistema”. Sin embargo, la especialista considera que, para que los comités de crisis tengan una eficacia todavía mayor, las administraciones competentes deben implementar las recomendaciones que de allí se extraen.

Esta experta, no obstante, remarca que “no hay ninguna evidencia científica que certifique que existen causas que provocan una concatenación en los episodios de asesinatos machistas”. Según Tardón, solo existen “teorías” o “hipótesis” que, actualmente, no tienen respaldo ni consenso. Desde su creación, los comités de crisis se han reunido en seis ocasiones, la última vez el pasado diciembre de 2023.

No hay memoria para Patricia

Nada recuerda hoy a Patricia. Su nombre, en la red, solo aparece vinculado a las noticias publicadas el día del asesinato y la detención y condena de su asesino. La repatriación de su cuerpo y la ausencia de familiares en España dificultan aún más su recuerdo. #PorTodas ha preguntado en el Espacio de Igualdad Berta Cáceres, situado en el distrito de Usera si allí se ha realizado o tiene conocimiento de algún tipo de homenaje, pero no ha obtenido respuesta al cierre de esta edición.

Según Bárbara Tardón, se trata de un problema que sigue sucediendo en la actualidad: “Con esta mujer parece que no ha habido una reparación, ni siquiera simbólica, por parte de las instituciones. Su rastro desaparece cuando su cadáver vuelve a su país y aquí se convierte en alguien invisible, que parece que nunca existió. Eso sigue pasando, sobre todo con las mujeres en situaciones de exclusión, especialmente las migradas, pero es una responsabilidad de la instituciones y del Estado rendirles memoria”, manifiesta. En el mismo distrito hay una calle que se llama Olvido.

El asesino

Son pocos los datos que existen sobre Jonathan José G.L. Los amigos y amigas de Patricia apenas lo conocían, por lo que prácticamente no existen descripciones sobre él en los documentos a los que ha tenido acceso este medio. 

El asesino, natural de República Dominicana, apenas llevaba un año en España cuando cometió el crimen, ya que, de acuerdo con el testimonio de su madrastra, llegó al país en 2013, y se encontraba en situación irregular. En esos momentos, trabajaba en el bar que su padre regentaba en el barrio de Lucero, también en Madrid, donde declaró haber pasado la tarde antes de cometer el crimen.

El entorno

Patricia no tenía familia en España. Su único familiar directo, su madre, se encontraba en Brasil en esos momentos. Diversas informaciones publicadas en medios locales brasileños explicaban que su progenitora quiso desde el inicio repatriar el cadáver de la joven, pero los precios establecidos para ello eran demasiado altos: “Lo único que quiero es que su cuerpo venga a Brasil, estoy desesperada, no tengo medios económicos”, expresó en aquellos momentos.

Dos semanas después del feminicidio, la madre de la víctima anunció que había logrado la cantidad necesaria para trasladar el cuerpo de su hija gracias a diferentes donaciones. Asimismo, la intercesión del Consulado de Brasil en Madrid permitió que el precio fuese menor al inicial. Desde el Consulado han explicado a #PorTodas que el “servicio de auxilio” es una de las tareas que tiene encomendadas el organismo y que, a petición de la familia de Patricia, quien les otorgó un poder, intercedieron desde España.

Como consulado, explican, estuvieron en contacto directo con el Instituto Anatómico Forense y con el juzgado de instrucción encargado de la causa: “Al ser un caso de violencia y al haber una investigación, el juzgado no autorizó que el cadáver fuese repatriado a Brasil y pedían enterrarlo en España por si fuese necesario exhumarlo en el futuro”, detallan.

Sin embargo, el deseo expreso de la madre de Patricia era que el cuerpo de su hija descansara cerca de su familia. Desde el consulado aseguran que la diferencia de precios entre unas funerarias y otras puede ser de hasta el triple, por lo que también intercedieron para encontrar la más económica. Afirman que “no es una práctica habitual” ya que los ministerios de los diferentes países intentan que sus consulados no se involucren en este tipo de casos para evitar “tratos de favor”: “Pero como la familia nos lo pedía, lo hicimos”, explican.

No fue hasta el 11 de julio de 2015, un año y medio después del asesinato, cuando el cuerpo de Patricia fue finalmente repatriado, primero hasta el aeropuerto de Sao Paulo y, posteriormente, hasta el de Campo Grande, donde fue enterrada.

Tratamiento mediático

El día en el que apareció el cuerpo de Patricia, algunos de los principales medios de comunicación del país se hicieron eco del asesinato, aunque con datos incorrectos como su edad, fruto de un error por parte de los servicios de emergencias, los cuales difundieron que la víctima tenía 35 años. Ya en esos momentos, las informaciones apuntaban hacia un caso de violencia de género a tenor de las declaraciones de uno de los amigos de Patricia, el cual aseguraba que “dos semanas antes de Navidad ella había roto con su novio, que era dominicano”.

Las informaciones de los diarios españoles fueron publicadas en las secciones de Actualidad, Sociedad o Sucesos, y el tratamiento fue de esta índole, con artículos centrados en explicar que el cadáver había sido encontrado en la bañera y que el grifo estaba abierto, y todas facilitaban la ubicación exacta del domicilio en el que fue hallado. Asimismo, ninguna de las noticias incluía el teléfono 016 de atención a las víctimas de violencia machista, una recomendación que las organizaciones periodísticas venían haciendo desde hacía años.

A finales de año, el diario 20 Minutos incluyó el asesinato de Patricia en un recopilatorio de “homicidios” en Madrid, colocando la “violencia machista” al lado de “peleas” o “robos” a pesar de que las recomendaciones periodísticas piden no tratar los feminicidios como un suceso más.

En el caso de Brasil, algunos medios locales también publicaron informaciones, en estos casos con testimonios de la madre y la tía de la víctima, las cuales pedían ayuda para repatriar el cadáver de la joven.

A finales de enero, la atención mediática de la prensa española volvió a repuntar tras la detención del por entonces acusado. Hasta su condena en 2016, los medios no volvieron a hablar del caso, ni siquiera cuando el cuerpo de Patricia fue repatriado a su país de origen. Las desestimaciones de los recursos de apelación y casación ante el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo pasaron totalmente desapercibidas.

El asesinato de Patricia desapareció de los medios de comunicación al tiempo que su memoria física también lo hacía. Diez años después, sin embargo, esas noticias con algunos errores, son el único recuerdo que queda de ella en España.